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CDL Noticias El menor sufrió daño cerebral irreversible durante una intervención de baja complejidad; el médico recibió tres años de prisión condicional. Un niño de cuatro años de edad, identificado como Valentín, falleció en Argentina tras someterse a una cirugía de rutina en un sanatorio de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. El caso es investigado por la Justicia y derivó en la condena penal del anestesiólogo que estuvo a cargo del procedimiento. De acuerdo con información judicial y reportes de medios locales, el menor ingresó al centro médico para una intervención considerada de baja complejidad. Sin embargo, durante la cirugía sufrió una lesión cerebral grave, provocada por la falta de oxígeno y de flujo sanguíneo, lo que posteriormente derivó en su fallecimiento. Tras lo ocurrido, los padres del niño denunciaron presunta negligencia médica. La madre del menor, Ariana Toledo, señaló que su hijo no presentaba un cuadro de riesgo y que la operación no implicaba mayores complicaciones. No obstante, el niño salió del quirófano con un daño neurológico irreversible. Según la resolución judicial, el médico anestesiólogo identificado como Javier Atencio Krause fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio culposo. Durante el juicio se acreditó que no se mantuvo la vigilancia anestésica continua exigida por los protocolos médicos durante la intervención. La investigación determinó que el niño permaneció varios minutos sin registros adecuados de oxigenación y presión arterial, periodo considerado crítico para el cerebro. Además, se estableció que el anestesiólogo habría utilizado su teléfono celular durante la cirugía e incluso se ausentó momentáneamente del quirófano, lo que impidió detectar a tiempo una obstrucción en el sistema de ventilación del paciente. El fiscal del caso sostuvo que la conducta del profesional constituyó una omisión grave en los cuidados que exige la práctica médica, lo que derivó directamente en el desenlace fatal. El juez coincidió con esta valoración al momento de dictar sentencia. Tras la intervención quirúrgica, el menor fue trasladado a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció varios días bajo observación médica. Posteriormente, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral, lo que llevó a la familia a autorizar la desconexión del soporte vital. En la audiencia de cesura, el tribunal impuso al anestesiólogo una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación para ejercer la medicina durante diez años. La defensa había solicitado una sanción menor y una restricción limitada al ámbito pediátrico, pedido que fue rechazado. El caso generó amplia atención pública en Argentina y reabrió el debate sobre los controles y protocolos de seguridad en procedimientos médicos, especialmente en cirugías pediátricas. Las autoridades judiciales señalaron que la sentencia busca establecer responsabilidades conforme a la ley, mientras que la familia del niño sostuvo que el proceso tuvo como objetivo principal esclarecer lo ocurrido durante la cirugía.

CDL Noticias Mediante esos recursos se impidió que Alexandra Villacís reemplace a Mario Godoy en la presidencia de la Judicatura, mientras que meses atrás Oscar Ayerve fue impedido de asumir como consejero del Cpccs.La última jugada del Ministerio de Trabajo, liderado por Harold Burbano, fue impedir que Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy, asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura, en ausencia temporal del titular. La entidad emitió este lunes 9 de febrero de 2026 un impedimento para ejercer cargos públicos en Contra de Villacís, en momentos en que Godoy solicitó licencia para defenderse del juicio político en la Asamblea, por presuntas presiones de funcionarios de la Judicatura para favorecer al narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. El motivo del impedimento laboral responde a obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), decisión que tomó por sorpresa a Villacís, tras afirmar que no tiene deudas con esa entidad. La vocal alterna de Godoy, quien ha sido catalogada como no afín al Gobierno de Daniel Noboa, publicó un certificado del propio SRI, con fecha 9 de febrero, en el que consta que no registra obligaciones tributarias pendientes. Denunció que, de manera extraña, se habilitó esta semana un RUC que se encontraba inhabilitado, en el que se incluyeron supuestas deudas de años atrás correspondientes a declaraciones de IVA. “Es algo sumamente raro”, resaltó la funcionaria en una entrevista con radio FM Mundo, tras recordar que en diciembre pasado reemplazó a Godoy sin ningún inconveniente. Tras inhabilitar a Villacís, el pleno del Consejo de la Judicatura nombró, en una sesión extraordinaria desarrollada la madrugada de este martes 10 de febrero, al vocal Damián Larco como presidente temporal de la entidad. Todo rápido en la JudicaturaLarco fue director del SRI, nombrado por el presidente Daniel Noboa, y en su administración se redujo la deuda millonaria que mantenía la familia del mandatario. Simultáneamente, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue convocado, para este martes 10 de febrero, a una sesión extraordinaria para conocer un oficio del director general del Consejo de la Judicatura, referente al mecanismo de selección del vocal suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, el remplazo de Villacís. Impedimento laboral en el CpccsUn hecho similar al de la vocal suplente de Mario Godoy, se dio en el Cpccs el 26 de agosto de 2025, cuando el ministerio de Trabajo emitió un impedimento para ejercer cargo público en contra del consejero suplente Oscar Ayerve. En ese entonces, el ministerio estaba dirigido por Ivonne Núñez, y la razón del impedimento fue una obligación pendiente con la Corporación Financiera Nacional (CFN). Esto impidió que Ayerve se principalice en remplazo del consejero Gonzalo Albán, quien enfrentaba un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. En ese entonces, Oscar Ayerve acusó al asesor presidencial Fausto Jarrín de “comandar el operativo para que no esté en el Cpccs como principal”. El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, dispuso un cerco policial en el edificio de la entidad para impedir el ingreso de Ayerve. Polémico caso de Álvaro RoseroEn la frustrada designación de Álvaro Rosero, como ministro de Gobierno en noviembre de 2025, el Ministerio de Trabajo fue criticado por el levantamiento, en 24 horas, de un impedimento laboral que pesaba en contra del radiodifusor quiteño. El 18 de noviembre Rosero registraba impedimento para ejercer cargo público por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al ser el representante legal de Radio FM Efemedio, que se encontraba en mora con la entidad estatal. Un día después, la prohibición desapreció debido a que Rosero había traspasado la representación legal de la compañía a una hermana. En ese entonces, Christian Marín, exdirector regional de Trabajo en Quito, denunció que fue presionado por el ministro Harold Burbano, para levantar el impedimento laboral de Rosero. Marín denunció en la Fiscalía a Burbano por el presunto delito de tráfico de influencias, proceso que se encuentra en etapa de investigación previa.

CDL Noticias El descontento ciudadano impulsa pedidos de revocatoria a Noboa, pero expertos advierten que el CNE y los requisitos la hacen casi inviable. El mayor obstáculo es la falta de garantías institucionales del CNE según expertos electorales. La falta de resultados del Gobierno en áreas clave como salud, seguridad y economía, sumada a los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del Ejecutivo y al control de las funciones del Estado, ha incrementado el pesimismo y el descontento ciudadano, según encuestas realizadas en enero de 2026. En este contexto, sectores políticos y sociales comienzan a plantear la revocatoria de mandato como una posible salida democrática frente a una gestión considerada ineficiente, aunque expertos advierten que su ejecución enfrenta serios obstáculos institucionales. Esta figura de democracia directa permite que los electores retiren el mandato de una autoridad antes de que concluya su periodo, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos. ¿Cuándo se puede solicitar una revocatoria?La politóloga y experta en Derecho Electoral Melania Carrión explica que, según la Constitución, la revocatoria de mandato puede solicitarse una vez cumplido el primer año y antes del último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. En el caso del presidente Daniel Noboa, quien cumple un año de su segundo mandato el 24 de mayo de 2026, todavía no se ha habilitado el plazo constitucional para iniciar formalmente este proceso Requisitos y firmas necesariasPara revocar el mandato de un presidente de la República se requiere: El respaldo del 15 % de firmas del registro electoral nacional. Un plazo máximo de 180 días para la recolección de firmas. La aprobación de la revocatoria con la mitad más uno de los votos de quienes sufragan, no solo de los votos válidos. Carrión aclara que este requisito es más exigente que el aplicado a otras autoridades de elección popular. El procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral El constitucionalista y experto electoral Esteban Ron detalla las etapas del proceso: Solicitud formal de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral, sustentada en el incumplimiento del plan de gobierno.Revisión inicial de requisitos formales.Notificación inmediata a la autoridad cuestionada. Plazo de siete días para que la autoridadimpugne el pedido. Decisión del CNE con informe jurídico.Entrega de formularios para recolección de firmas (180 días). Verificación de firmas en un plazo de 15 días y eventual convocatoria al proceso electoral.Ron recuerda que intentos similares contra los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso no prosperaron por falta de pruebas sobre incumplimientos del plan de trabajo. El único caso en el que la revocatoria de mandato completó todo el proceso y terminó con la salida de la autoridad fue el del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, conocido como “el Chato Castillo”. ¿Qué pasaría si se revoca el mandato?El constitucionalista y experto electoral, Mauro Andino Espinoza, señala que, en caso de que prospere una revocatoria contra Noboa, asumiría la Presidencia la vicepresidenta María José Pinto hasta la finalización del periodo. Aclara que la revocatoria es individual y no afecta automáticamente a la vicepresidenta, pese a que ambos fueron electos en binomio. El CNE, el principal obstáculoLos expertos coinciden en que, aunque la revocatoria es un mecanismo constitucional de contrapeso ciudadano, su ejecución es extremadamente difícil. El mayor obstáculo, aseguran, es la falta de garantías institucionales del CNE. ““No hay garantías de que el proceso prospere, a nivel institucional no confío en el CNE, no creo que ellos vayan a entregar los formularios, lamentablemente el CNE está cooptado por el Ejecutivo y ellos hacen prácticamente lo que les ordena Daniel Noboa”, indicó Andino. En la misma línea, Ron cuestiona la imparcialidad del organismo electoral y de su presidenta Diana Atamaint, y advierte que cualquier proceso podría ser dilatado para no afectar la agenda gubernamental. “El CNE es un tiro al aire en cuanto a seguridad de procesos políticos. Con la sumisión que tiene Diana Atamaint (titular del CNE) hacia Noboa, no creo que dé paso o, por lo menos, va a demorar el proceso para que esto no interrumpa la agenda gubernamental. Va a ser muy complicado”, indica Ron. Miedo, persecución y evaluación integral del Gobierno Otro factor que desincentiva esta iniciativa es el temor a represalias o persecución política contra quienes impulsen el proceso. Además, los analistas advierten que, si la revocatoria llegara a convocarse, no se evaluaría solo una causal específica, sino toda la gestión presidencial. Anuncios de revocatoria desde sectores sociales Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, anunció que su organización prevé presentar la solicitud de revocatoria en mayo y comenzar con la recolección de firmas. Por su parte, el excandidato a la vicepresidencia Andrés Arauz también puso el tema en la agenda pública con el mensaje publicado en su cuenta de X: “Revocatoria ya”.

CDL Noticias La Fiscalía reveló cómo se habría coordinado el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido durante un mitin político en Quito. La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a Wilmer Geovanny Ch. B., alias “Pipo”; Ángel Esteban A. M., alias “Lobo Menor”; y Luis Alfredo A. A., alias “Gordo Luis” a la instrucción fiscal abierta por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito, durante un mitin político. Según la teoría fiscal, los tres ahora imputados habrían participado en la planificación previa del crimen, que se ejecutó con apoyo de grupos armados irregulares y a cambio de altas sumas de dinero. ¿Quiénes habrían encargado el crimen, según Fiscalía? De acuerdo con la Fiscalía, el crimen habría sido encargado por otros procesados identificados como Xavier J., José S., Ronny A. y Daniel S., quienes ya fueron procesados desde el 3 de septiembre de 2025 como presuntos autores mediatos del delito de asesinato. Estos procesados habrían coordinado el encargo del crimen, que posteriormente fue ejecutado a través de una estructura criminal organizada. ¿Cómo se habría planificado el crimen de Fernando Villavicencio? Según la investigación, tras la muerte de Leandro Norero, alias “El Patrón”, los presuntos autores mediatos habrían acudido directamente a alias “Pipo” para que su organización ejecutara el asesinato de Fernando Villavicencio. Una vez consignado el pago, alias “Pipo” habría activado la estructura criminal, disponiendo que los integrantes de su organización se encargaran de la comunicación, coordinación, supervisión y seguimiento del objetivo. Estas tareas habrían sido ejecutadas bajo la responsabilidad de Carlos Angulo L., alias “Invisible”, quien ya fue sentenciado como uno de los autores materiales del asesinato. Roles dentro de la estructura criminalLa Fiscalía detalló que Ángel Esteban A. M., alias “Lobo Menor”, tenía control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad del ataque. Por su parte, el testigo protegido M. N. L. S. indicó que Luis Alfredo A. A., alias “Gordo Luis”, habría sido el encargado de entregar una fuerte cantidad de dinero a la disidencia de las FARC, con el objetivo de contratar a los sicarios que ejecutaron el asesinato. Antes de su asesinato en la Penitenciaría del Litoral, Jules Osmil C., uno de los autores materiales del crimen, entregó información detallada sobre los roles de “Lobo Menor” y “Gordo Luis”, señalando que ambos daban órdenes directas al resto de la organización criminal. Adicionalmente, la Fiscalía indicó que alias “Pipo” habría recibido información reservada sobre contactos policiales que formaban parte del esquema de seguridad del entonces candidato presidencial, información que presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del atentado. De acuerdo con la teoría fiscal, sin la autorización, dirección y mando de alias “Pipo”, el asesinato no habría podido llevarse a cabo.

CDL Noticias El expresidente Rafael Correa reaccionó a la orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien es acusado de presunta delincuencia organizada en una trama en la que están implicadas 10 personas más. “A la reserva moral del país: ¿se permitirá tanto abuso? A la gente decente que debe haber en el Gobierno y en ADN: ¿se prestarán para tanto? ¿No tienen temor de Dios? Y si no son creyentes, ¿no temen lo que dirá la historia de ustedes? A las FF.AA. y Policía Nacional: ¿seguirán siendo cómplices?”, cuestionó el exmandatario en la red social X. Según él, Ecuador vive “una verdadera dictadura”. “Antes era solo contra la RC5, ahora es contra todos”, manifestó. Alvarez, que en 2023 fue elegido alcalde de la mano de la Revolución Ciudadana, se ha convertido en uno de los más visibles opositores a Noboa, a quien el correísmo acusa de estar detrás de una supuesta “persecución política” hacia el burgomaestre.

CDL Noticias Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.El alcalde de Guayaquil será trasladado a un centro de privación de libertad mientras avanza la investigación por presunta delincuencia organizada. El juez, Jairo García, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción e investigado en el caso ‘Fachada’ resolvió la tarde de este miércoles 11 de febrero dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada, en el que se investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La decisión se dio tras la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, que había sido suspendida horas antes para que el magistrado analizara el pedido de medidas cautelares presentado por la Fiscalía. El fiscal del caso, Dennys Villavicencio, solicitó prisión preventiva para diez de los once procesados, incluido el burgomaestre. En los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, decenas de simpatizantes se congregaron para expresar su respaldo al alcalde. Entre los asistentes estuvieron figuras vinculadas al movimiento Revolución Ciudadana, como los asambleístas Raúl Chávez, Héctor Muñoz y Jhairen Noriega. Con la resolución, el alcalde deberá permanecer en un centro de privación de libertad mientras se desarrolla la etapa de instrucción fiscal, que permitirá a la Fiscalía profundizar la investigación y recabar más elementos dentro del proceso.

CDL Noticias La evaluación de las FF.AA. a medios y periodistas para permitir el acceso a coberturas institucionales desató cuestionamientos. Las Fuerzas Armadas del Ecuador emitieron un pronunciamiento para aclarar el alcance de un documento interno que establece parámetros de evaluación y acreditación para medios de comunicación y periodistas. El documento, firmado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y dirigido a los comandantes generales de la Fuerza Terrestre, la Armada y la Fuerza Aérea, circuló públicamente el martes 10 de febrero de 2026. En ese documento se emitieron parámetros para evaluar a los medios de comunicación y periodistas para acceder a coberturas institucionales. Eso motivó cuestionamientos sobre una posible afectación a la libertad de prensa. Ante los cuestionamientos, las Fuerzas Armadas señalaron que respetan y promueven el ejercicio periodístico y que las disposiciones en materia de acreditación y evaluación no buscan restringir ni limitar el trabajo periodístico. Seis tipos de mercados ilícitos se expandieron en Ecuador «Las disposiciones emitidas en materia de acreditación, evaluación y gestión de medios no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico, ni afectar el derecho a la información», indicó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en un comunicado. Además, la entidad castrense dijo que la evaluación para acreditación de medios tiene como «finalidad es ordenar, planificar y garantizar que la labor informativa se desarrolle de manera adecuada, oportuna y segura durante los eventos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas». ¿Por qué se realizará la evaluación para acreditar a medios?Según las FF.AA., los procesos de acreditación de medios «buscan facilitar el acceso organizado a los eventos institucionales, permitiendo que los comunicadores realicen su cobertura en condiciones claras, seguras y eficientes». Además, dijo que el registro de periodistas y comunicadores al ingreso a áreas reservadas «responde exclusivamente a procedimientos de control y seguridad institucional, sin que ello implique una restricción a su labor profesional». La entidad castrense también explicó que la utilización de herramientas técnicas para el seguimiento y evaluación de medios «constituye un mecanismo administrativo y preventivo, orientado a mejorar la coordinación comunicacional y la protección de la información institucional».

CDL Noticias Un grave siniestro de tránsito se registró en la Ruta Viva, a la altura del sector de Yanazarapata, en la parroquia de Cumbayá, donde un camión se volcó por causas que aún se investigan. Personal de emergencia acudió al lugar y realizó labores de rescate para liberar a una persona que se encontraba atrapada al interior del vehículo. La víctima recibió atención prehospitalaria por parte de los paramédicos. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida a consecuencia del siniestro. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a circular con precaución por la zona y respetar las normas de tránsito para evitar nuevos accidentes

CDL Noticias El vehículo de emergencias no contaba con matrícula vehicular y no había aprobado la Revisión Técnica Vehicular en cinco años. Una ambulancia era usada ilegalmente como transporte escolar, en Quito. Agentes de tránsito detuvieron al conductor y se percataron de este hecho. Padres de familia denunciaron que la ambulancia era usada para trasladar a niños desde y hacia la escuela. A bordo del vehículo se encontraron dos menores. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la ambulancia circulaba por el carril exclusivo simulando una emergencia, con la sirena y la baliza encendida. Carlos Guamanzará, agente que tomó el procedimiento, detalló que 21 días atrás se recibió la alerta de que el hombre estaba haciendo un uso indebido del vehículo de emergencia. Asimismo, el agente detalló que el conductor tenía valores pendientes de matrícula y no había aprobado la Revisión Técnica Vehicular, obligatoria en Quito, hace cinco años. El momento en el que fue detenido por los agentes de tránsito el conductor presentó documentación falsa, en este caso la matrícula y el sticker de la RTV. Además, en un video difundido por la AMT se observa al conductor intentando sobornar al agente de tránsito. El vehículo fue retenido y estará en un centro de la AMT por siete días, mientras que el conductor enfrentará una multa de dos salarios básicos, equivalentes a 964 dólares, y la reducción de 10 puntos a la licencia.

CDL Noticias En el Complejo Judicial Norte, ubicado en la zona financiera y comercial de Quito, se desarrolla la audiencia de formulación de cargos en contra de los procesados del caso Goleada, desde la madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2026. La diligencia es presisida por el juez Anticorrupción, Jairo García, y ocho personas son procesadas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus dos hermanos por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La diligencia se dio durante toda la madrugada y se espera que siga durante este miércoles 11 de febrero de 2026. 1. 06:20. Fiscalía pide prisión preventiva para los procesados La Fiscalía General solicitó, de forma motivada, la prisión preventiva de 10 de los procesados con base en alrededor de 20 elementos de convicción. Para el undécimo procesado solicitó arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad. Horas antes, Aquiles Álvarez adelantó la entrega de 10 documentos para probar su arraigo en caso de que el fiscal pida prisión preventiva.