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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Este lunes 1 de julio del 2024 se instaló el tercer día de audiencia de juicio contra cinco personas por el asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de los testigos, que compareció durante la jornada, reveló que el excandidato presidencial le contó que fue amenazado por ciertos asambleístas. La Fiscalía llamó a la audiencia a los agentes que se encargaban de la protección del también periodista. El primero en narrar su versión fue Cristian C., capitán de la Policía, quien brindó algunos detalles de lo que ocurrió el día del crimen. Contó que Villavicencio arribó a Quito el 9 de agosto del 2023 a las 11:30 y se reunió con él a las 14:30 para retirarlo de su domicilio. Luego se dirigieron a un restaurante, donde se mantuvo un diálogo con la persona que se encargaba de la comunicación de la candidatura. Después fueron al mitin político programado, que concluyó a las 18:00. Salieron por la misma puerta por la que ingresaron, evacuando al excandidato de forma normal, “adoptando las medidas pertinentes”, aseguró Cristian C. Sin embargo, comentó que al bajar las gradas, escuchó los gritos de una persona que dijo “sácale”, lo que se le hizo raro dentro de un coliseo que estaba completamente lleno. Agregó que caminaron algunos pasos más para llegar a la camioneta que los movilizaría, pero cuando abrieron la puerta, escuchó varias detonaciones provenientes de muchos lugares. “Saqué mi pistola para repeler el ataque. Había muchas personas cerca. Fui por detrás de la camioneta y vi que pasaron dos motocicletas a mi costado izquierdo. Ingresé a la camioneta y lo vi herido”, indicó el policía. Según el testimonio, de inmediato llevaron a Villavicencio a una clínica cercana, donde se enteró que su protegido había fallecido. Así mismo, el policía dijo que las armas del equipo de seguridad fueron retiradas para practicar las pruebas pertinentes, una vez conocido que otra persona murió en el ataque. Mientras tanto, Luis C., cabo primero de Policía, quien manejaba la camioneta gris en la que fue disparado Villavicencio, comentó que no pudo arrancar el vehículo porque “había gente delante”. Señaló que una persona pasó junto a la ventana para continuar disparando. Entonces, salió de la camioneta para repeler el ataque: disparó varias veces y avanzó hasta el sujeto, a quien pudo controlar en el piso. Luego, el sospechoso se quedó a recaudo de otro compañero policía: “Mi Capitán (jefe de seguridad de Fernando Villavicencio), me indicó que regresara al vehículo y manejé en contravía hasta la clínica, donde fue atendido. Hice una llamada a mi superior para solicitar apoyo”, acotó. SALTAN NOMBRES DE ASAMBLEÍSTASPor otro lado, Cristian C. reveló que el entonces candidato presidencial le refirió que algunos asambleístas lo habían amenazado: “Roberto C., Ronald G., la asambleísta (Paola) C., Walter G. y Ronny A”, detalló el oficial. También, manifestó que conoció que Villavicencio recibió una amenaza para que no se refiriera a alias ‘Fito’, líder de la banda criminal ‘Los Choneros’. Se espera que luego de que la Fiscalía presente estas y otras pruebas, el juez emita una condena contra cinco personas que participaron en la ejecución del asesinato. La familia de la víctima ha insistido en que el caso tiene un trasfondo político Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Conozca los montos y los casos en los que se sancionará a los comerciantes. El SRI aplicará multas de hasta USD 13 800 a quienes no entreguen comprobantes de ventaImagen referencial de los controles que realiza el personal del SRI. El Servicio de Rentas Internas (SRI) aplicará multas de hasta 30 salarios básicos, equivalentes a USD 13 800, a los comercios que no entreguen comprobantes de venta en cada transacción. También se sancionará a quienes no envíen los comprobantes de venta electrónicos al SRI. El personal de la institución controlará el cumplimiento de la entrega de comprobantes de venta, tanto físicos como electrónicos, a escala nacional, mediante operativos de control, acciones de gestión tributaria y en atención a denuncias de los contribuyentes. Recuerde que también se considera como no entrega de comprobantes a los siguientes casos: Comprobantes de venta físicos con autorización caducada. Comprobantes de venta electrónicos sin que el contribuyente esté autorizado para su emisión. Comprobantes de venta cuya autorización pertenezca a otro contribuyente. Comprobantes de venta no autorizados.Falta de envío de los archivos XML y la representación impresa del documento electrónico (RIDE) del comprobante al correo electrónico del cliente. ¿Cómo se calculan las multas?El SRI aplica las multas según la tabla de cuantía de sanciones pecuniarias, expresadas en Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU) del trabajador en general. Multas que aplicará el SRI por no entregar comprobantes de ventaRBU: remuneración básica unificadaTabla con 3 columnas y 7 filas.Contribuyente Multa por no entregar comprobantes de venta Multa por no transmitir a la Administración Tributaria comprobantes de venta electrónicosGrandes contribuyentes y grandes patrimonios (20 RBU) USD 9 200 (30 RBU) USD 13 800Contribuyente especial (No considerados como grandes contribuyentes o grandes patrimonios) (10 RBU) USD 4 600 (15 RBU) USD 6 900Sociedades diferentes a sin fines de lucro, sucesiones indivisas y personas naturales, obligadas a llevar contabilidad (no considerados como grandes contribuyentes o grandes patrimonios ni contribuyentes especiales) (7 RBU) USD 3 220 (10 RBU) USD 4 600Sociedades sin fines de lucro (4 RBU) USD 1 840 (5 RBU) USD 2 300Sucesiones indivisas y personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad (no considerados como grandes contribuyentes o grandes patrimonios ni contribuyentes especiales) (4 RBU) 1 840 (5 RBU) USD 2 300Contribuyentes considerados como negocios populares dentro del Régimen RIMPE (1 RBU) USD 460 (1 RBU) USD 460Contribuyentes no inscritos en el RUC (1 RBU) USD 460 (1 RBU) USD 460 Recuerde que puede denunciar la no entrega de un comprobante tributario en la página oficial del SRI, haciendo clic aquí. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La Policía Nacional capturó este viernes a cuatro presuntos implicados en el asesinato del agente Germán Morales, quien perdió la vida durante una emboscada en el sector de Nueva Prosperina en Guayaquil. La institución realizó varios operativos en Flor de Bastión, lo que permitió localizar y detener a los sujetos, que pertenecerían al grupo criminal ‘Los Tiguerones’. Además, se incautó dos armas de fuego, cartuchos, cinco dispositivos móviles, un vehículo y una alimentadora. Por el momento, la Policía no ha revelado la identidad de los sospechosos, pero se espera que en las próximas horas brinde más detalles. ¿CÓMO FUE LA EMBOSCADA?El pasado 4 de julio, un grupo de servidores policiales realizó un patrullaje preventivo en la comunidad de Balerio Estacio, en el norte de Guayaquil, como parte de las acciones de seguridad ejecutadas en el Distrito de Nueva Prosperina. Sin embargo, de manera repentina, los agentes fueron atacados a disparos. El cabo Germán Morales, de 41 años, recibió varios impactos de bala en su cuerpo y, a pesar de la rápida respuesta de sus compañeros y del personal médico, no pudo sobrevivir a las graves heridas. Morales, oriundo de la provincia de Bolívar, tenía 16 años de servicio en la Policía Nacional. La institución mencionó que el agente se destacó por su labor en el subsistema preventivo. Mientras que, el cabo Jairo Riera, de 38 años, resultó herido en el ataque. Una bala le perforó el hombro izquierdo y fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica oportuna. “Este fatídico hecho nos recuerda los riesgos que enfrentan a diario las damas y caballeros de la paz para cumplir con su misión constitucional de servir y proteger a todos”, mencionó la Policía en un comunicado. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Tras la alerta del @ECU911 sobre la agresión con arma blanca a una mujer, por parte de su conviviente, quien presumiblemente bajo efectos de sustancias sujetas a fiscalización, habría apuñalad0 a su conviviente e hijo de 1 año 9 meses, en el sector de la iglesia de Gualaquiza, #MoronaSantiago. Unidades de Policía Nacional inmediatamente localizaron al implicado por el terminal terrestre, quien al percatarse de la presencia policial, procede a atacarlos con un cuchillo, siendo abatido mediante el #UsoLegítimoDeLaFuerza. La mujer y el menor que fueron atacados, reciben atención en casas de salud donde se encuentran estables. Además personal de #Dinapen brinda asistencia y apoyo a los otros tres hijos que tenía la víctima. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El tema está en manos de la Fiscalía y es un nuevo escándalo que envuelve a esa central que entró en etapa de pruebas. La hidroeléctrica Toachi Pilatón sufrió un intento de sabotaje hace un mes, según CELEC, que esta semana lo hizo público. Esa hidroeléctrica está en etapa de pruebas y, según ofreció CELEC entrará en funcionamiento el primer trimestre del próximo año entregando 200 megavatios al país. Hidrotoapi, que es la Unidad de Negocios de CELEC encargada de la obra, presentó la denuncia el 4 de junio en la Fiscalía de Santo Domingo. Fabián Calero, gerente de CELEC dio más detalles de la denuncia: «Sacaron dos fusibles del sistema de drenaje de la Central. Nosotros como administración presentamos una denuncia el 4 de junio en la Fiscalía por intento de sabotaje de esa unidad, que es lo que implica eso que posiblemente al no operar el sistema de drenaje, la casa de máquinas termine inundándose». El intento de sabotaje, denunciado por CELEC, se produce cuando esa entidad está en un proceso de mediación con la empresa rusa Tyazhmash, que es la que instaló los equipos electromecánicos de la hidroeléctrica. El plazo que esa empresa tenía para concluir sus trabajos culminó en marzo, pero junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército siguen trabajando y la central entró en la etapa de pruebas. Las primeras fueron para verificar el funcionamiento de las compuertas y otra para comprobar cómo funciona el ingreso del agua hacia las turbinas. El caso de sabotaje está en indagación en la Fiscalía de Santo Domingo y según el Código Integral Penal, cuando se comete en la infraestructura estratégica del Estado, se sanciona con cárcel de hasta 10 años. Patrocinado ¡Promociónate con nosotros!