Nacionales

CDL Noticias Los dos funcionarios ejercieron acciones decisivas que impulsaron o sostuvieron los procesos cuestionados. La crisis eléctrica que azotó al país en 2024 dejó varios contratos millonarios plagados de irregularidades, principalmente aquellos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM). Celec decidió la terminación unilateral de los dos contratos con Progen, para inyectar 150 megavatios, debido a retrasos e incumplimientos contractuales. Mientras que un contrato con la compañía Austral presentan varios inconvenientes: el proyecto está abandonado y 30 de los 48 generadores que ya están instalados no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Se suponía que este proyecto termoeléctrico generaría entre 91 y 150 megavatios por un costo de USD 89,9 millones. Estos proyectos debían estar listos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, pero, por ahora, están abandonados y lejos de entrar en funcionamiento. Y, lo paradójico es que Celec ya desembolsó USD 108 millones por esos dos contratos con Progen y USD 72 millones por el proyecto de Austral. Expertos apuntan a la participación de altos funcionarios en el desarrollo de esos contratos: Roberto Luque (exministro de Energía encargado) e Inés Manzano (actual titular de esa cartera de estado), dos figuras clave del Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, ambos funcionarios han intentado públicamente deslindarse de la responsabilidad directa en la firma y ejecución de estos fallidos acuerdos. Pero existe evidencia que revela que ambos ministros ejercieron acciones decisivas que impulsaron o sostuvieron los procesos cuestionados. Roberto Luque: de visitar la fábrica de Progen a minimizar la contrataciónRoberto Luque, actual Ministro de Infraestructura y Transporte, y quien estuvo temporalmente encargado del Ministerio de Energía y Minas en un periodo de 2024, fue una figura central en la activación de las contrataciones de emergencia. En su reciente entrevista en Teleamazonas el 10 de diciembre de 2025, Luque buscó distanciarse de los escándalos de Progen y ATM, asegurando que él no estuvo involucrado en “ninguna de las dos contrataciones”. Si bien esto podría referirse a la firma final de los contratos, su propio historial en el cargo indica una participación directa en la fase preparatoria: 1. Declaratoria de Emergencia: Bajo su mando se decretó la emergencia del sector eléctrico en 2024, lo que facultó a Celec para impulsar procesos de contratación ágiles. 2. Revisión y Coordinación: Luque admitió en una entrevista anterior que, junto con el exsecretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, y el presidente Noboa, trabajó en la contratación de nueva energía termoeléctrica. 3. Viaje a las instalaciones de Progen: En mayo de 2024, antes de la firma de los contratos, Luque viajó a Estados Unidos con el entonces gerente de Celec, Fabián Calero. El objetivo de este viaje, según Luque, era “contrastar y cotejar que la oferta presentada -por Progen- pueda cumplir en precios y plazos” para evitar problemas futuros. Luque insisteA pesar de su papel activo en la planificación y verificación, Luque ha insistido en que su responsabilidad terminó el 2 de julio de 2024, un mes antes de que el contrato con Progen se firmara el 2 de agosto. Subrayó que el proceso de contratación es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, argumentando que él solo dio “lineamientos generales” para la fase preparatoria. La Contraloría, aunque enfocó sus exámenes especiales en los gerentes de las unidades de negocio de Celec que firmaron los contratos, ha sido acusada por expertos de “olvidar a funcionarios clave del Gobierno de Daniel Noboa” como Luque y Manzano. Inés Manzano, clave para sostener el proceso y gestionar pagos a contratos eléctricosInés Manzano, actual Ministra de Ambiente y Energía, también ha buscado marcar distancia de los problemas contractuales. Ella asumió como ministra encargada el 9 de octubre de 2024 y señala que no está involucrada en los contratos suscritos previamente. Manzano destaca que fue el gobierno el que solicitó a la Contraloría iniciar los exámenes especiales sobre estos contratos. Sin embargo, los hechos demuestran que su gestión se dio en un momento crucial para el desarrollo de los contratos fallidos: • Pagos millonarios en su gestión: Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, ya cuando los proyectos eran cuestionados y presentaban retrasos, Ecuador pagó a Progen USD 104 millones por generadores en Quevedo y Salitral que jamás llegaron a operar. • Sostener el proceso: A su llegada a la cartera de Energía, Manzano trató de sostener el proceso de contratación y renovó la declaratoria de emergencia al sector eléctrico. Manzano ha tomado acciones legales, incluyendo la denuncia por estafa que el ministerio impulsó contra Progen. También ha informado que Celec cobró las garantías a las aseguradoras para los contratos de Salitral y Quevedo. En el caso de ATM, Celec presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada tras el abandono del proyecto en Esmeraldas. Tras conocerse los hallazgos de la Contraloría —que determinaron indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios de alto nivel—, Manzano informó que dos altos funcionarios habían presentado sus renuncias, aunque se limitó a identificarlos como “altos cargos” por el principio de inocencia. En esa lista estarían el exgerente de Celec, Fabián Calero, en cuya gestión se firmaron los polémicos contratos. Mandos medios firmaron polémicos contratos y altos funcionarios en la planificaciónLos exámenes especiales de la Contraloría centraron sus hallazgos en los gerentes de las Unidades de Negocio de Celec (Byron Orozco y Manuel Barberán Cedeño), quienes firmaron los contratos en medio de la emergencia. No obstante, los expertos señalan a la cúpula del Gobierno de Noboa como quienes “habrían ayudado a armar los polémicos contratos”. El exgerente de Celec, Fabián Calero, quien viajó con Luque a visitar las instalaciones de Progen, no firmó los contratos, pero tiene responsabilidad indirecta. Pese a no firmar los contratos, el Código Orgánico Administrativo establece que las decisiones delegadas “se consideran adoptadas por el delegante”, haciendo que Calero sea legalmente responsable de las decisiones de los gerentes delegados. Actualmente, la Fiscalía investiga un presunto peculado en estos proyectos eléctricos. Por ejemplo, allanó

CDL Noticias Un operativo nacional permitió detectar que una funcionaria habría filtrado información a la estructura criminal, que sería responsable del 40 % de los asesinatos en Babahoyo. Una investigación por crimen organizado llegó hasta el interior de la Fiscalía de Babahoyo. Un operativo desplegado desde Quito terminó con allanamientos, detenciones y la vinculación de una funcionaria que, según la Policía Nacional, filtraba información judicial a una célula de la organización criminal Los Lobos. Más de 20 policías y ocho fiscales de la Unidad de Crimen Organizado viajaron desde Quito hasta Babahoyo para allanar la Fiscalía Provincial de Los Ríos. En una oficina de archivo, incautaron un CPU y teléfonos que serían clave en la investigación que vincula a una funcionaria de esa institución con el grupo criminal. De acuerdo con la Policía, la mujer filtraba información judicial clave y asesoraba directamente a los cabecillas de esta red delictiva. En simultáneo, las autoridades allanaron seis viviendas en distintos sectores de Babahoyo y detuvieron a seis personas. El operativo, denominado Jauría, es el resultado de una investigación de ocho meses que, según la Policía, permitió identificar el rol de cada involucrado dentro de una estructura dedicada al sicariato, la extorsión y el manejo de armas y droga. La organización era dirigida por dos hermanos que permanecían detenidos en la Cárcel de Turi (Cuenca), pero que fueron trasladados este viernes 12 de diciembre a la Cárcel del Encuentro. Según explicó William Calle, comandante policial en la Zona 5, «alias Cholo y alias Colada, que son hermanos, son los que ordenaban sicariatos, extorsiones y narcotráfico. Son los causantes de muchas muertes violentas». Ambos fueron capturados tras irrumpir en el destacamento de la ATM de Babahoyo en 2024 y amenazar a los agentes con el cobro de extorsiones mensuales. A pesar de su detención, su actividad delictiva continuó desde prisión. Según cifras policiales, de los 340 asesinatos registrados este año en Babahoyo, al menos el 40 % estaría relacionado con este grupo, que también extorsionaba a locales comerciales y viviendas. Entre los indicios recolectados constan teléfonos celulares, armas de fuego y municiones.

CDL Noticias Un hombre agredió a una mujer, con quien tenía una relación sentimental, después de una clase. Según la universidad, la situación no escaló al no haberse presentado cargos. Una estudiante fue agredida por un compañero dentro de un campus universitario de Samborondón, durante la tarde del miércoles 10 de diciembre. La joven fue atacada por un hombre, con quien mantuvo una relación sentimental, después de tener una discusión tras salir de una clase. La víctima sufrió un corte en su brazo izquierdo con una herramienta multiusos -que él habría tenido para usarla en una materia de su carrera-, de acuerdo a información policial. Videos compartidos en redes sociales muestran que la mujer quedó tirada en el piso y que estaba siendo auxiliada por una amiga, y que el agresor fue aprehendido por la Policía Nacional. La universidad en donde se produjo este suceso, mediante un comunicado enviado a la prensa, expresó que activó los protocolos internos establecidos para la atención de situaciones de violencia entre pares. La casa de estudios explicó que, en cuanto al estado de salud de los estudiantes involucrados, ambos fueron atendidos oportunamente y se encuentran en condiciones estables, acompañados por sus famlliares. Asimismo, apuntaron que no se presentaron cargos entre las partes involucradas, según el parte policial. Con ello, el hombre que fue detenido recuperó su libertad horas después. Trascendió que no se presentó una denuncia después que la familia del estudiante detenido pagara por los gastos médicos de la afectada, cuya herida fue atendida en un hospital. Posterior a la intervención, regresó a su casa.

CDL Noticias La medida estará en vigencia durante 30 días y durante este tiempo la magistrada tampoco percibirá su sueldo. Este viernes 12 de diciembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió en sus funciones a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Quito, María Daniela Ayala, quien es ponente del caso ‘Magnicidio FV’. La medida estará en vigencia por 30 días y durante este tiempo la magistrada tampoco percibirá su sueldo. Según la institución, esta decisión se adoptó debido a que, el 3 de septiembre pasado, en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, la jueza Ayala emitió «comentarios que afectaron a la fiscal del caso, causando un perjuicio a su integridad personal y profesional». «Además, (la jueza Ayala) socavó públicamente la legitimidad técnica con la que llevó adelante la investigación de la Fiscalía General del Estado», argumentó el pleno en su resolución. Ayala recibe segunda suspensiónEsta nueva suspensión se conoció el mismo día en que venció otra sanción de tres meses impuesta a Ayala por su actuación en el proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Esa primera resolución fue tomada el 12 de septiembre tras una denuncia que el entonces Fiscal General del Estado, Wilson Toainga, mediante la cual se rechazan agresiones, comentarios y juicios de valor emitidos por la juzgadora mientras dirigía ese día la audiencia de formulación de cargos. Durante la diligencia en cuestión, Ayala afirmó que la fiscal no tenía capacidad para actuar con objetividad y sugirió que se aparte del caso. También sostuvo que la Fiscalía actuaba como “el brazo ejecutor del Gobierno de turno”. Toainga criticó que dichos señalamientos dieran a entender que el trabajo de la entidad estaba motivado por razones políticas. Mientras que, el Consejo de la Judicatura informó que «la suspensión es una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrollen las investigaciones administrativas» en contra de Ayala. Por otra parte, la audiencia de vinculación en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio fue suspendida a última hora de este viernes 12 de diciembre, cuando se esperaba que el líder del grupo criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, y otros miembros clave de la organización criminal fueran imputados por su presunta participación en el crimen. La magistrada fijó una nueva fecha para la audiencia de vinculación, que se celebrará el próximo 26 de diciembre de 2025, a las 08:30.

CDL Noticias Hasta octubre, Ecuador contabilizaba 7 553 asesinatos, superando los 7 063 que se habían reportado en todo 2024, según cifras oficiales. La ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71% de los habitantes estuvo expuesto a ella, y «es probable que siga aumentando en 2026», según un informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés). El organismo detalla que el Ecuador registrará a finales de 2025 la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, «rompiendo así su propio récord». Hasta octubre, Ecuador contabilizaba 7 553 asesinatos, superando los 7 063 que se habían reportado en todo 2024, de acuerdo a cifras oficiales. El nivel de violencia creció en este 2025 pese a que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios del año pasado un «conflicto armado interno» con el que pretendía intensificar la lucha contra los grupos criminales, que, según ACLED, compiten por el control de economías ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Se señala también que acontecimientos políticos y de seguridad en Colombia y Perú influirán en la evolución de la crisis en Ecuador, así como decisiones del Gobierno de Estados Unidos. ACLED alerta de que, ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, las organizaciones narcotraficantes podrían desviar sus actividades al Pacífico, donde EE.UU. no tiene una presencia militar significativa, «lo que aumenta aún más el flujo de drogas a través de Ecuador».

CDL Noticias Debido a que no se incluirá el Precio de Paridad de Importación, se espera que haya una disminución en el precio de los combustibles. El presidente Daniel Noboa firmó la noche de este jueves 11 de diciembre el decreto N.º. 242 con el cual reforma la fórmula de cálculo para los precios de los combustibles en Ecuador. Con esto, se deja a la expectativa los valores de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el diésel. Se espera que haya una reducción en los precios, en especial en el diésel, pues en el decreto se establece que desde el 12 de diciembre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026 no se incorpore el Precio de Paridad de Importación sin margen de abastecedora (Petroecuador). En octubre 2025, el presidente Noboa ofreció que el precio del diésel sería de USD 2,78 desde el 15 de diciembre y de USD 2,70 desde el 15 de febrero. El anuncio surgió luego del paro nacional convocado por la Conaie precisamente por el incremento en el costo del diésel, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80, precio que se mantiene a la fecha. Mientras que el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís se encuentra en USD 2,84.

CDL Noticias Un niño de cinco años y una niña de seis murieron ahogados este jueves 11 de diciembre tras caer a un reservorio de agua de la comunidad Pull Chico, perteneciente al cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo. Equipos de rescate acudieron al sitio, pero solo pudieron recuperar los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de Riobamba. Este viernes se tiene previsto que realicen las autopsias.La comunidad se mostró consternada por este caso. Los menores eran familiares. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y reiteran el llamado a fortalecer las medidas de seguridad alrededor de reservorios y cuerpos de agua.

CDL Noticias La exasambleísta asegura que advirtió al presidente sobre una presunta estafa en los acuerdos con ATM y Progen, y afirma que fue perseguida por fiscalizar el caso. La exasambleísta Ana Galarza encendió nuevamente las alarmas sobre la gestión pública durante la emergencia energética. Según dijo, ese periodo fue utilizado para “firmar contratos pícaros” que, a su criterio, derivaron en un grave perjuicio para el Estado. Entre ellos señaló el acuerdo suscrito con las empresas ATM y Progen, que calificó como “una estafa al Estado”. Galarza aseguró que advirtió directamente al presidente de la República sobre los riesgos de los contratos que estaban por firmarse. Sin embargo, afirmó que sus alertas fueron ignoradas y que, pese a sus observaciones, los acuerdos se concretaron. “No solo se firmaron. El Gobierno decidió emprender una persecución en mi contra por fiscalizar”, declaró. Sobre las presuntas irregularidades, la exlegisladora afirmó que el perjuicio estatal ascendería a USD 140 millones. Además, cuestionó que la firma de los documentos se haya realizado, según sostiene, a través de funcionarios que no tenían la competencia legal para hacerlo. “Probablemente sabían que era una estafa, tanto así que hicieron firmar los contratos a alguien que no tenía competencia”, señaló. Galarza también recordó que su labor de fiscalización no se limitó al sector energético. Reveló que investigó la compra de insulina en el IESS, durante la presidencia de Eduardo Peña, donde cada dosis habría sido adquirida a USD 20. Según dijo, ese precio levantó sospechas sobre un posible sobrecosto que debía ser revisado. Las declaraciones de la exasambleísta reabren el debate sobre la transparencia en contratos firmados durante estados de excepción y emergencias, escenarios donde la agilidad en la contratación suele convivir con mayores riesgos de irregularidades. Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento sobre los señalamientos.

CDL Noticias Un auto que ocasionó un siniestro de tránsito el 9 de diciembre en Otavalo, Imbabura, ocultaba paquetes de marihuana. Las autoridades notaron que dicho auto tenía un compartimiento oculto. Al revisar, encontraron 35 paquetes que dieron positivo para marihuana. El conductor responde a los nombres de Sergio V. y registra antecedentes penales. Puede ser procesado por presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. La Policía Nacional calcula que toda la droga está valorada en cerca de USD 12 000.

CDL Noticias La confrontación entre ADN y RC escaló tras las acusaciones de Juan Andrés González (RC), quien vinculó al gobierno de Noboa con un supuesto “autoatentado” ocurrido en Guayaquil. ADN respondió con acciones administrativas y judiciales contra González. El clima político en la Asamblea Nacional se mantiene tenso en la recta final del año. Las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) sostienen un conflicto cada vez más directo y que parece no acabar. La disputa escaló este 10 de diciembre de 2025 luego de que el jefe de la bancada de la RC, Juan Andrés González, acusó al Gobierno de Daniel Noboa de estar detrás de la explosión registrada en junio de 2025 en la Bahía de Guayaquil. Según González, ese hecho se trató de un “autoatentado”. Ahí señaló contradicciones en las versiones oficiales sobre el vehículo Porsche Cayenne que llegó a la vivienda de Iván Ballesteros, sospechoso del atentado. Ese auto pertenece a Industrial Molinera, parte del grupo Noboa. Juan Andrés González denuncia amenazasTras difundir los hechos, González afirmó en redes sociales que es víctima de una “persecución”. Señaló que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa por cualquier riesgo contra él, su familia y su equipo de trabajo. Atentos ecuatorianos, si algo le sucede, a mi familia, equipo de trabajo, amigos cercanos, compañeros, o a mí, responsabilizó al gobierno. El conflicto se profundizó porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por el oficialista Ferdinan Álvarez, decidió no avanzar con el juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martín. La sesión se desarrolló este 10 de diciembre de 2025 y estuvo marcada por la posición de la mayoría gobiernista, que optó por abstenerse en la votación que definía la calificación del trámite. Los cinco miembros de ADN y sus aliados, incluido el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, se abstuvieron sin exponer motivos. Con esta decisión, Martin se sumó a la lista de funcionarios del gobierno de Daniel Noboa que no enfrentan un juicio político. Las solicitudes contra la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, tampoco avanzaron en esta mesa legislativa. Reacción de ADN: sanción en el CAL y acciones penales Ahora, la acusación de González generó rechazo inmediato en el oficialismo. ADN respondió este 11 de diciembre con una ofensiva política, administrativa y judicial en contra del legislador de RC. La bancada oficialista busca sanción en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y acciones penales por las acusaciones de “autoatentado” En ese sentido, la jefa encargada de ADN, Mishel Mancheno, calificó las declaraciones de González como calumnias e informó que presentará una queja ante el CAL, organismo controlado por el oficialismo y sus aliados. Su objetivo es que el legislador de la RC sea suspendido entre nueve y treinta días por una infracción considerada grave. Anunciaron que varios asambleístas de ADN también acudirán a la justicia. Afirman sentirse aludidos en la acusación de “terrorismo” mencionada por González y prevén interponer querellas por esa causa. A esta ofensiva se sumó una denuncia presentada ante la Fiscalía por la divulgación de información reservada de una paciente, hecho que, según el Código Penal, puede acarrear de uno a tres años de prisión. Nueva denuncia: excolaborador acusa a González La confrontación se amplió con la difusión de un nuevo señalamiento. La asambleísta oficialista Ana Belén Tapia reveló que recibió, en su correo institucional, una denuncia atribuida a un excolaborador de González. Pronunciamiento de la asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, este 11 de diciembre de 2025 en la Asamblea Nacional. En ese testimonio se asegura que el legislador le exigió cubrir gastos personales, como pasajes aéreos hacia Loja y el cambio de aceite de un vehículo, valores que sumarían, según ADN, USD 2.000. Tapia afirmó que, cuando ese funcionario pidió el reembolso, supuestamente fue obligado a renunciar. Este caso, informó Tapia, será remitido al Comité de Ética, también dominado por legisladores gobiernistas. Respuesta de la Bancada de RC a las denuncias de ADN La bancada de la RC expresó su apoyo al asambleísta González, después de ADN anunciara acciones administrativas y judiciales en su contra por la divulgación de un historial médico y por sus declaraciones sobre el caso Porsche. RC afirmó que González actuó dentro de sus atribuciones de fiscalización y que las denuncias del oficialismo buscan sancionar a quienes cuestionan la gestión del Gobierno. El legislador también se pronunció y aseguró que las acciones de ADN constituyen una “persecución política”. Señaló que el Gobierno intenta desviar la atención de los problemas nacionales y de los señalamientos sobre presuntas irregularidades. González sostuvo que mantendrá su labor de fiscalización y defendió su actuación en el proceso relacionado con el caso Porsche. “Pongan la misma energía, la misma furia y la misma disciplina con la que se organizan para perseguirme… pero esta vez úsenla para servir al Ecuador, no para encubrir su corrupción. Tengo las manos limpias, por eso no temo”. Un contrato con HealthBird que agranda aún más las diferencias entre ADN y RCEl polémico contrato CNT-HealthBird, que mantiene otra ‘herida abierta’ en la Asamblea, abrió un frente de fiscalización en el Parlamento y motivó un examen especial de la Contraloría. Mientras la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) impulsa pedidos de información, legisladores del oficialismo insisten en que no existe un contrato y evitan pronunciarse sobre el tema. HealthBird presuntamente mantuvo un contrato con CNT y figura como responsable del nuevo sistema de gestión hospitalaria del IESS, un proyecto valorado en USD 37,7 millones. Ese sistema buscaba resolver problemas históricos del Seguro Social: demoras en citas, escasez de medicinas y fallas administrativas. La startup estadounidense anunció su salida del país el 8 de diciembre. Atribuyó su retiro a “ataques mediáticos” y a supuestos “intereses oscuros”.