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La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción del Decreto Ejecutivo 250 por conflicto armado interno emitido por el presidente Daniel Noboa el 30 de abril de 2024 en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. El objetivo del nuevo estado de excepción era la movilización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Asimismo la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en esas provincias por un lapso de sesenta días. El dictamen de la Corte fue emitido este viernes 10 de mayo de 2024. Cuenta con dos votos salvados de las juezas Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez. La Corte señaló que la declaratoria del último estado de excepción no ha «justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación, ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen constitucional ordinario». Y añadió que la declaratoria del estado de excepción «se limita a establecer la existencia de dificultades en la ejecución de operaciones militares» de cara a la coordinación con Fiscalía y juzgados de turno que ordenen allanamientos y requisas. Asimismo la Corte llamó la atención a la Presidencia de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución para declarar un estado de excepción.

Un militar fue detenido como el tercer implicado en el crimen de la niña Dana Ramos, en Riobamba. El Ejército Ecuatoriano reconoció, en un breve comunicado este viernes 10 de mayo de 2024, que se trata de uno de sus miembros. Rafael Y. es esposo de la prima de la menor asesinada. La operación fue confirmada por Víctor Astudillo, jefe de la Dinased de Chimborazo al mediodía de este viernes. «Frente a este hecho, el Ejército Ecuatoriano continuará proporcionando todas las facilidades a los trámites legales respectivos, que se ejecuten dentro de la investigación en este caso», reza el texto difundido en redes sociales. Además advierte «cero tolerancia» con acciones fuera de la ley y adelanta sanciones radicales «en estricto cumplimiento a las normativas administrativas disciplinarias vigentes». Dana Ramos fue reportada como desaparecida desde el 1 de febrero y su cuerpo fue hallado el 16 de febrero en la cisterna de la casa de sus abuelos paternos. Su padre Mauro Ramos, un policía en servicio activo, es el principal sospechoso del asesinato y se encuentra con prisión preventiva. Por este caso también es procesada Evelyn B., prima de Dana, que cumple arresto domiciliario por estar en estado de gestación. En sus declaraciones Evelyn B., detalló que el padre de Dana fue quién planificó el secuestro para poder cobrar una póliza, según el portal Primicias. La procesada contó que su tío Mauro la contactó el 1 de febrero para darle las últimas instrucciones para el secuestro. La orden fue sacar a Dana de su domicilio a las 18:00. Pero antes debía enviar un mensaje del teléfono celular de la menor a un número desconocido. Con esto se sembraría evidencia de la desaparición. El padre y la prima de la víctima estaban imputados por el delito de desaparición involuntaria. Fiscalía reformuló los cargos y ahora son investigados por presunto secuestro extorsivo con resultado de muerte. Astudillo dijo que Rafael Y. es investigado como coautor del crimen. Pero no se ha dado detalles de su participación en el delito que se investiga.

La exfiscal del Guayas, María Coloma, rindió versión dentro del caso Metástasis. Asegura que ella compró una vivienda que pertenecía al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Además, dio «asistencia humanitaria» a sus dos hijos cuando él fue detenido, en mayo del 2022. En su versión, rendida el pasado 29 de abril, Coloma aseveró que conoció a Norero en 2007, cuando era pandillero y formaba parte de un programa de reinserción en la Gobernación del Guayas. Narró que no se trata de una relación de amistad, sino de encuentros por casualidad. Coloma estuvo junto a Norero durante la detención en su vivienda. Sin embargo, asegura que nunca ofreció sus servicios de asesoría legal y que tampoco intercedió en la justicia para beneficiarlo, como lo declaró Hélive Ángulo, mano derecha del narcotraficante y también procesado en el caso. Narró que el narcotraficante la contactó desesperado por sus dos hijos, quienes luego fueron recibidos por ella «por un acto de humanidad», para evitar que fueran llevados a la Dinapen. Al día siguiente, los entregó a familiares. Coloma, quien en su momento fue parte de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), aclaró que compró una vivienda a Norero por 100 mil dólares. El acuerdo de compra-venta se hizo en 2020 de forma verbal y el dinero se entregaba por partes a Norero, en efectivo. «Yo sacaba 3 000, 5 000 y entregaba en las manos del señor Norero«, dijo Coloma en su declaración. Además, explicó que el inmueble aún se encuentra a nombre de Norero, ya que le debía aproximadamente 7 000 dólares para completar los pagos. Sin embargo, Coloma asegura poder demostrar cada transacción realizada por la casa. La exfuncionaria afirma haber comprado la vivienda debido a su deseo de abandonar Guayaquil, sintiéndose en peligro por los casos que manejaba como fiscal. Pero la relación entre Coloma y Norero no se limitó a lo inmobiliario. Durante la pandemia de COVID-19, Norero y su esposa contrajeron el virus. Coloma contó que ella brindó asistencia médica y cuidados debido a su profesión como enfermera. El escándalo ha sacudido los cimientos del sistema judicial en Guayas, generando interrogantes sobre la conducta ética y profesional de los funcionarios públicos involucrados en casos de alto perfil como Metástasis.

El viernes 10, Noboa partió en un viaje oficial hacia Europa y retornará el 21 de mayo. La madre de su hija asegura desconocer con quién se quedará la niña de cinco años. Noboa incluye a Sommerfeld en la comitiva que lo acompañará en su viaje a EuropaEl papa Francisco recibirá a Daniel Noboa el próximo lunes en el Vaticano Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente Daniel Noboa, presentó el 10 de mayo una solicitud para que su hija, de cinco años, regrese con ella mientras el Mandatario se encuentra en su gira por Europa. Noboa partió este viernes en una gira oficial por Italia, Francia y España, que terminará el próximo 21 de mayo. «Si yo salgo del país, mi hija obligatoriamente se tiene que quedar con el padre, pero no hacen lo mismo con el padre. Eso es violencia de género», aseguró Goldbaum ante medios de comunicación. Agregó que desconoce quién se quedará con su hija mientras Noboa está ausente y enfatizó en que «las visitas son para el padre, para nadie más y eso está regulado». Goldbaum señaló que presentó la solicitud ante el juez de primera instancia de Samborondón, debido a que ella le pidió a Noboa que le entregue a su hija mientras él está fuera del país «y (él) se ha negado». Esto, aunque el domingo es el Día de la Madre, resaltó. «En este caso no estoy segura si queda con la abuela, se queda con la esposa del Presidente, pero solamente está regulado para que se quede con el padre. Sino, tiene que regresar a su casa. Yo tengo la tenencia de la bebé», enfatizó Gabriela Goldbaum. Gabriela Goldbaum y Daniel Noboa comparten la custodia de la pequeña Luisa por disposición judicial. No obstante, la madre de la menor asegura que hubo inconsistencias en la sentencia que se definió tras las audiencias de mediación. «En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija y luego, por escrito, me llegó una sentencia totalmente distinta», recordó. Esto motivó a que la exesposa de Noboa denunciara a los jueces que llevaron el caso por prevaricato y falsedad ideológica. «Le he puesto una queja en el Consejo de la Judicatura», agregó. Goldbaum denuncia una persecución«Ya llevamos cinco años en esto. Esto es una persecución», aseguró Goldbaum. Y detalló que en este tiempo se ha tenido que defender de demandas civiles, penales, régimen de visitas y denuncias por parte de Daniel Noboa. Agregó que, en este caso, se vulneran los derechos y la seguridad jurídica, tanto de su hija como del suyo propio

“No guardo rencores”. Con esa frase, la exministra de Energía Andrea Arrobo rompió el silencio este viernes 10 de mayo del 2024. Tras 24 días de renunciar a su cargo, Arrobo dijo que “servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país en dónde manda la política«. La exministra Arrobo enfrenta desde el pasado 16 de abril una denuncia por sabotaje, junto a otros 20 funcionarios del sector eléctrico, por el presunto delito de paralización de servicio público. Mediante un comunicado, decidió aclarar varios temas que considera «prudente» en torno a la situación energética del país. Andrea Arrobo, estuvo al mando del Ministerio de Energía desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Tras casi cuatro meses el Presidente, el 16 de abril pidió su renuncia al cargo. Además, el pasado 8 de mayo, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la solicitud de juicio político, presentada por Ana Galarza (Construye), contra la exministra Arrobo. El trámite de solicitud entra a una fila de espera en la Comisión de Fiscalización que aún tiene varios pedidos de juicios políticos por despachar, incluido el de ministros y exministros de Estado y el de la fiscal general, Diana Salazar. A continuación, la transcripción textual del comunicado de la exministra de Energía Andrea Arrobo: “Desde el 16 de abril de este año enfrento una investigación fiscal por el presunto delito de paralización de servicio público. Por consejo de mi abogado penalista, Felipe Rodríguez, me abstuve de acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para impedir que la política contamine el proceso penal, por eso he preferido no hacer declaraciones públicas. Tengo una trayectoria técnica nacional e internacional de más de 10 años en el ámbito energético. No me considero un actor político y he ofrecido respuestas siempre desde ese enfoque. Sin embargo, considero prudente hacer esta publicación para poner en contexto cierta información sobre la situación energética; mi paso por el Ministerio de Energía y Minas; y, declaraciones que se hicieron en la Asamblea. Recibí un sector en crisis, producto de más de 6 años de abandono y de una falta de inversión de más de USD 10 mil millones, con problemas estructurales y una dependencia de la importación de energía, así como de condiciones climáticas que no pueden solucionarse en 5 meses. La emergencia debido al cambio climático ha golpeado a toda la región. Tanto es así que Colombia tuvo que decretar un feriado para bajar la demanda; Perú y Panamá cubren su demanda por medio de la generación por gas; y, México y Costa Rica han recurrido a los racionamientos. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024 logramos la aprobación de la Ley de Competitividad Energética que promueve la inversión privada y un plan de eficiencia energética; ambos temas cuentan con el reglamento para su ejecución. También se actualizó y desarrolló el Plan Maestro de Electricidad que contiene, entre otros, un capítulo de atracción de la inversión para nuevas tecnologías para afrontar el cambio climático. Este documento contó con el apoyo del BID. En términos de generación térmica incorporamos 220 MW de centrales que se encontraban indisponibles cuando asumimos el Ministerio. Como comparación, de enero a noviembre de 2023 sólo se incorporaron 165 MW de este tipo de generación. Actualmente, se siguen incorporando nuevos MW de acuerdo con el cronograma que ya tenía establecido CELEC. Realizamos mantenimientos y recuperamos 8 centrales hidroeléctricas y térmicas desde que iniciamos la gestión. Asimismo, realizamos mantenimientos no programados y de contingencias de 7 centrales a escala nacional. A esto se suman las actividades realizadas en los frentes de hidrocarburos y minería. El proceso para la contratación de la barcaza se declaró desierto el 22 de noviembre de 2023, un día antes de que el nuevo Gobierno asuma sus funciones. El 24 de noviembre, un día después de la posesión, se instaló el Comité de Crisis Interministerial que trabajó para lograr el cumplimiento de los requisitos para la instalación de la barcaza: permisos ambientales, giro específico de negocio (SERCOP), determinación de la subestación de interconexión, permisos en puerto. Esto permitirá la instalación de 450 MW de generación emergente. En la comparecencia en la Asamblea se mencionó que existía un «sinfín» de Quipux pendientes. El reporte remitido por la Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Energía, muestra que quedaron 29 Quipux en trámite, correspondientes a lo que ingresó en 8 horas durante el 16 de abril (día de mi renuncia). Con respecto a lo mencionado sobre la ejecución del 2,5% del presupuesto anual del Ministerio, cabe indicar que para el 2024 correspondía un presupuesto prorrogado de USD 59,36 millones, pero que no contaba con la asignación de fuentes de financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, a pesar de las gestiones, por falta de liquidez no se hicieron las transferencias requeridas. Recién a partir del 2 de abril de 2024, se aprobó la proforma de este año por un monto de USD 62,8MM. La programación de la ejecución de los recursos de inversión está condicionada a la fuente de financiamiento que asigna el Ministerio de Economía, a la disponibilidad de caja y a la programación de desembolsos. Más allá de lo urgente, trabajamos en una estrategia a largo plazo para que el sistema energético del país sea resiliente frente a los efectos del cambio climático, pues debemos dejar de ser un país con visión cortoplacista y empezar a hacer cambios estructurales y disruptivos. No ha sido, ni será mi intención ingresar a la zona de funcionalidad de la política, mucho menos afectar al gobierno del presidente Daniel Noboa. Las circunstancias adversas, sumadas a las fallas estructurales, han llevado a que se haya tergiversado la información y cuestionado la gestión del Ministerio. Con respecto al proceso legal, mi versión y toda la información se encuentra en el expediente de la Fiscalía General del Estado. Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, entre

Daniel Salcedo ofrece colaborar con las autoridades contando todo lo que sabe acerca de los entramados de corrupción Metástasis y Purga a cambio de que sea ingresado al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, además de seguridad para su familia. Lo dijo el 6 de mayo durante su versión libre y voluntaria por el caso Purga, proceso en el que además contó que le ofreció USD 150 000 a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, quien también está vinculada en esta trama. Salcedo dice que teme por su vida, algo que ha venido sosteniendo desde marzo, cuando fue trasladado de la Cárcel 4 de Quito a la de Cotopaxi. El 13 de julio tuvo otro traslado, esta vez a la cárcel La Roca, en Guayaquil, la de máxima seguridad. El nombre de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, aparece en los chats del caso Metástasis y Purga. El 3 de enero de 2024 fue procesado por delincuencia organizada en la estructura criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero. En los chats del caso Metástasis, Salcedo es identificado como alias Bellito y era el supuesto encargado de planificar estrategias ilegítimas en el sistema de justicia para obtener la libertad de Norero. En los chats del caso Purga se conoció que envió un video de Los Lobos a Mayra Salazar para que lo ayude a difundir por redes y su círculo de contactos. En este clip, esa organización delictiva se deslindaba de las acusaciones de haber participado en el asesinato de Fernando Villavicencio. No obstante, en el transcurso de las investigaciones se comprobó que sí tuvieron relación.

Simón Velasco, comunero de Olón, repasó que en la comunidad hay inconvenientes con la familia Noboa, desde 2018. «En enero el presidente fue a entregar juguetes en Olón», comentó. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, sostuvo que el Decreto Ejecutivo 257, que dispone la creación de un Comité de Ejecución para cumplir con la consulta popular del Yasuní – ITT, es una cortina de humo, para cubrir el conflicto en Olón. Leonidas Iza, junto a Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie; Angie Toapanta, representante del Centro de Investigación y Defensa del derecho al Trabajo; Pedro Bermeo, representante del Colectivo Yasunidos; Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos; y Simón Velasco, comunero de Olón, llegaron hasta la Corte Constitucional, en Quito, para rechazar los incumplimientos del Estado en materia ambiental. Ellos presentaron un oficio para que el organismo constitucional de seguimiento a sus dictámenes sobre la consulta popular y la consulta ambiental previa. Los representantes observaron que los gobiernos de turno no han respetado el artículo 57 de la Constitución de la República, relacionado con los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Zenaida Yasacama, por ejemplo, dijo que el Gobierno no cumple con el mandato popular tras la consulta del Yasuní, en 2023, en la que se decidió dejar el crudo del bloque 43 bajo tierra y no continuar con la explotación. Denuncia internacionalEn este sentido, Pedro Bermeo, de Yasunidos, anunció que el 8 de mayo de 2024 se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia sobre este caso. Asimismo, Leonidas Iza rechazó que se busque integrar un comité para dar seguimiento al retiro progresivo de toda actividad extractiva en el Bloque 43. «Los pueblos hemos tenido que ponernos de rodillas para que cumplan con los derechos establecidos en la Constitución, cuando debería ser una obligación. Eso es lapidario», enfatizó Iza. Sobre el conflicto en Olón, Simón Velasco, comunero y vocero de la localidad, repasó que en la comunidad hay inconvenientes con la familia Noboa, desde el 2018. «Se vivieron niveles de represión muy altos, con presencia militar y policial antes del decreto de conflicto armado interno. En enero (2024) el presidente fue a entregar juguetes en Olón y luego se declaró a Olón como un pueblo mágico, sin saber lo que representa», comentó. Velasco pidió que se investigue el proyecto inmobiliario Echo Olón, cuya accionista principal es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa Azin. Entretanto, el titular de la Conaie consideró que el Decreto 257 es una cortina de humo del gobierno de Noboa para desviar la atención del conflicto en Olón.

Esta madrugada, la Policía intervino un predio donde se encontraba el hijo del político. El expresidente de la República Abdalá Bucaram reaccionó a la aprehensión de su hijo Jacobo dentro del operativo desarrollado en una finca de la vía a la costa. Esta madrugada, un contingente policial intervino un predio en donde se encontraba un grupo de hombres, incluyendo el hijo del exmandatario. En el sitio, la Policía levantó varias evidencias, como armas, incluyendo fusiles, radios de comunicación, además de llaves de automotores. Bucaram justificó la presencia de su hijo en el lugar y aseveró que él no usa arma. “Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional; él no usa arma, había más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos”, expuso. Por sexta ocasión audiencia de juzgamiento contra el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo no se instala en Quito Además, el político atribuyó que esta acción de las fuerzas del orden es una “persecución” hacia su familia. “Simplemente es Bucaram y comenzará otra vez la persecución política. Ahora qué inventarán”, declaró en la red social X. A los pocos minutos, esta publicación fue borrada y se colocó una actualización con una versión más ampliada. Gilberto Santa Rosa no está detenido en Ecuador: “Yo estoy en Boston recibiendo un homenaje” “Confío en que esto se esclarecerá, pero tengo que aclarar que no es cierto el contexto que los medios quieren darle a entender y venderle al Ecuador. Doy este contexto porque es necesario, mi hijo estaba en una fiesta que él no organizó, en la que él fue un invitado y existían alrededor de 200 personas”, expuso. Además, declaró que esperaba que se realizaran las investigaciones de “forma seria y que esto únicamente es un malentendido”, por lo que pidió a la prensa “no desinformar” ni “mancillar” su apellido. Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional, el no usa armas, habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos. Confió en que esto se esclarecerá pero tengo que aclarar que no es… — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) May 10, 2024Tanto Abdalá como Jacobo han estado involucrados en procesos judiciales en los últimos años, entre esos un caso de delincuencia organizada en época de pandemia de COVID-19. (I)