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CDL Noticias La falta de información sobre los derechos del consumidor permite que algunos comercios sigan cobrando de más por pagos con tarjeta, según expertos. En los últimos días, surgió una creciente preocupación entre los ciudadanos respecto a los recargos que algunos establecimientos están aplicando a los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito. Esta práctica genera diversas quejas, y muchos se preguntan si es legal o no. Para resolver estas dudas, hemos conversado con expertos en la materia. ILEGALIDAD DEL RECARGO De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el artículo 50 establece que el precio de un producto o servicio debe ser el mismo sin importar si se paga al contado o con tarjeta de crédito. Esto implica que no puede haber una diferencia en el precio final entre ambos métodos de pago, salvo que el establecimiento indique expresamente una diferencia en el precio en el local comercial. En otras palabras, el cobro de un recargo adicional por pagar con tarjeta es ilegal, a menos que esté debidamente informado al consumidor. El Ingeniero Carrillo Ayala, experto en asesoría empresarial, señala que este tipo de prácticas son una clara violación a los derechos de los consumidores. “El establecimiento comercial no puede trasladar el costo de la comisión que el banco cobra por el uso de la tarjeta al consumidor final. Este cobro debe ser asumido por el comercio, no por el cliente,” explica. COMISIONES BANCARIAS La Superintendencia de Bancos, encargada de regular las instituciones financieras, establece que las comisiones máximas que los bancos pueden cobrar a los comercios son del 4.02% más IVA por el uso de tarjetas de crédito y 2% por el uso de tarjetas de débito. Este cobro está destinado a cubrir los costos operativos del sistema bancario, pero no debe ser trasladado al cliente. Carrillo también destaca que, según las estadísticas más recientes de la Superintendencia de Bancos, el uso de tarjetas de crédito y débito ha incrementado significativamente. En 2023, las transacciones con tarjetas de débito y crédito alcanzaron los 398.69 millones de dólares, y para 2024 se espera que esta cifra ascienda a 464 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17%. Este aumento en las transacciones digitales hace más relevante que nunca la necesidad de regular estas prácticas, ya que el 86% de las transacciones con tarjeta en el país están concentradas en las tarjetas Visa y Mastercard. “Este nivel de transacciones evidencia que las comisiones bancarias tienen un impacto significativo en la economía de los negocios, pero esto no justifica que el consumidor final asuma este costo,” agrega el ingeniero. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CONSUMIDORES? Si un consumidor se ve afectado por un cobro adicional por el uso de tarjeta, la ley le otorga dos opciones para defender sus derechos. En primer lugar, puede presentar una queja ante la Superintendencia de Bancos, que tiene la facultad de intervenir y sancionar a las instituciones bancarias o a los comercios que no cumplan con la normativa. Otra opción es presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que puede investigar la situación y tomar las medidas correspondientes. Carrillo destaca que los consumidores deben estar informados de sus derechos para poder actuar en consecuencia y no ser víctimas de prácticas comerciales abusivas. “Si un cliente paga con tarjeta y le cobran un recargo, lo primero que debe hacer es exigir la devolución del monto adicional y presentar su queja ante las autoridades competentes,” aconseja. Por otro lado, el abogado Borys Carrión, intendente de Policía de El Oro, también se pronunció sobre el tema. Carrión explicó que aunque no han recibido quejas formales sobre el cobro de recargos en su jurisdicción, están dispuestos a intervenir en caso de que surjan denuncias. “Si recibimos una queja formal, citamos a las partes involucradas, verificamos los documentos pertinentes y, si encontramos una violación, remitimos el caso a la Defensoría del Pueblo,” afirmó. El intendente también reconoció que el desconocimiento por parte de los consumidores sobre sus derechos podría ser un factor que contribuye a la permanencia de estas prácticas ilegales. “La falta de información es un problema que debe ser abordado, por lo que las campañas educativas y la difusión de los derechos del consumidor son cruciales,” agregó. LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN El ingeniero Carrillo concluye que es esencial que tanto los consumidores como los establecimientos comerciales comprendan la normativa que regula las transacciones con tarjetas. “La información es clave. Los negocios deben respetar la ley, y los consumidores deben estar empoderados para defender sus derechos,” subraya. Criterios Elías Carrillo Ayala: “La ley es clara: el precio debe ser el mismo si se paga con tarjeta de crédito o al contado. No puede haber recargos adicionales sin estar explícitamente indicados en el local. El comercio debe asumir la comisión bancaria, no el consumidor”. Borys Carrión: “El cobro de un recargo por el uso de tarjetas de crédito no es una práctica legal. Si los consumidores presentan quejas, investigamos el caso y lo derivamos a la Defensoría del Pueblo. La falta de información sobre estos derechos es un gran problema”.

CDL Noticias Los agentes pedían USD 2 000 a la víctima. En lo que va de 2025, la Sección de Investigación de la Conducta Policial indaga a 24 uniformados por varios delitos. Un subteniente y un cabo primero de la Policía Nacional están inmersos en una investigación por extorsión en Guayaquil. Ellos fueron detenidos la madrugada del 14 de mayo de 2025. Los uniformados de 27 y 37 años pertenecen a la Dirección General de Inteligencia (DGI) y andaban en una camioneta de alta gama. Según consta en la denuncia, ingresaron a una vivienda ubicada en el sector de Portete, en el suroeste. Allí, con policías motorizados, fingieron un operativo y se llevaron retenido a un hombre. Según consta en la denuncia puesta en la Fiscalía del Guayas, lo acusaron de supuestamente ser miembro del grupo criminal Freddy Kruger y encabezar la venta de droga. Luego le pusieron un pasamontaña, lo esposaron y lo subieron en una camioneta. Los dos policías señalados lo tuvieron dando vueltas y supuestamente le exigieron USD 2 000 para dejarlo libre. El hombre se contactó con su hermano para poder conseguir el dinero. Acordaron la entrega de USD 1 000 y dos relojes valorados en más de USD 100 cada uno, en una gasolinera ubicada a pocos metros de la Policía Judicial. El familiar contactó a las autoridades y los agentes de la Sección de Investigación de la Conducta Policial interceptaron a una persona que era la encargada de cobrar el dinero. Revisaron el teléfono e identificaron a los dos miembros de la DGI implicados y los capturaron. Revisaron el vehículo en el que andaban y encontraron varios billetes de USD 20. Además de celulares, chalecos antibalas, pasamontañas, barras metálicas, entre otros objetos. Los uniformados detenidos fueron trasladados hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. Un juez les formuló cargos por extorsión y dispuso arresto domiciliario, grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Un policía que manejó el caso, contó que el subteniente implicado tiene apenas tres años dentro de la Policía. Más policías investigados por extorsión y otros delitos en Guayaquil Los dos agentes de la Dirección de Inteligencia fueron detenidos dos semanas después de que otros uniformados sean procesados por extorsión. Con estos casos, suman 24 policías investigados en Guayaquil, Durán y Samborondón en lo que va de 2025. El 25 de abril, cinco miembros de la Policía Judicial fueron capturados. Ellos pedían USD 4 000 a un conductor para devolverle el vehículo retenido, que supuestamente presentaba anomalías. El mismo afectado hizo un video que difundió en redes sociales con la novedad. Ecuavisa.com conoció que de los cinco agentes sospechosos, solo dos quedaron con prisión preventiva. También que la víctima, se retractó de lo sucedido días después, cuando fue a rendir una versión hasta la Fiscalía. Otros de los casos de extorsión que involucran a policías ocurrió el 22 de abril también en Guayaquil. Seis uniformados fueron detenidos por exigirle USD 14 000 a un hombre que quería comprar un vehículo. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), víctima circulaba en un carro prestado cuando fue interceptado por dos agentes en motocicletas. Poco después, se sumó un patrullero con más uniformados. El denunciante relató que fue obligado a descender del vehículo, el cual fue inspeccionado por los policías. Durante la revisión, los agentes notaron que el hombre llevaba una funda con el dinero en efectivo. Según su versión, dos de los uniformados se subieron al vehículo del ciudadano y le exigieron que siguiera al patrullero. El recorrido habría durado cerca de 40 minutos y terminó en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en La Garzota. Allí, los policías le ordenaron bajarse y, en tono amenazante, le dijeron que se quedarían con el dinero. También le advirtieron que, si se oponía, lo vincularían con armas o drogas para incriminarlo. En este caso, no se pudo recuperar el dinero completo de la víctima. Además se conoció que tras la audiencia de formulación de cargos, solo tres de los seis uniformados quedaron con prisión preventiva. Por eso, los integrantes de la Sección de Investigación de la Conducta Policial hacen un llamado a las autoridades judiciales. Piden que haya apoyo en estos casos para que los implicados queden con medidas privativas. El pasado 3 de mayo, el entonces recién posesionado comandante general de Policía, Pablo Dávila, se pronunció sobre la depuración policial. Señaló que su gestión iba a estar marcada por un proceso de depuración interna, transparencia y reivindicación del rol policial. Dávila aseguró que trabajará para fortalecer la operatividad de la institución, garantizar condiciones dignas para los policías y, sobre todo, mirar hacia adentro. “No permitiremos que la corrupción manche el uniforme. Esta será una etapa de depuración y transparencia”, dijo. Otros casos delictivos que involucra a policíasEn 2024, 10 policías fueron detenidos por supuestos vínculos con la red narco de alias Gato Farfán. Ellos supuestamente recibían altas sumas de dinero a cambio de información sobre casos de narcotráfico y se estaba o no indagando sobre Wilder Sánchez Farfán. Cuando ocurrió la detención, un juez dictó prisión preventiva contra dos de los uniformados. En este caso, se detectó un grupo de personas que operaba dentro de la Policía, en las unidades élites, para comprar y evaluar información sobre los casos de incautación de droga. Los implicados presuntamente se encargaban de coordinar y financiar el reclutamiento de miembros activos de la Policía. Se ofrecían entre USD 6 000 y U7SD 30 000 por información de investigaciones en curso. Incluso, la suma podía ser más. Uno de los principales miembros de esta estructura criminal fue identificado como Marlon P. A., quien era de la ULCO. Él -según el expediente- habría tomado fotografía a dos vehículos en el que iban agentes policiales hacia Machala para supuestamente atentar contra ellos. Aunque no se precisa año, se detalla que Marlon P. se fue del país hacia Chile y posteriormente se trasladó ilegalmente con su familia a Estados Unidos.

CDL Noticias Equipos técnicos ya se encuentran desplegados para atender la emergencia eléctrica en más de una docena de sectores afectados. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó sobre una interrupción del servicio eléctrico que afecta a diversos sectores de la provincia. Entre las zonas impactadas están Hambelit, Cruce de Palmar, Centro Educativo de Palmar, Pueblo Nuevo, Valdivia, Sinchal, Barcelona, Carrizal, Loma Alta, La Unión, La Ponga, El Suspiro, Libertador Bolívar y Sitio Nuevo. La entidad indicó que equipos técnicos ya se encuentran en el sitio trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. CNEL EP no detalló las causas de la interrupción, pero aseguró que se mantendrá informando sobre el avance de los trabajos a través de sus canales oficiales.

CDL Noticias El fallo fue emitido el 16 de mayo de 2025 y se basa en el análisis de todas las diligencias practicadas por la Fiscalía. La investigación previa del caso ‘Flopec’ por presunto peculado y delincuencia organizada en contra del expresidente Guillermo Lasso fue archivada. Así lo resolvió la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien acogió el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y ordenó el cierre del caso. El fallo fue emitido el 16 de mayo de 2025 y se basa en el análisis de todas las diligencias practicadas por la Fiscalía. Salazar concluyó que no existen elementos que permitan presumir la comisión de un delito por parte de Lasso. En su resolución, la jueza Camacho determinó que las actuaciones del exmandatario se enmarcaron dentro de sus competencias legales y que no se evidencian elementos de convicción que permitan sostener que, en ejercicio de sus funciones, se haya apropiado, distraído o dispuesto de recursos públicos en beneficio propio o de terceros, ni que haya generado un perjuicio al Estado. Con ello, se declaró el archivo de la denuncia presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño en contra de Lasso, del ex presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque, del empresario Danilo Carrera —cuñado del exmandatario— y otros investigados. La denuncia surgió en 2023 a raíz de supuestas irregularidades en los contratos de fletes de combustibles de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), firmados entre 2018 y 2020. La acusación sostenía que Lasso, ya en funciones como presidente desde mayo de 2021, no tomó acciones para dar por terminado un contrato que, según legisladores de oposición, generaba pérdidas al Estado. Tras conocer el fallo, Guillermo Lasso se pronunció a través de redes sociales. «Hoy se cumplen dos años de este discurso. Los que me acusaron sin pruebas buscaban poder, no justicia. El tiempo pone las cosas en su lugar», escribió. También recordó su intervención en la Asamblea Nacional durante el juicio político que enfrentó en 2023: En ese entonces, el expresidente calificó a los legisladores como “antilegisladores de la República” y los acusó de abandonar su verdadero rol: “No crean leyes, sino que las destruyen”. Lasso también destacó que fue él quien aplicó el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Esa decisión, conocida como “muerte cruzada”, fue tomada precisamente en medio del juicio político impulsado por la oposición.

CDL Noticias Dos mujeres y tres hombres fueron asesinados en el ataque armado. Al menos cinco personas fueron asesinadas a tiros la noche de este sábado 17 de mayo en un night club de la parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar. Videos aficionados grabaron una escena macabra y cruenta por donde se veía. Según información de un medio local, sujetos armados llegaron al sitio de diversión nocturna en motocicletas y una camioneta. Pero solo los individuos de las motos fueron quienes se bajaron para entrar al local y abrir fuego de manera indiscriminada. Las víctimas aún no han sido identificadas. Dos mujeres y tres hombres fueron asesinados en el ataque armado. La Policía Nacional se encuentra en el lugar y realiza las investigaciones para determinar el móvil de la masacre. Mientras que la Dinased realiza el levantamiento de los cuerpos.

CDL Noticias Hay cierres parciales viales por los siniestros de tránsito. Las autoridades exhortan a conducir con precaución. Dos siniestros de tránsito en Quito y la parroquia de Guayllabamba dejaron cinco personas heridas la mañana de este sábado 17 de mayo. La primera emergencia ocurrió en la av. Eloy Alfaro y Manuel Ambrosi, sector Comité del Pueblo, norte de la ciudad. Ahí, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito atendió a dos personas afectadas. La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido sur – norte. Mientras que en la parroquia de Guayllabamba, en el sector de la Y, dos vehículos se vieron involucrados en un siniestro. Uno terminó volcado. Tres personas resultaron heridas. En la noche del viernes 16 de mayo, un vehículo se volcó en la avenida Granados, cerca del Redondel del Ciclista, y dejó un fallecido y cuatro heridos.

CDL Noticias Las cámaras de seguridad captaron el violento hecho que ha generado preocupación e indignación ciudadana. Las cámaras de seguridad captaron un violento intento de asalto a un taxista en el sector de la Mena del Hierro, en el sur de Quito. Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, muestran cómo el conductor logró escapar del ataque de al menos cuatro jóvenes. Según se aprecia en el video, el hecho ocurrió el pasado 13 de mayo, a las 17:53. En la grabación se observa cómo cuatro personas abordaron el vehículo. Uno de ellos, que se sentó en el asiento del copiloto, descendió brevemente mientras el resto permanecía en la parte posterior. Posteriormente, uno de los pasajeros de la parte trasera se trasladó hacia el asiento delantero, ubicándose junto al conductor. Luego de unos minutos de recorrido, los agresores pusieron en marcha su plan. Uno de los atacantes, que estaba en la parte trasera, sacó un arma de fuego, mientras que el pasajero que estaba en el asiento delantero intentó asfixiar al taxista. En medio del forcejeo, el conductor, logró abrir la puerta del vehículo. Hasta el momento no se han revelado más detalles oficiales sobre el caso, ni se ha confirmado si las autoridades han iniciado una investigación formal. Sin embargo, el video ha generado una ola de indignación y preocupación en la ciudadanía, especialmente por el riesgo de ser víctimas de la delincuencia en Quito es cada vez mayor. Este nuevo hecho de violencia reaviva el debate sobre la seguridad en la capital y expone la vulnerabilidad de quienes laboran en el transporte público y comercial, especialmente en sectores de alto riesgo.

CDL Noticias El grupo criminal Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, consolidó su dominio en esta zona amazónica desde 2022, mediante el uso de extrema violencia para controlar las actividades de minería ilegal. Según testimonios de pobladores desplazados recopilados por la Coordinadora de Colectivos Sociales por la Defensa de la Naturaleza de Napo, las masacres y asesinatos han sido constantes, aunque silenciados por el miedo. En octubre de 2024 se reportó una matanza en Alto Punino. Un video, grabado ese mismo día pero divulgado meses después por temor a represalias, muestra varios cuerpos siendo trasladados en una canasta metálica de las que se usan para proteger bidones de combustible en las zonas mineras. No se distingue el número exacto de víctimas, pero habitantes de la zona aseguran que hubo decenas de muertos. El video fue difundido en mayo de 2025, tras el asesinato de once militares de la Brigada de Selva 19 Napo, lo que evidenció el nivel de violencia que impone este grupo armado en su disputa por el territorio minero. En Alto Punino, los Comandos de la Frontera asesinan a mineros, proveedores, comerciantes e incluso informantes que no se someten a sus reglas, según la Coordinadora. La organización calcula que el grupo armado controlaba entre 2.000 y 3.000 personas que participan en la actividad minera bajo su control. La Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas y gobiernos seccionales fueron alertados de la presencia de este grupo armado en Orellana, a apenas 56 kilómetros de la frontera con Colombia. En tres años, el Ejército ha realizado operativos específicos en Alto Punino. Uno de los más importantes ocurrió el 14 y 15 de febrero de 2024, cuando patrullas militares destruyeron un campamento y se enfrentaron con integrantes del grupo armado. En el lugar se incautaron fusiles, pistolas, uniformes, chalecos y distintivos de las FARC. Un presunto integrante murió en el cruce de fuego. Sin embargo, no existe presencia permanente de la fuerza pública. La ausencia estatal ha permitido la expansión de la minería ilegal a lo largo de 1 400 hectáreas, según un informe del Programa de Monitoreo del Amazonas.

CDL Noticias El presidente, Daniel Noboa, identificó como grupos armados organizados a tres estructuras criminales. Lo hizo mediante Decreto Ejecutivo 632 emitido la noche de este jueves 15 de mayo del 2025. En el documento se catalogó como grupos armados organizados a las estructuras: “Frente Oliver Sinisterra”, “Disidencias Comuneros del Sur” y “Comandos de la Frontera”. Argumenta que estos grupos inciden en el conflicto armado interno declarado en Ecuador. En un comunicado de prensa, la Presidencia anunció que la medida obedece a una estrategia para «reforzar las acciones de seguridad contra el crimen organizado». Entidades como los Ministerios de Defensa y del Interior, así como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica del Estados serán las encargadas de la ejecución del Decreto Ejecutivo. Además, el presidente Noboa dispuso pedir colaboración a las inteligencias de los países vecinos para su identificación y captura. Desde 2024 en Ecuador está vigente la declaratoria de conflicto armado interno a causa del auge de las bandas criminales ecuatorianas. El mandatario tomó esta resolución después de que el pasado viernes 9 de mayo, 11 militares del Ejército ecuatoriano murieron en una emboscada atribuida a los Comandos de la Frontera durante un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, entre las provincias de Orellana y Napo.

CDL Noticias El coronel Hólguer Cortez, comandante del Distrito Metropolitano, informó que la intervención se hizo para contrarrestar a las bandas organizadas. Se intervino en las zonas con alta incidencia delictiva como las administraciones Eloy Alfaro, Quitumbe, La Delicia y Eugenio Espejo. 22 personas fueron detenidas (20 ecuatorianos y dos venezolanos). De ese grupo, siete tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, robo, receptación y hurto. Como parte de la operación, se hicieron dos allanamientos. Uno en Solanda, sur de la capital, en donde se encontró una granada de uso militar y armas de fuego. Otro allanamiento se hizo en Las Colinas, administración zonal La Delicia, en donde se acopiaba autopartes, herramientas y computadoras de vehículos. Dos personas fueron apresadas en Santa Rita, sur de la urbe, por microtráfico. En Turubamba se detuvo a un individuo que supuestamente se dedicaba a la distribución y almacenamiento de estupefacientes. Se intervino en la cárcel del Inca, desde donde » podrían salir las órdenes de ejecutar actos violentos»; se decomisó 113 celulares y dinero en efectivo». «Era necesario quitarles maniobras de acción», expresó el alto oficial. Los uniformados intervinieron también en otras zonas del Ecuador.