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Un video grabado en el primer retorno de Vía a la Costa, ubicado aproximadamente en el kilómetro 11 de la concurrida carretera de Guayaquil, a la altura de Puerto Azul, captó a cinco sujetos armados bajándose de un automóvil y corriendo hacia el vehículo de un ciudadano. En el material, que fue registrado el miércoles 1 de mayo a las 21h38 pero difundido este jueves, se observa cómo un carro negro de marca BMW adelanta al conductor afectado justo antes de que entre al retorno y se detiene súbitamente. Tras ello, sus puertas se abren y de este sale un grupo de hombres que portan pistolas, algunos encapuchados. Aparentemente con la intención de cometer un asalto o un secuestro, los implicados corren hacia el auto de su víctima, mientras que esta, en cambio, retrocede rápidamente para alejarse. Al percatarse de que el ciudadano iba a seguir distanciándose, tras haber llegado incluso a apuntar sus armas al parabrisas para atemorizarlo, los antisociales regresan al carro del que se apearon y escapan de la zona, mientras un respiro de alivio es emitido por el ocupante del auto desde el que se grabó lo ocurrido. Este proceder, reportado en redes sociales como una nueva modalidad de asalto armado registrado en esa carretera, que lleva a más de una decena de conjuntos residenciales, «atrapa» a la víctima puesto que al ingresar al retorno queda apartada de la vía principal por un separador que se alza sobre la calzada. El video captó los rostros de varios de los implicados y la placa del automotor que fue utilizado (que habría sido duplicada según reportes de ciudadanos en redes sociales), por lo que internautas exigen en redes sociales que la Policía investigue, localice y capture a los sujetos, resaltando que el hecho se suscitó en un sector residencial de la ciudad y muy concurrido.

Durante más de una década, la empresa Lafattoria ha monopolizado los contratos para la alimentación en las prisiones del Ecuador, luego de que se construyeron las megacárceles en 2014. Cada año la empresa le factura al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) más de 20 millones de dólares por el servicio. Pero ahora será investigada por Fiscalía, ya que hay un informe reservado que la señala de presuntas irregularidades. El último contrato de Lafattoria para proveer de alimentación a las cárceles fue el 5 de octubre de 2023, por 23 millones de dólares, según la rendición de cuentas del SNAI. En 2021, Vistazo expuso cómo esta empresa se hizo con el monopolio de la alimentación en las escuelas y cárceles, con contratos de cientos de millones de dólares. Tanto el SNAI como el Ministerio de Educación han intento dar de baja estos contratos, sin resultado alguno. Pero ahora las cosas pueden cambiar. La empresa está en el ojo del huracán debido a que la recientemente creada Secretaría General de Integrad Pública, del gobierno de Daniel Noboa, ha pedido a la Fiscalía investigar “presuntos ilícitos”, según un oficio entregado este 2 de mayo a la Fiscal General Diana Salazar. Esto se desprende de las alertas emitidas por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por “presuntos actos ilícitos de carácter penal, relacionados con el denominado ‘Caso Alpha’”. El asambleísta azuayo Adrián Castro, quien también acudió a la Fiscalía, refirió que la información que el gobierno entregó es una noticia criminis, que surgió en el marco de la Cooperación Interinstitucional Anticorrupción que se conformó hace unas semanas. Como resultado se emitió un informe de carácter reservado, que ahora pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía. No se conoce si el contenido de dicho informe refiere a los contratos de alimentación u otros motivos. Castro dijo que, como parte de las facultades de fiscalización de los asambleístas, hará el seguimiento para que la investigación tenga respuesta y respaldar la lucha contra la corrupción

La norma que permitió el alza del Impuesto al Valor Agregado al 15 % (IVA) será revisada por la Corte Constitucional, tras que este órgano admitiera a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley para el Conflicto Armado Interno, el pasado 30 de abril. La petición que fue aceptada pertenece a la Cámara de Comercio de Guayaquil. El incremento de este gravamen también fue impugnado, por separado, por la bancada de Revolución Ciudadana y la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT). El gremio empresarial, liderado por Miguel Ángel González, señaló denuncia razones de forma y fondo de por qué esta normativa no cumple con la Constitución ecuatoriana para la creación y modificación de impuestos. Una de ellas es que la Asamblea Nacional transformó el proyecto remitido por Daniel Noboa, que solo contemplaba el alza del IVA, para crear nuevas contribuciones temporales (a las sociedades y a otras entidades del sector financiero) y para modificar algunos otros impuestos (Salida de Divisas, IVA en materiales de construcción). «El proyecto que nos ocupa comporta una transgresión aun más grave porque no solo modifica elementos esenciales de tributos existentes, sino que crea otros nuevos, sin que hubiere mediado la iniciativa del Ejecutivo en ninguno de los casos», comentaron. Argumentan que este tema ya tenía antecedentes en la Corte Constitucional, dado que las iniciativas de leyes sobre materia tributaria son de competencia exclusiva del presidente, y que este órgano ha declarado en pasadas ocasiones la inconstitucionalidad de leyes, que por iniciativa de la Asamblea, han suprimido impuestos. El máximo órgano de justicia constitucional negó la solicitud de suspensión provisional de la Ley para el Conflicto Armado Interno, pero señaló que se continuará la sustanciación de esta semana. La Corte Dio un término de 15 días para que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado para que intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas demandadas. Asimismo, solicitaron a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, para que, en el término de quince días, remitan el expediente con los informes y demás documentos que dieron origen a las normas demandadas. Este 1 de mayo se cumple un mes desde que entró en vigor el alza del IVA al 15 %. https://t.co/bm7Vbhvj0n realizó un recorrido por dos mercados principales del norte de Quito para constar cuáles son los precios de los productos. 🛒

Un agente fiscal de Francisco de Orellana fue llamado a juicio por su presunta participación en el delito de concusión. La decisión fue anunciada por el Juez, luego de analizar los elementos de convicción presentados en la audiencia preparatoria de juicio. Según lo expuesto por el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado a cargo del caso, esta causa empezó luego de que se presentara una denuncia en contra del hoy procesado, Álex A., por el presunto acto de corrupción. De inmediato se abrió la respectiva investigación, que contó con el acompañamiento de la Dirección de Transparencia en la Gestión de Fiscalía, lo que permitió obtener los elementos de convicción necesarios para formular cargos contra el funcionario público. La denuncia fue presentada a través del Buzón de Transparencia, que se encuentra en la sitio web institucional. En esta, una mujer informó que un agente fiscal en la provincia de Orellana, en 2020, le habría pedido dinero (alrededor de 8.000 dólares) para actuar a favor de un familiar en un caso de violación por el que era investigando. La víctima relató que el ofrecimiento no se cumplió y que –por esa razón– pidió la devolución del dinero, lo que habría ocurrido en 2022, luego de meses de presión por parte de la mujer. Durante la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía presentó como principales elementos de convicción: las versiones de la víctima y de su hermana, quien solicitó un crédito bancario para cancelar el dinero solicitado por el ahora procesado; y, una pericia contable que evidencia el movimiento de dinero e información bancaria respecto a la devolución del monto entregado por la víctima. Se incluyeron informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y documentos que determinan que el involucrado es funcionario de Fiscalía, y que el día de los hechos se encontraba de turno. A ellos se sumaron las pericias practicadas a la información extraída de teléfonos celulares y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Luego de escuchar los argumentos expuestos por la Institución, el Juez de Especializado en Corrupción y Crimen Organizado a cargo del caso dictó el auto de llamamiento a juicio y las medidas cautelares de prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la autoridad y el uso del dispositivo de vigilancia electrónico para el procesado. El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena máxima de siete años de pena privativa de libertad.

Investigan las causas de este trágico siniestro La madrugada de este jueves se registró el volcamiento de un bus de transporte interprovincial en la vía Panamericana del trayecto Machala – Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Como resultado de este trágico siniestro cuatro personas murieron y 22 resultaron heridas. Tras la alerta recibida, casi a las 02:00, al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de la localidad, Ministerio de Salud Pública y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quienes, a través de unidades de atención y rescate brindaron asistencia a las personas afectadas. Cuatro fallecidos y 22 heridos en volcamiento de bus en la vía Machala – Santa Rosa (ECU 911)Una vez en sitio, el personal de las instituciones de respuesta confirmó el fallecimiento de las cuatro personas y la veintena de heridos, mismos que recibieron valoración médica y posterior, fueron derivados a distintas casas de salud de la provincia de El Oro. Varios pasajeros salieron por sus propios medios mientras que otros quedaron atrapados en el automotor. También constataron que se trataba de la unidad 94 del bus de la Cooperativa Loja, la cual quedó volcada en medio de una bananera. Uniformados de la CTE levantan indicios de las posibles causas, que pudieron originar que el vehículo termine volcado, provocando este lamentable incidente.

Este 1 de mayo se conoció que el FBI perició el teléfono del candidato presidencial Fernando Villavicencio y envió a Fiscalía su contenido en otro dispositivo por courier. Esto ocurrió en diciembre de 2023, mientras aún se desarrollaba la etapa de instrucción fiscal. Cuando el Ministerio Público recibió este dispositivo entró a cadena de custodia y fue examinado por Criminalística. La revelación de esta información la hizo la fiscal del caso, Ana Hidalgo, durante una comparecencia en la comisión ocasional de la Asamblea que investiga las responsabilidades políticas del crimen. Audiencia de juicio para los procesadosEn esta comparecencia también se dio a conocer que la audiencia de juicio contra los cinco presuntos autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio se desarrollará desde las 08:30 del lunes 13 y martes 14 de mayo de 2024. Hidalgo agregó que durante la instrucción fiscal también se han recopilado indicios para una nueva investigación que lleve a los autores intelectuales del magnicidio. «Es una investigación previa que tiene una garantía de reserva, por lo cual no puedo revelar la información que contiene», explicó. ¿Quiénes están llamados a juicio? El pasado 28 de febrero, la jueza Irene Pérez llamó a juicio a cinco sospechosos: Carlos Edwin A. L., alias El Invisible, Laura Dayanara C. V., Erick R. P., Víctor F. y Alexandra Ch. F. Fiscalía acusó a Carlos Edwin A. L., alias El Invisible, como autor mediato del crimen, señalando que desde la cárcel de Cotopaxi dio la orden de matar al entonces candidato presidencial. A Laura Dayanara C. V. le determinó responsabilidad de coautora, señalando que estuvo encargada de la logística, como dar dinero y motos a los sicarios. Mientras que Alexandra Elizabeth C. F., Erick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F., Oscar Andrés F. F. fueron acusados como cómplices