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La Contraloría General del Estado (CGE) dispone a todos los servidores públicos del país que realicen una declaración patrimonial jurada periódica, entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2024, independientemente del tiempo transcurrido desde la última declaración patrimonial jurada presentada. El trámite es gratuito y se efectúa únicamente a través de la página www.contraloria.gob.ec, opción servicios en línea. La CGE efectúa este requerimiento, que es de cumplimiento obligatorio, amparada en las facultades establecidas en los artículos 229 y 231 de la Constitución de la República, que establecen que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial jurada, al iniciar y finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley. La Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas prevé que la CGE podrá solicitar la actualización o presentación de una nueva declaración, independientemente del inicio o fin de gestión de los servidores, para fines de comparación con las anteriores. Para conocer cómo realizar la declaración patrimonial jurada puede observar el video tutorial publicado en las redes sociales de la CGE. Antes de efectuar la declaración, cada servidor/a o trabajador/a, en caso de requerirlo, debe suscribir el Acuerdo de uso de medios electrónicos.Datos claves Cuando un servidor ha tenido varios cargos dentro de la misma institución, en “DESDE” se especificará la fecha del primer nombramiento o contrato. No la del último cargo asignado. Para corregir errores u omisiones en la declaración patrimonial jurada, los servidores tienen un plazo de diez días, que se cuenta desde la fecha de presentación de la Constancia de Otorgamiento en las Unidades de Talento Humano, para lo cual deben justificar en el nuevo formulario cada cambio realizado. Las máximas autoridades de todas las instituciones y organismos del Estado, en coordinación con las respectivas unidades de talento humano, deben verificar el puntual y estricto cumplimiento de esta disposición y remitir un reporte a la CGE hasta el 30 de agosto de 2024, con el detalle de quienes no hayan cumplido la disposición, a fin de verificar el incumplimiento y solicitar la aplicación del régimen disciplinario por parte de cada entidad. La Contraloría garantiza la transparencia y el acceso a la información pública con un tratamiento responsable, adecuado y seguro de los datos que constan en las declaraciones patrimoniales juradas. Por ello, invita a los servidores públicos del país a cumplir con esta obligación con transparencia e integridad.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el pedido de la asambleísta Gissela Garzón (Revolución Ciudadana) de darle seguimiento al embarazo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para retomar el proceso de juicio político en su contra. El correísmo ha puesto en tela de duda el estado de gravidez de la funcionaria. En reunión reservada, el CAL avocó conocimiento de la solicitud enviada por Garzón al presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, para darle seguimiento al trámite legislativo contra Salazar, que se suspendió en mayo pasado luego que ella notificara que estaba embarazada. La fiscal solicitó al Parlamento que se garantice y respete su derecho a tener «un embarazo en paz». Finalmente, el pedido de Garzón no tuvo respaldo. El legislador Diego Matovalle, de ADN, indicó a Ecuavisa que el pedido ni siquiera fue sometido a votación por no tener «una motivación suficiente». En una primera carta enviada a Kronfle el 19 de junio, Garzón -en calidad de proponente del juicio a la fiscal- pidió que se informe sobre el estado actual de Salazar para determinar si ya se podía dar continuidad al proceso de juicio político. Consideraba que el estado de gravidez de la fiscal es un asunto de interés público. El CAL le respondió en un memorando que no existía ningún cambio. El organismo basó su contestación en el certificado médico que fue entregado por Salazar cuando hizo público su embarazo. El documento está avalado por el IESS y certifica que pasa por un alto riesgo. El 7 de julio Garzón insistió. Envió un segundo requerimiento con el que solicitó que se incluya, en la siguiente sesión del CAL, el tratamiento y seguimiento del juicio político. El correísmo está convencido, según lo expuesto incluso en un video que subió a su cuenta en la red social X el expresidente Rafael Correa, que Salazar no pasa por un embarazo de alto riesgo. En un comunicado, la fiscal rechazó «las infamias de los mentirosos de siempre que, con tal de conseguir impunidad, han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal sino moral, ética y humana». Y le recordó a la Revolución Ciudadana que la información relacionada con su embarazo está protegida bajo el derecho a la intimidad, por lo tanto divulgarla es un delito. Este viernes 12 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Salazar se irá de vacaciones y que no va a pedir una licencia como se indicó en diferentes plataformas de redes sociales.

Salió la mañana de este viernes 12 de julio de una prisión de mujeres en Chillogallo, en Quito, en un vehículo militar. Mayra Salazar, una de las 52 procesadas en el caso Metástasis y pieza clave en el caso Purga, fue trasladada a la cárcel de Cotopaxi. Salió la mañana de este viernes 12 de julio de una prisión de mujeres en Chillogallo, en Quito, en un vehículo militar. Sus abogados temen por su vida, pues aseguran que esa cárcel no ofrece las garantías necesarias para su defendida. En conversación con Ecuavisa.com, el jurista Christian Marín indicó que desconocía el motivo del traslado y que había intentado conversar con la directora de esa prisión, pero no logró tener una respuesta. – En breve más información –

Un funcionario de la Fiscalía de La Libertad, provincia de Santa Elena, fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su casa. El Ministerio Público abrió una investigación. Se trata de Óscar Cabezas Velasco, secretario de la Unidad de Personas y Garantías del Ministerio Público. El pasado miércoles 10 de julio del 2024, el hombre caminaba a su vivienda, ubicada en el barrio UNE del cantón La Libertad, cuando sujetos motorizados lo interceptaron y dispararon. La Fiscalía abrió una investigación tras la muerte violenta. Además, dispuso el levantamiento del cadáver y la práctica de la autopsia. También, ordenó la extracción de información de cámaras de videos ubicadas en los alrededores del lugar de los hechos, donde se levantaron 10 indicios balísticos. Por su parte, el agente fiscal Víctor Tomalá, quien arribó al sitio del crimen, comentó que la víctima era jefe de familia y, al parecer, formaba parte del programa de víctimas y testigos. Este sería el segundo funcionario de la Fiscalía asesinado en la provincia de Santa Elena. El abogado Andrés Matías Orozco también fue víctima de sicariato en el barrio Enrique Candell del cantón Santa Elena. “No hay seguridad ni para los funcionarios, ni para la ciudadanía. Actualmente, la provincia está en estado de excepción, pero debe haber un mayor control para combatir la delincuencia”, comentó Víctor Tomalá. Mientras tanto, las muertes violentas en la provincia de Santa Elena ascienden a 105 en lo que va del año.

La fiscal Diana Salazar denunció este 11 de julio que han filtrado información sobre su embarazo y anunció que tomará acciones legales. En un comunicado difundido en su cuenta personal de la red socia X, Salazar aseguró que esta filtración fue «proporcionada por una mujer» y citó artículos legales que indican que la divulgación de la información privada de una persona está penada por la ley y viola sus derechos «como ciudadana y como mujer embarazada a la privacidad y confidencialidad…». Con un mensaje severo, expresó que no va a tolerar más «infamias de los mentirosos de siempre», aunque no se precisa a quién o a quiénes se refiere. Propuesta de Salazar para los «inescrupolosos»Sí insinuó que hay quienes creen que su embarazo es una mentira y en este sentido retó a «todos los mentirosos e inescrupulosos a que propongan tres médicos para que sean estos profesionales de la salud quienes certifiquen que todo lo que dice esta banda (porque eso es lo que son) es una vil mentira». Salazar resaltó que si bien es una funcionaria con alto nivel de exposición pública y mediática, su vida personal es privada. «La vida que crece dentro de mí, la privacidad de nuestra familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañan a nadie más que a nosotros como familia». Solicitud para seguimiento a su juicio políticoEl comunicado de Diana Salazar coincide después de que este jueves el expresidente Rafael Correa hiciera un comentario sobre su embarazo. «Si la fiscal tenía un embarazo de alto riesgo, ¿por qué no pidió licencia en la Fiscalía?», expresó en su red social X. Este jueves también se conoció que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) dar seguimiento a la solicitud de juicio político, que se encuentra suspendido por su embarazo. No obstante, Garzón explicó que nunca ha pedido información sobre su embarazo o estado de salud. «Lo íntimo, incluido el estado de salud de todo funcionario, no nos compete ni se ha mencionado en ningún documento firmado por mi persona», sentenció.

La intención de eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República, vuelve a la Asamblea Nacional. Este 11 de julio de 2024, el asambleísta de Construye, Paúl Buestán presentó un proyecto de ley para eliminar ese beneficio. Esta vez, el proyecto busca que se elimine el título XII de la Ley Orgánica de Servicio Público en el que se incluyen los dos artículos que norman la entregan de eso recursos a exmandatarios. Buestán dijo que el objetivo es el ahorro de esos recursos ya que hay una incongruencia en la normativa porque tanto expresidentes como exvicepresidentes ya no son funcionarios públicos y esa ley norma precisamente el ejercicio de quienes son parte del servicio público. “Se sigue destinando aproximadamente USD 85.000 mensuales para pagar a 27 privilegiados del país. Tienen que extinguirse estas pensiones”, dijo el legislador de Construye después de presentar su proyecto. La propuesta es que, en caso de ser aprobado, no solo deje de pagarse ese rubro a los próximos presidentes y vicepresidentes cuando dejen el cargo; sino también a los actuales beneficiarios, sus herederos o conyugues. Una vez presentado el proyecto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo. Después de eso sería remitido a una comisión que maneje una temática acorde al proyecto. No es el primer intento para eliminar pensionesLa eliminación de las pensiones vitalicias ha rondado la Asamblea en los últimos tres periodos legislativos. Además, en 2019, el colectivo Quinto Poder Somos Todos, recogió friams para impulsar esa medida. Sin embargo, la acción no se ha concretado. Lo último que se trató respecto a este tema es un reajuste a ese rubro. En febrero de 2023, la Asamblea tenía previsto tratar en segundo debate el informe elaborado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores en el que se establecía una reducción del 25%

Rosa Argudo, secretaria nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), habló a través de un video publicado en su cuenta de YouTube sobre las acusaciones por presunto nepotismo y tráfico de influencias. El proceso lo siguen cinco asambleístas de Azuay. El sindicato convocó a una asamblea extraordinaria el jueves 10 de julio de 2024, por zoom. Los puntos del orden del día fueron las «denuncias maliciosas de asambleístas» y la «toma de la organización por asalto». En el video, desarrollado en modalidad entrevista, Argudo detalló y respondió que, a raíz de la fiscalización, ella y su familia habrían recibido amenazas de muerte. Además, responsabilizó a los asambleístas de Azuay y al dirigente del Frente Unitario de Trabajadores Sebastián Cevallos de lo que le pueda pasar. «Responsabilizo a los asambleístas de lo que me pase a mí y a mi familia». También señaló que ella es blanco de investigación porque hay intereses de parte de los asambleístas. «Lo que buscan es tapar la mala práctica médica que hay en el IESS». Ella habría solicitado una reunión con los legisladores en enero de 2024. Menciona que el objetivo era buscar apoyo político para quitar la «deficiencia» que existe en el Hospital del IESS José Carrasco Arteaga. «Buscábamos construir dos torres médicas junto al hospital». Ahí funcionarían áreas de oncología, hematología, pediatría y clínica. «No es mi responsabilidad como sindicalista, pero sí como ciudadana», mencionó. A la cita solo llegaron dos delegados de los asambleístas. «Dijeron que les mandaron a oír», comentó. Su comparecencia La mujer detalló que el 25 de junio de 2024 asistió a la Casa Legislativa de Azuay para acompañar al gerente del hospital José Carrasco. Según su versión, imaginó que aportaría con información sobre el presunto caso de negligencia en el que presuntamente operaron a una menor en la pierna equivocada. Sin embargo, detalló que fue “emboscada”. “Me preguntaron sobre lo sindical, saliéndose totalmente del tema de negligencia por la operación de la niña en su otra pierna…Me llevaron con engaños, me cogieron sin documentos y desprevenida». Sobre el sindicato Argudo detalló que en el Sindicato Único de Trabajadores del IESS en el que es secretaria hay 5.357 personas registradas que están bajo el Código de Trabajo y contratación colectiva. Sobre su proceso de reelección, señala que sus compañeros de base la respaldaron por cinco ocasiones consecutivas con un 90% de respaldo. Presunto nepotismo La secretaria detalló que en el IESS no solo trabajan sus familiares. «No solo trabaja mi familia sino la familia de muchos funcionarios en el Ecuador». Trabajan 15, 12, 20, 8 miembros por funcionario». Señaló también que sus tres hijos y su nuera trabajan en esa casa de salud tras ganar un concurso público. “El nepotismo ocurre cuando una autoridad nominadora designa autoridades. Yo soy obrera, no autoridad», detalló. Presunto tráfico de influencias La investigada dijo que los asambleístas deben probar que existe tráfico de influencias. Sobre el hotel San Antonio, ubicado en Cuenca, detalló que este hotel pertenece a la Confederación de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señaló que el Registro Único de Contribuyentes está a nombre de su hijo Pablo Terreros, porque es un miembro base de la organización y él apoyó en los trámites para obtener los permisos de funcionamiento. Menciona que tiene las escrituras que avalan que el hotel le pertenece a dicha Confederación. Máquinas dispensadoras En cuanto a las máquinas dispensadoras de alimentos que funcionaban en varias casas de salud ratificó que en junio de 2021, en un acuerdo entre particulares, las máquinas fueron adquiridas por su hija Eulalia Terreros. «Mi hija pagó USD 200 en la tesorería del hospital», argumentó. Rosa Argudo fue notificada por la Contraloría General del Estado el 8 de julio de 2024. La institución le practicará un examen especial. Dijo que ella y sus familiares no tienen miedo de abrir sus cuentas.