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CDL Noticias La ciudadana extranjera alertó que le habrían sustraído su billetera mientras viajaba en la unidad. Tres personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional tras un presunto hurto ocurrido la tarde del 12 de febrero de 2025 en el interior de una unidad de la Metrovía, en el sector de La Prensa y Falconí, norte de Quito. Según el reporte policial del Distrito de Policía Eugenio Espejo, el procedimiento se realizó alrededor de las 13:00 en la parada “La Y”, luego de una alerta emitida a través de la central de radio. La alerta dentro del bus De acuerdo con la información policial, una ciudadana de nacionalidad alemana manifestó que, mientras se movilizaba en sentido norte-sur, se percató de que el cierre de su canguro estaba abierto. Ante la sospecha de hurto, solicitó ayuda a los pasajeros. Varias personas indicaron que habrían observado a una mujer introducir la mano en el bolso de la afectada y sustraer una billetera verde. Según los testimonios recogidos en el lugar, en medio del reclamo dentro del bus, la sospechosa habría arrojado la billetera debajo de un asiento. La afectada recuperó el objeto y verificó que en su interior se encontraban sus pertenencias, entre ellas una tarjeta bancaria y USD 20 en efectivo. Presunta actuación en grupoLa denunciante señaló además que la mujer habría abordado la Metrovía acompañada de dos personas más, quienes durante el trayecto se ubicaron muy cerca de ella, especialmente cuando el vehículo realizaba movimientos bruscos. A la llegada de los uniformados, varios pasajeros ratificaron lo ocurrido, aunque no quisieron identificarse por temor a represalias. Aprehensión en flagranciaAl tratarse de una presunta infracción flagrante, los uniformados procedieron a la aprehensión de tres ciudadanos, quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso legal correspondiente. El hecho fue reportado al ECU 911 y quedó en conocimiento de las autoridades judiciales. El coronel Armando Chávez, jefe del distrito Eugenio Espejo manifestó que las alertas ciudadanas son fundamentales para articular acciones oportunas y poder aprehender en delito flagrante a presuntos delincuentes. “En este caso, tuvimos la colaboración oportuna de la ciudadanía, lo que nos permitió actuar de forma inmediata”, puntualizó.

CDL Noticias El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresó su preocupación por los crecientes indicios de autoritarismo gubernamental que se vive en el Ecuador. Y alertó a la comunidad nacional e internacional, por una serie de hechos que desnaturalizan la convivencia democrática en la sociedad. El CDH señaló que se ha evidenciado un patrón de utilización de diversos órganos del aparato de Estado ecuatoriano que operan al servicio del Ejecutivo, para controlar, perseguir, silenciar, encarcelar y callar a periodistas cuya opinión resulta incómoda a los actuales funcionarios. También se busca silenciar a dirigentes sociales y neutralizar a las personas que ejercen la oposición política al Gobierno en el país. Casos La organización mencionó que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto procesos en contra del colectivo ambientalista “Yasunidos” y ha iniciado otros que pueden llegar hasta la eliminación del registro electoral de partidos de oposición y la supresión de derechos políticos, incluida a la excandidata presidencial, Luisa González. Otro caso es la nueva causa penal abierta por la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. “Resulta preocupante la forma en que se ejecutó su notificación: mediante un operativo policial de allanamiento en su domicilio, en horas de la madrugada. Este procedimiento luce desproporcionado considerando que el alcalde ya mantenía abierto otro proceso penal y comparecía de manera regular ante la propia Fiscalía”. La CDH indicó que a esto se suma la disposición de prisión preventiva, en un contexto penitenciario nacional reconocido por la presencia y control de grupos de delincuencia organizada (GDO), lo que incrementa los riesgos contra su integridad y su vida. Ante ello, el CDH expresó su preocupación por esta serie de hechos que “constituyen” una vulneración del carácter democrático de la Constitución

CDL Noticias La crisis afecta especialmente a quienes requieren fármacos críticos, como anestésicos y tratamientos para enfermedades catastróficas. Los pacientes de hospitales públicos enfrentan un verdadero viacrucis para conseguir medicinas esenciales y de uso delicado. La cruz se vuelve más pesada para quienes deben adquirir fármacos complejos, como anestésicos para cirugías. La escasez en las casas de salud obliga a médicos a entregar recetas informales, en pedazos de papel común y, en todos los casos, sin firma. En Ecuador no se pueden vender anestésicos sin receta médica. La comercialización de fármacos como propofol, midazolam y otros medicamentos controlados requiere obligatoriamente prescripción. Pero la falta de stock empuja a los pacientes a buscarlos. Algunas farmacias se niegan a venderlos. En otras, en cambio, los comercializan aun cuando saben que no pueden hacerlo. Un círculo que, ante el desabastecimiento, calificado como histórico por colegios médicos, se vuelve peligroso. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública permanece en silencio. Gremios médicos y de la sociedad civil exigen la designación urgente de un ministro de Salud, cargo que por ahora está encargado a la vicepresidenta María José Pinto.

CDL Noticias El presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, tiene prisión preventiva por presunta delincuencia organizada, relacionada con un presunto lavado de activos y defraudación tributaria. El presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, ingresó la tarde de este jueves 12 de febrero al Centro de Rehabilitación Social Azuay No. 1, conocido como la cárcel de Turi, en Cuenca, provincia del Azuay. El directivo cumple prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada, en el marco de una investigación que también incluye posibles casos de lavado de activos y defraudación tributaria. Álvarez fue trasladado al centro penitenciario como parte del proceso judicial del denominado Caso Goleada, que es investigado por la Fiscalía General del Estado. Durante el mismo operativo fueron detenidos sus hermanos, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Xavier Álvarez. En total, el proceso involucra a once personas. Ante esta situación, Barcelona SC informó mediante un comunicado oficial que Miguel Montalvo asumió la presidencia del club de manera temporal. Cabe recordar que Antonio Álvarez fue elegido presidente de Barcelona SC el 25 de mayo de 2025, tras imponerse en las elecciones con 1.159 votos, superando a Matías Oyola, quien obtuvo 686. Oyola, argentino-ecuatoriano, es considerado uno de los ídolos de la institución, tras consagrarse tricampeón nacional como jugador en 2012, 2016 y 2020.

CDL Noticias El exdirector regional Christian Marín, quien presentó la denuncia, insiste en que el ministro del Trabajo evitó comparecer y reitera sus acusaciones por presuntas presiones para levantar un impedimento contra Álvaro Rosero. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, no se presentó por cuarta ocasión consecutiva a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación previa por un presunto delito de tráfico de influencias. Así lo informó el abogado y exdirector regional del Ministerio del Trabajo, Christian Marín, quien presentó la denuncia en su contra. A través de su cuenta en la red social X, Marín aseguró que esta es la cuarta vez que el funcionario no comparece ante el Ministerio Público. “Es la cuarta ocasión que Harold Burbano no viene a la Fiscalía a rendir la versión por el delito de tráfico de influencias”, escribió, al insistir en que el caso debe avanzar. La denuncia surge a raíz de los hechos que, según el relato de Marín, lo llevaron a presentar su renuncia irrevocable como director regional del Ministerio del Trabajo. El exfuncionario sostuvo que el ministro habría ingresado a su despacho acompañado de asesores y le habría exigido levantar de manera inmediata el impedimento para ejercer cargo público que pesaba sobre Álvaro Rosero, quien había sido designado como ministro de Gobierno. De acuerdo con Marín, la orden debía cumplirse en un plazo de “tres minutos” y, según afirmó, se habría invocado incluso una supuesta disposición del presidente Daniel Noboa, versión que el exdirector dijo no creer. Para él, se trató de una presión indebida y de un procedimiento que no se ajustaba a los mecanismos administrativos correspondientes. Tras hacer públicas estas acusaciones, Marín acudió en el mes de enero a la Fiscalía para aportar información dentro de la investigación. En ese entonces, sostuvo que los hechos configurarían el delito de tráfico de influencias, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal cuando un servidor público utiliza su cargo para obtener decisiones o resoluciones en beneficio propio o de terceros.