Nacionales

CDL Noticias Las autoridades deben respetar y garantizar la labor de los jueces constitucionales, señalaron.Las declaraciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y la intención del presidente Daniel Noboa de llamar a una consulta popular, son de preocupación para organismos internacionales como Human Right Watch y la Organización de Naciones Unidas. Ambas organizaciones recordaron que la Corte Constitucional es un órgano independiente que no puede someterse al Ejecutivo o Legislativo, esto a propósito de la resolución de los jueces de acoger las demandas de inconstitucionalidad sobre las leyes de Integridad Pública, de Seguridad y la de Solidaridad Nacional, además de la suspensión de algunos de sus artículos. ONU Margaret Lockwood Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, calificó de preocupante la declaración de la ministra de Gobierno de Daniel Noboa, quien aduce que la resolución de la CC socava la democracia y empodera a los grupos criminales y que a ello se sume una propuesta de referéndum para llevar a juicio político a los jueces. “La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia”, agregó en su cuenta de X. Lockwood Satterthwaite destacó que las decisiones judiciales pueden debatirse por vías legales, pero las amenazas a los jueces son inaceptables. “La democracia no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente”, acotó. La titular del organismo internacional advirtió que, según el derecho internacional, los magistrados deben estar libres de presiones políticas o represalias. “La autoridad de los jueces proviene de su papel como garantes del orden constitucional, incluida la protección frente a abusos por parte de las mayorías. La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia”, puntualizó. Human Right Watch La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, retuiteó el mensaje del Gobierno de Noboa a la Corte Constitucional y mostró su enfático rechazo a los ataques que están recibiendo los jueces. “La Corte es clave para proteger el Estado de derecho y debe poder actuar con independencia y sin presiones. Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, aseveró en su cuenta de X

CDL Noticias El cadáver fue hallado con ropa intacta en un glaciar en Kuhistán, Pakistán. Su estado de conservación evidencia el impacto del calentamiento global en zonas montañosas. El cuerpo de un hombre que desapareció hace 28 años fue localizado en un glaciar en proceso de deshielo en Kuhistán, una zona remota y montañosa del este de Pakistán. El hallazgo fue realizado por un pastor que recorría el Valle de la Dama, según informaron medios internacionales. Un cuerpo congelado por casi tres décadasEl cadáver fue encontrado con su ropa intacta, un hecho que llamó la atención de los rescatistas y las autoridades. Junto al cuerpo se hallaron documentos de identidad con el nombre de Naseeruddin, lo que permitió a la Policía local identificarlo como un hombre que desapareció en 1997, tras caer en una grieta de un glaciar durante una tormenta de nieve mientras viajaba junto a su hermano. De acuerdo con el relato policial, ambos hombres dejaron su hogar tras una disputa familiar. Durante el trayecto a caballo, Naseeruddin ingresó a una cueva y no volvió a salir. Su hermano, al notar la ausencia, intentó buscarlo sin éxito y pidió ayuda en la zona, pero las condiciones climáticas impidieron su rescate. Cambio climático y deshielo La BBC informó que las nevadas en la región se han reducido notablemente en los últimos años, lo que ha expuesto grandes masas de hielo a la luz solar y ha acelerado el deshielo de los glaciares. El hallazgo del cuerpo se considera una consecuencia directa de estos cambios ambientales. Según expertos consultados por el medio británico, cuando un cuerpo humano cae en un glaciar, el frío extremo lo congela rápidamente. La falta de oxígeno y la humedad pueden contribuir a una momificación natural, lo que explica el buen estado de conservación. El pastor que descubrió el cuerpo relató que el cadáver estaba tan bien conservado que incluso “la ropa no se había descompuesto”. Una familia que al fin tiene respuestasNaseeruddin dejó una esposa y dos hijos. Tras casi tres décadas de incertidumbre, su familia finalmente obtuvo una respuesta sobre su paradero. Las autoridades paquistanías informaron que los restos serán entregados a sus familiares para su sepultura. Este hallazgo se suma a una serie de descubrimientos recientes en zonas glaciares del mundo, donde el cambio climático está revelando cuerpos, objetos y estructuras que han permanecido ocultos por décadas.

CDL Noticias Ocho personas están procesadas por presunta delincuencia organizada en el caso ‘Depuración Azul’. Cinco son policías en servicio activo. Municiones donadas por Estados Unidos a Ecuador terminaron en manos de una organización delictiva. Así lo reveló la Fiscalía durante la investigación a miembros de la Policía Nacional dentro del denominado caso ‘Depuración Azul’. En esta causa judicial, ocho personas están procesadas por el delito de delincuencia organizada, entre ellas hay cinco policías en servicio activo, uno en servicio pasivo y dos civiles. El 4 de julio el 2025, la Fiscalía formuló cargos contra las ocho personas. A siete de ellas les dictaron prisión preventiva y apelaron esa decisión. Según Primicias, en la audiencia de apelación de la prisión preventiva, que se realizó el 30 de julio del 2025, la fiscal Ruth Amoroso reveló que las municiones que se incautaron durante operativos contra esta estructura delictiva habían sido donadas a la Policía por el Gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo operaba la red para vender armas y municiones? La investigación previa del caso ‘Depuración Azul’ inició el 13 de enero de 2025. En ese período se hicieron seguimientos y vigilancias, interceptaciones telefónicas y de relacionamiento telefónico. Todas las diligencias fueron autorizadas por un juez. Durante las pesquisas, se descubrió que el cabo Francisco P., encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional, había «sustraído municiones para fusiles calibre 5.56 milímetros y proyectiles 9 milímetros para pistolas», indicó la Fiscalía. Los agentes policiales actuaban como nexo para trasladar la munición hasta las bandas criminales a través de un taxista, también procesado, y enviaban el material a través de empresas de transporte interprovincial de Guayas.

CDL Noticias El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a la solicitud de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, impulsada por la bancada Revolución Ciudadana (RC). Los legisladores Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna entregaron el pedido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, el pasado 29 de julio. Se fundamentaron las presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre CELEC EP y las empresas Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC para proyectos de generación eléctrica. Según los legisladores correístas, Manzano debía responder políticamente por su presunta responsabilidad en el caso Progen, que habría generado millonarios perjuicios al Estado. Sin embargo, durante la sesión del CAL del 5 de agosto, no se alcanzaron los votos necesarios para calificar la solicitud, por lo que el pedido de juicio político no será remitido a la Comisión de Fiscalización. «¡El CAL no está por encima de la ley!»El legislador Lenín Barreto rechazó la decisión del Consejo de Administración Legislativa de no calificar la solicitud de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Según Barreto, la petición cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que el CAL no tenía competencias para bloquear el proceso. “El CAL no está por encima de la ley ni del pueblo ecuatoriano”, afirmó Barreto, quien acusó al organismo de frenar un proceso legítimo de fiscalización. Aseguró que la solicitud fue presentada con todos los informes, documentos y fundamentos jurídicos requeridos por la normativa. Barreto insistió en que la ministra Manzano debe responder políticamente por su gestión, señalando que bajo su administración se habrían pagado más de 110 millones de dólares a las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), sin planificación previa ni transparencia, en el marco del denominado “caso Progen”. Según el legislador, estos contratos presentan “graves irregularidades”, como lo confirmarían informes de la Contraloría General del Estado. El asambleísta cuestionó si el CAL protege a la ministra o a los “intereses oscuros” detrás de los contratos, y no al pueblo ecuatoriano. Además, criticó que la Asamblea se convierta en “cómplice de la corrupción energética”. Finalmente, Barreto anunció que volverá a presentar el juicio político, esta vez —según dijo— con más fuerza, nuevas pruebas y el respaldo ciudadano. “El juicio político es un instrumento para decirle la verdad a los ecuatorianos, no un capricho de la bancada de gobierno”, concluyó.

CDL Noticias Imagen referencial de Blacio y Barberán.Kenny Barberán fue asistente de la legisladora de El Oro, Diana Blacio, mientras se adjudicaba un contrato con el municipio de Pasaje por USD 53.200. Kenny Alberto Barberán Arellano trabajó en la Asamblea Nacional mientras era contratista con el Estado, pese a que esto es ilegal. Así lo confirman las páginas de transparencia de las instituciones públicas. Kenny Barberán laboró como asistente de la asambleísta de El Oro y de la bancada de ADN, Diana Blacio Carrión. Según datos de la Contraloría, Barberán estuvo en el legislativo del 14 de mayo de 2025 hasta este martes 5 de agosto. Sin embargo, en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se muestra que, el 13 de junio de 2025, Barberán suscribió contrato con el Municipio de Pasaje, en la provincia de El Oro, para el desarrollo de la estrategia comunicacional y campañas publicitarias e informativas del GAD, por un monto de USD 53.200. Este hecho es ilegal. La Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) en su artículo 24, numeral J, señala que los servidores públicos tienen prohibido suscribir convenios o contratos con el Estado. “U obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho”, señala la norma. Además, la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública (Losncp) señala en su artículo 62, numeral 3, las prohibiciones de los trabajadores públicos. “No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada”. En la última declaración patrimonial de Barberán, fechada en agosto de 2025, señala que tiene un patrimonio de USD 91.710. Además, se indica que trabajó, en 2019 y 2017, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala, en la provincia de El Oro. Tras conocerse sobre su caso, la asambleísta de El Oro, Diana Blacio, indicó que no conocía sobre los contratos de Barberán, por lo que decidió despedirle. “He tomado la decisión de desvincular a dicha persona de mi equipo”, indicó este 5 de agosto de 2025

CDL Noticias El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a su propuesta de juicio político a jueces constitucionales durante un evento en Daule. «No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, nos tiren abajo las leyes». Con estas palabras, el presidente Daniel Noboa cuestionó a la Corte Constitucional y anunció una marcha pacífica. Durante el evento realizado en Daule, provincia de Guayas, el Primer Mandatario se refirió a la decisión de los jueces constitucionales para suspender la aplicación de artículos de Integridad, Inteligencia y Solidaridad. «Es importante enteder que estamos viviendo un momento en el que podemos cambiar este país», señaló Noboa, para pedir apoyo en la consulta popular y referéndum, previsto para diciembre del 2025. El Presidente de Ecuador recalcó que el poder lo tiene el pueblo y, por eso, convocó a una movilización pacífica la próxima semana. «Con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica vamos a protestar este martes 12 de agosto, porque no podemos permitir que nos tiren abajo las leyes que les pueden dar seguridadm dar paz a sus familias y dejar trabajar» Daniel Noboa, presidente de EcuadorNoboa aifrmó que él participará en la marcha junto a la gente con el objetivo de «hacer sentir el verdadero poder del pueblo». El 4 de agosto del 2025, la Corte Constitucional del Ecuador admitió las demandas contra las tres leyes urgentes impulsadas por Noboa y suspendió provisional de artículos y disposiciones transitorias en las normativas. Al día siguiente, el 5 de agosto, Noboa anunció las siete preguntas que planteará en la consulta popular y referéndum, entre las que incluyó un tema polémico relacionado a los jueces constitucionales. En la pregunta 6 se consultará si está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político. Para ello se plantea reformar la Constitución. Ante los cuestionamientos y críticas, la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, aseguró que ‘no es retaliación’, sino que se trata de una «necesidad» para establecer mecanismos de control político sobre este organismo que, a su juicio, “está por encima de todo”

CDL Noticias La sangre de su propia sangre 🩸, montó todo un supuesto secuestro para angustiar a su madre, con supuestas llamadas amenazantes. “Vamos a cortar sus dedos si no pagas el rescate”, era una de las tantas llamadas que recibía la angustiada mujer que estaba a punto de pagar el rescate para que liberaran a su hija. Todo se había montado a la perfección para que entregara USD 27.000 a cambio de la libertad de la joven. Lo que no sabían es que la mujer puso la denuncia a la @PoliciaEcuador y que los agentes de la UNASE estaban tras de determinar la localización. Lo que encontraron fue a su hija, acompañada de su amante, quien realizaba las llamadas. Todo el montaje se desarrolló desde un hotel de Guayaquil. Ha sido detenida y tendrá que pagar el precio del engaño.

CDL Noticias Marcela Holguín y Emilia Reece HolguínLa exasambleísta de la Revolución Ciudadana en cambio ejerce como gerenta general de la Empresa Pública de Comunicación, desde el pasado 20 de mayo de 2025. Emilia María Reece Holguín es la nueva delegada del Ejecutivo ante el Directorio de Ferrocarriles del Ecuador, así lo establece del decreto 72, firmado por el presidente Daniel Noboa el 5 de agosto de 2025. Reece Holguín es cercana a Noboa, incluso desde la época en que su madre, Marcela Holguín, ejercía como asambleísta de la Revolución Ciudadana. A inicios de 2024, luego de la muerte cruzada y la elección del ahora mandatario en un gobierno de transición, Marcela Holguín tomó su distancia del bloque con el que ganó una curul, pues no se la veía en ruedas de prensa, ni cercana ninguno de los entonces legisladores de la RC. Para ese momento, varios periodistas y medios digitales advirtieron que su hija trabajaba para Noboa, lo cual hacía que Marcela Holguín tome una posición lejana. De hecho, Holguín presentó su renuncia irrevocable al cargo de asambleísta el 27 de febrero de 2025, luego de las elecciones generales de primera vuelta, que se llevaron a cabo el 9 de febrero. Finalmente, el 20 de mayo de este mismo año, la también periodista fue nombrada gerenta general de la Empresa Pública de Comunicación. Hija de Marcela HolguínEl 17 de enero de 2024, el movimiento político de Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), nombró a Emilia Reece Holguín como su directora provincial de Pichincha. Reece Holguín es abogada de profesión y también ejerció como intendenta de Pichincha. Hoy estará al frente del proceso de liquidación de la empresa Ferrocarriles.

CDL Noticias El policía herido era uno de los dueños del patio de venta de carros. Su hermano está implicado en el caso Metástasis. Dos criminales dispararon 36 veces contra un patio de venta de carros ubicado en la intersección de las avenidas av. José Santiago Castillo y av. Víctor Hugo Sicouret, norte de Guayaquil. Tres personas fueron heridas, entre los que se encuentran un mayor de la Policía, quien es uno de los dueños del negocio. De acuerdo al parte policial, el ataque ocurrió a las 16:30 del lunes 4 de agosto. Los delincuentes usaron fusiles calibre 5.56 y no les importó que el local este ubicado junto a la Estación Municipal de Acción Segura (EAS) de la ciudadela Kennedy Norte. El documento detalla que el oficial trató de repeler el ataque con una pistola de uso particular, sin embargo sufrió dos heridas en la cabeza. Además del uniformado, que fue trasladado a un hospital en condición grave, otras dos personas resultaron heridas, una en el rostro y la otra en una pierna. El personal de la Dinased que acudió a verificar lo ocurrido decomisó como evidencia una pistola Glock, 35 restos de bala calibre 5.56 y 9 milimetros, un portátil y el disco duro con las grabaciones de las camaras de vigilancia del local. La Policia no se pronunció en este caso porque un familiar de uno de los heridos consta entre los procesados en el caso Metástasis, presuntamente por blanquear dinero por medio de un patio de venta de vehiculos de alta gama.

CDL Noticias El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) despidió a Erika Macías Cuenca, cuñada del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros y extraditado hace unas semanas a Estados Unidos, quien trabajaba desde 2023 en un hospital de la ciudad de Manta, según confirmó la institución. Macías era la coordinadora de Talento Humano en el Hospital General de Manta, en la provincia de Manabí, donde la organización criminal tiene gran poder, y fue despedida de su cargo junto al gerente, Danilo Calderón. La mujer, que también ha trabajado en otras instituciones públicas de Manta y en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, según consta en los registros de Contraloría, tenía un contrato de libre nombramiento en el hospital, por lo que fue removida de su cargo por medio de un memorando. Desde el IESS indicaron a EFE que se estaban «llevando a cabo investigaciones frente a las desvinculaciones que tienen denuncias por actos de corrupción» y que, cuando estén listos los resultados, se harán públicos. Más familiares y allegados de “Fito” El caso de Macías Cuenca se suma al del hermano del narcotraficante, Yandry Macías Villamar, quien fue detenido a inicios de junio con otros familiares por ser presuntos miembros de una red de lavado de activos del líder criminal, y quien desde 2015 trabajaba como especialista en tecnología en la Empresa de Movilidad de Manta. El ministro del Interior, John Reimberg, ha asegurado que pese a tener ese cargo, Yandry Macías realmente «dirigía» la institución municipal, con el objetivo de controlar el cobro de multas de tránsito o tener vía libre para que miembros de la organización se puedan mover por la ciudad con drogas o armas sin ser revisados. En esa institución también trabajaba Cristian Mendoza, parte del anillo de seguridad de Fito y quien fue una de las pistas que llevó a las fuerzas de seguridad a encontrar y recapturar al líder de Los Choneros el pasado 25 de junio en el interior de un búnker subterráneo que estaba debajo de una vivienda de la localidad de Montecristi, en Manabí. Fito había permanecido en un paradero desconocido desde se fugase desde finales de 2023 de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una pena de 34 años de cárcel impuesta en 2011 por varios delitos como narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Su huida de la cárcel fue el detonante de una serie de atentados en las calles y motines carcelarios que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un «conflicto armado interno» para luchar contra una escalada de violencia criminal sin precedentes en el país, que se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. Veinticinco días después de su recaptura, Fito fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró «no culpable» en una primera audiencia ante la Justicia de ese país, que lo acusa de siete delitos, entre los que están conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU. Ahora permanece recluido en la Cárcel Federal de Brooklyn, a la espera de una segunda audiencia que se realizará ante el juez que presidirá su caso y que está prevista para el 19 de septiembre.