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CDL Noticias Una matriz de 100 puntos define qué medios son “aptos” o “no aptos” para cubrir actividades institucionales, según documentos expuestos. Desde el pasado 28 de enero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha implementado una disposición que busca censurar a medios de comunicación y periodistas que, a su criterio, afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en la institución. Mediante el oficio, se ordenó a los comandantes del Ejército, Marina y Aviación condicionar las coberturas periodísticas basándose en una evaluación de la línea editorial y la conducta profesional de los comunicadores, según documentos que expuso Ecuavisa. Para ejecutar esta medida, la Dirección de Comunicación estableció una matriz de evaluación calificada sobre 100 puntos, donde aquellos medios que obtengan una puntuación menor a 60 serán declarados “no aptos” para recibir acreditaciones. Entre los criterios para negar el acceso a la información oficial se encuentra el “tratamiento informativo histórico” que los medios hayan dado a las Fuerzas Armadas. Detalles Esta nueva política de restricción se dio a conocer tras la difusión de reportajes sobre irregularidades en un millonario contrato de un nuevo radar para Montecristi (Manabí), destinado a la lucha contra el narcotráfico. Este equipo lleva seis meses embodegado en España. El informe oficial justifica estas limitaciones como una “estrategia inteligente y selectiva” para excluir a medios considerados perjudiciales para la imagen institucional. Pese a esta restricción, este lunes 9 de febrero de 2026, se llevó a cabo una rueda de prensa en la Comandancia General del Ejército, ubicada en La Recoleta, en el centro de Quito. Todos los medios de comunicación que asistieron al evento, incluido Ecuavisa, pudieron hacer su cobertura.

CDL Noticias El expresidente Rafael Correa, la exdirigente de la RC Luisa González, así como asambleístas y prefectos afines a esa organización política, también han expresado su apoyo a Álvarez. La organización política Revolución Ciudadana (RC) expresó su respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue detenido este martes 10 de febrero por presunta delincuencia organizada en el marco del caso Goleada. En un comunicado, la RC denunció que la captura del alcalde responde a una “persecución” por parte del Gobierno de Daniel Noboa. Asimismo, cuestionó la designación de Damián Larco como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, tras la licencia solicitada por Mario Godoy, funcionario que enfrenta un proceso de juicio político por supuestas presiones a un juez anticorrupción, entre otras presuntas irregularidades. La organización señaló que este nuevo proceso penal contra Álvarez sería una de las “cortinas de humo” para “intentar tapar la corrupción”. Más temprano, la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, también cuestionó la detención del alcalde y afirmó en su cuenta de X que el regidor ha sido “una de las voces de oposición más frontales del país”. Coronel criticó además la “celeridad” con la que —según dijo— se impulsa una investigación contra un opositor, en contraste con la lentitud que, a su criterio, han tenido las indagaciones por los fallidos contratos de generación eléctrica con Progen y Austral Technical Management (ATM), así como el proceso de modernización del sistema de citas del sistema de salud con Healthbird. El expresidente Rafael Correa, la excandidata presidencial y exdirigente de la RC Luisa González, así como asambleístas y prefectos afines a esa organización política, también han expresado su apoyo a Álvarez. El alcalde y otras diez personas, entre ellas sus hermanos Xavier y Antonio, fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

CDL Noticias Ocupa el cargo que dejó Mario Godoy Naranjo temporalmente porque pidió licencia para enfrentar el proceso de juicio político en su contra en la Asamblea Nacional y vacaciones El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó la madrugada de hoy, martes 10 de febrero de 2026, al vocal Damián Larco Guamán como presidente temporal de ese organismo, el cual ha permanecido en alerta por las múltiples denuncias en contra de su titular, Mario Godoy Naranjo. La Judicatura estaba sin una cabeza porque Godoy pidió licencia, en esta semana, para enfrentar el proceso de juicio político y vacaciones. Le correspondía asumir la presidencia a Alexandra Villacís, pero registró un impedimento para ejercer cargo público en el Ministerio de Trabajo a pedido del Servicio de Rentas Internas (SRI). ¿Cuál es la trayectoria de Larco? El CJ informó que el funcionario cursa la carrera de abogacía en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). En la página web para consultar títulos de la Senescyt no consta que se haya graduado en la carrera de Derecho. Además, es economista con Mención en Gestión Empresarial. Posee una especialización en finanzas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). También registra estos títulos: Máster en Fiscalidad Internacional por la Universidad de la Rioja en Logroño, España.Magíster en Sistemas de Información Gerencial por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Hace dos años, ocupó el cargo de director general del Servicio de Rentas Internas (SRI). Ha trabajado como consultor tributario y financiero en Pricewaterhouse, Deloitte and Touche, Grant Thornton y BDO Ecuador. Ha sido catedrático de la Universidad Santiago de Guayaquil, según información de Destra Consultores que ha sido replicada por medios digitales.

CDL Noticias Dirigentes de la Revolución Ciudadana, autoridades locales y analistas advierten un uso político de la justicia y cuestionan designaciones “irregulares” en el Consejo de la Judicatura. La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desató este martes, 10 de febrero de 2026, una reacción inmediata de rechazo y solidaridad desde distintos sectores políticos, principalmente del correísmo, que califican el hecho como un episodio de persecución judicial y un atentado contra el Estado de derecho. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo público al alcalde y sostuvo que, en un Estado de derechos, la justicia debe actuar con apego a la ley, respeto al debido proceso y sin arbitrariedades. “La democracia se fortalece cuando se garantizan los derechos y la dignidad de las autoridades electas y de la ciudadanía”, afirmó, al tiempo que rechazó lo que denominó “guerra judicial” para resolver conflictos políticos. En la misma línea, el expresidente Rafael Correa cuestionó duramente el accionar de las instituciones judiciales. “¡Ya basta!”, escribió, en un mensaje en redes sociales. Las críticas también se centraron en el Consejo de la Judicatura, luego de que varios dirigentes denunciaron que, horas antes de la detención, se habría producido una designación “ilegal” y “a medianoche” de Damián Larco como presidente encargado del organismo. Para el asambleísta Roque Ordóñez, este movimiento buscó desviar la atención del “escándalo” institucional mientras se avanzaba en acciones contra el alcalde guayaquileño. “Vivimos en una dictadura”, dijo. El parlamentario andino Virgilio Hernández fue más allá y aseguró que el control de la justicia responde a intereses políticos del Ejecutivo. En sus declaraciones, vinculó la detención de Álvarez con una estrategia para someter a jueces y silenciar a opositores, señalando directamente al gobierno de Daniel Noboa. La asambleísta Viviana Veloz afirmó que la detención “no es un hecho aislado”, sino una represalia frente a procesos de fiscalización política y un intento por encubrir decisiones cuestionadas dentro de la Judicatura. A su criterio, el país atraviesa un momento crítico en el que la justicia estaría “secuestrada por la Función Ejecutiva”. Otras voces, como la de la activista Melissa Zambrano, incluso hablaron de un “golpe de Estado”, mientras que el analista Daniel Granja advirtió que el episodio podría convertir a Álvarez en una figura política fortalecida de cara a un eventual escenario presidencial.

CDL Noticias Villacís debe reemplazar a Mario Godoy en la presidencia de la Judicatura, pero le apareció un impedimiento para ejercer cargo público por supuestas deudas con el SRI. Alexandra Villacís, vocal alterna de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, no tiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y, por tanto, pidió al Ministerio de Trabajo que elimine el impedimento para ejercer cargo público. “Reitero a la ciudadanía que no existe impedimento legal real que me inhabilite, y que cualquier actuación institucional debe observar el debido proceso, la seguridad jurídica y la transparencia”, publicó en un comunicado la noche del 9 de febrero de 2026. Villacís debía asumir temporalmente la presidencia de la Judicatura durante esta semana, pues Mario Godoy pidió licencia mientras enfrenta el proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Sin embargo, cuando se revisan los requisitos para que Villacís desempeñe el cargo, apareció un “sorpresivo” impedimento. Pero no es todo. El director general de la Judicatura, Jorge Maruri, envió oficios al Cpccs para que active el proceso para encontrar al reemplazo de Villacís. Y el Cpccs incluso ya fijó una sesión extraordinaria para ese fin, prevista para las 16:00 del 10 de febrero. Sin embargo, el vocal Fabián Fabara dijo no estar enterado de nada de eso y enfatizó que el Pleno de la Judicatura recién conocerá el tema esta noche en sesión extraordinaria.

CDL Noticias Los hermanos de Aquiles, Antonio y Xavier, también forman parte de los 11 implicados en este caso. Serán llevados a Quito. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este martes 10 de febrero sobre intervenciones en la provincia del Guayas, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada, relacionada con un presunto lavado de activos y defraudación tributaria. El caso fue denominado “Goleada”. El abogado Ramiro García confirmó a Ecuavisa que una de las personas implicadas es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ha sido detenido y trasladado al Cuartel Modelo. Alrededor de las 06:45, la FGE confirmó que los hermanos de Aquiles, Antonio y Xavier, también forman parte de los 11 implicados en este caso. De manera extraoficial, se conoce que el alcalde será llevado a Quito, donde enfrentaría la respectiva audiencia judicial.

CDL Noticias La suplente de Mario Godoy registró un sorpresivo impedimento para ejercer cargo público. Alexandra Villacís registra un impedimento para ejercer cargo público en el Ministerio de Trabajo y, en consecuencia, no puede reemplazar a Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura. La presidencia de la Judicatura se encuentra en acefalía, pues Godoy pidió licencia desde este lunes hasta el viernes y vacaciones el fin de semana. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura envió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) para que active el proceso para elegir al reemplazo de Villacís. Es decir, el Cpccs deberá pedir una terna a la Corte Nacional de Justicia, que ahora tiene como presidente encargado a Marco Rodríguez. Villacís sí llegó a reemplazar a Mario Godoy en la presidencia de la Judicatura por contados días en diciembre 2025. En ese entonces no registró ningún impedimento. Por esas fechas, ADN mostró su descontento con que Villacís se quede con la presidencia de la Judicatura, señalándola de tener un pacto político con el correísmo, el movimiento CREO y la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Algo que Villacís rechazó tajantemente. Todo eso ocurre mientras Mario Godoy enfrenta un proceso de juicio político que puede desembocar en su destitución. Este trámite tendrá su desenlace a finales de febrero.

CDL Noticias Con un dibujo, Chamba intentó mostrar que estaba conectado en todo momento a la sesión virtual. El asambleísta Jorge Chamba (ADN) usó un dibujo de su imagen para conectarse a una sesión virtual de la Asamblea Nacional este lunes 9 de febrero de 2026. El hecho fue captado por otros legisladores, que notaron cómo Chamba sí aparecía en pantalla, pero cuando se alejaba de la misma, entonces aparecía el dibujo para así fingir que estaba conectado en todo momento. Cabe recordar que el Parlamento obliga a los legisladores a tener la cámara prendida en todo momento durante las sesiones virtuales, justamente para evitar este tipo de sucesos. Caso contrario, serán multados. No es la primera vez que Jorge Chamba tiene una actuación similar. En septiembre de 2025, el legislador oficialista por la provincia de Guayas se conectó a una sesión virtual de la Comisión de Transparencia mientras reposaba en su cama. El evento recordó también lo que sucedió con Yadira Bayas (ADN) en octubre 2025, cuando en una sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad colocó una captura de pantalla de su imagen para fingir la conexión.