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CDL Noticias La fiscal Diana Salazar pidió a la jueza Daniella Camacho fijar fecha y hora para la formulación de cargos. La fiscal Diana Salazar solicitó fecha y hora para vincular y formular cargos en contra de Andrés Arauz, Raúl González Carrión y Esther Cuesta por presunta asociación ilícita dentro del caso Ligados. Salazar dice que dentro de la instrucción fiscal «han aparecido datos de los que se presume la participación en el delito de asociación Ilícita» de las tres personas referidas. Ahora corresponde a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, fijar la fecha y hora para esta formulación de cargos. Cuando esto ocurra, la Fiscalía tendrá más tiempo para las investigaciones. En el caso Ligados ya se encuentran procesados los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, además de la vigente consejera Nicole Bonifaz. La Fiscalía ha revelado una serie de chats y audios en los que Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana, mantiene conversaciones con Verduga y Saltos sobre cómo dilatar la resolución del TCE que terminó destituyéndoles del Cpccs. En el caso de Esther Cuesta, ella llegó a presidir la Asamblea Nacional en enero de 2025, cuando el resto de legisladores se encontraban en campaña electoral. Fue señalada de demorar la posesión en el Parlamento de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos. Mientras que Raúl González Carrión era la figura que los consejeros del correísmo buscaban ubicar en la Superintendencia de Bancos, haciendo su propia interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional activó una fase de seguimiento al respecto, pero hasta la fecha todavía no se ha pronunciado.

CDL Noticias Un ataque armado fue perpetrado, la noche del domingo 18 de mayo del 2025, contra los ocupantes de un vehículo en el sector de Mucho Lote 1, en Guayaquil. La conductora fue asesinada. En la avenida Manuel Ignacio Gómez, en el norte de la ciudad, hombres armados persiguieron a la conductora de un vehículo que se movilizaba junto a sus familiares. Los sospechosos comenzaron a disparar y la mujer, de aproximadamente 35 años, murió. Personal de Criminalística acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Además, la Policía investiga para esclarecer las causas de esta muerte violenta. Según reportes preliminares, durante el ataque, la mujer recibió un impacto de arma de fuego y chocó el auto contra la baranda de una estructura. Luego, los armados se acercaron a la víctima para seguirle disparando. Por este hecho violento, una persona fue detenida. Además, los familiares de la víctima resultaron heridos y fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica

CDL Noticias Dos viviendas colapsaron en el sector de Santa María. En las últimas horas, se han reportado lluvias en distintos sectores del Distrito Metropolitano. La madrugada de este lunes 19 de mayo de 2025, se produjo un deslizamiento de tierra que dejó como resultado el colapso de dos viviendas en el sector de Santa María de Cotocollao, norte de Quito. 23 personas fueron evacuadas y se coordinan acciones con el Comité de Operaciones de Emergencia de Quito (COE-Q). Durante la noche del 18 y madrugada de hoy, se reportaron lluvias en distintos sectores del Distrito Metropolitano. Según datos levantados por el Municipio, el comportamiento pluviométrico de este año confirma una tendencia creciente en las precipitaciones, con una aceleración notable en el último quinquenio. Las cifras actuales superan ampliamente el promedio registrado en los últimos 25 años. Hasta el 9 de mayo, de las 30 estaciones pluviales que monitorean el Municipio, 18 rompieron sus récords históricos de acumulación de lluvias. Las más impactadas fueron: Antenas, Cruz Loma y San Francisco, con más de 1.000 mm.Y Aruquí, El Troje y Cotocollao, con más de 600 mm.Bellavista, Calderón y Solanda, con un aumento del 40 % sobre su promedio histórico.Antenas y Colinas Alto, entre 30 % y 50 % más que su récord anterior. Emergencia en Puembo El cerramiento del establecimiento educativo Leonardo Maldonado de Puembo, una parroquia rural ubicada a 30 minutos de Quito, se desplomó por las fuertes lluvias. 10 familias se encuentran amenazadas por la emergencia, se informó el noticiero de la comunidad de Televistazo. Los vecinos pidieron la presencia de los técnicos del Municipio para que evalúen los daños. Contaron que las aulas corren peligro, pero los estudiantes no están ocupando las aulas cercanas al sitio de la emergencia. De hecho, la gente teme que los paralelos caigan sobre las viviendas cercanas. También se destruyó un poste de alumbrado público. Los moradores contaron que las lluvias se dieron con mucha fuerza en los últimos tres días.

CDL Noticias La dro ga estaba oculta en un camión que presentaba modificaciones estructurales para camuflar el cargamento. En el marco de la operación antidrogas denominada “Resurgir”, ejecutada la mañana del 17 de mayo de 2025, la Policía Nacional incautó más de tres millones de dosis de cocaína en el distrito El Carmen, provincia de Manabí. La dro ga estaba oculta en un camión que presentaba modificaciones estructurales para camuflar el cargamento. La intervención fue liderada por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNIA), que, mediante técnicas de análisis de información y perfilamiento, inspeccionó un vehículo tipo camión en la vía La Bramadora. Los agentes identificaron una caleta metálica en la estructura del vehículo, donde se encontraban 260 paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia blanquecina. Tras realizarse las pruebas químicas, se confirmó que se trataba de cocaína. El conductor del camión, identificado como Hernando V., de 49 años y nacionalidad ecuatoriana, fue aprehendido en flagrancia. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido sería parte de una estructura criminal dedicada al transporte a gran escala de drogas, utilizando vehículos modificados para movilizar los estupefacientes desde la frontera norte hacia centros de acopio en Manta, desde donde serían exportados por vía marítima hacia mercados internacionales. En total, se incautaron 303.000 gramos de cocaína, equivalentes a 3’030.000 dosis, cuyo valor en el mercado internacional asciende a aproximadamente 15,6 millones de dólares. Además, se retuvo el vehículo involucrado y tres teléfonos celulares. Con esta operación, la Policía Nacional destacó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, logrando frenar un importante cargamento destinado a redes del crimen organizado transnacional.

CDL Noticias Ecuador negó la entrada de 23 ciudadanos extranjeros procedentes de Colombia, Brasil, Bolivia y Perú por no portar un certificado de vacuna contra la fiebre amarilla. El documento es requisito indispensable para ingresar al país desde el pasado lunes 12 de mayo para quienes lleguen desde esos destinos. Según datos del Ministerio del Interior publicados el sábado 17 de mayo del 2025 en la primera semana no se permitió el ingreso a ocho ciudadanos de Colombia, siete de Perú, uno de Brasil y otros siete de otras nacionalidades. Según la entidad, todos habían permanecido más de diez días en los países de los que se requiere el certificado y necesitan inmunización. La exigencia se aplica a viajeros que llegan por vía aérea, terrestre o marítima, como respuesta a la «alerta sanitaria regional» que afecta a varios países suramericanos, donde se han dado brotes de esta enfermedad. La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos. Puede afectar tanto a humanos como a primates y, en su fase tóxica, presenta complicaciones graves como fallo hepático, hemorragias e incluso la muerte. Los viajeros que lleguen al país desde los países vecinos deberán presentar un certificado de que la vacuna se aplicó al menos diez días antes del inicio del viaje. Aunque también se aceptarán vacunas puestas en años anteriores, ya que una sola dosis es suficiente para adquirir inmunidad contra la enfermedad de por vida. La medida incluye también a los ecuatorianos. En Ecuador se han reportado hasta el momento seis casos, todos en las provincias amazónicas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, fronterizas con Perú. Cuatro de ellos ya fallecieron. Desde el año 2000, la vacunación contra la fiebre amarilla forma parte del esquema regular en las provincias amazónicas de Ecuador, y desde 2009 se amplió a toda la población. Quienes nacieron en estos periodos cuentan con la protección a la enfermedad.

CDL Noticias Una banda delictiva que se autodenomina como los Viernes 13 se atribuyó los crímenes. Dos hombres que se encontraban en el interior de una peluquería fueron asesinados a tiros la noche del sábado 17 de mayo en el sector de El Conde, sur de Quito. Estas muertes violentas causaron consternación en los habitantes, quienes salieron de sus casas para presenciar qué había ocurrido tras escuchar detonaciones y la llegada de policías y ambulancias del Cuerpo de Bomberos Quito. Las víctimas mortales corresponden a un ciudadano ecuatoriano y un extranjero, quienes no registran antecedentes penales. La Policía dijo este domingo 18 de mayo que el ataque violento se trataría de una disputa de territorio entre bandas delictivas. Los sicarios dejaron un panfleto tras cometer los asesinatos. En el mismo se lee que atentarán contra integrantes de otras organizaciones delictivas y firmaron el papel con el nombre de Viernes 13.

CDL Noticias La falta de información sobre los derechos del consumidor permite que algunos comercios sigan cobrando de más por pagos con tarjeta, según expertos. En los últimos días, surgió una creciente preocupación entre los ciudadanos respecto a los recargos que algunos establecimientos están aplicando a los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito. Esta práctica genera diversas quejas, y muchos se preguntan si es legal o no. Para resolver estas dudas, hemos conversado con expertos en la materia. ILEGALIDAD DEL RECARGO De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el artículo 50 establece que el precio de un producto o servicio debe ser el mismo sin importar si se paga al contado o con tarjeta de crédito. Esto implica que no puede haber una diferencia en el precio final entre ambos métodos de pago, salvo que el establecimiento indique expresamente una diferencia en el precio en el local comercial. En otras palabras, el cobro de un recargo adicional por pagar con tarjeta es ilegal, a menos que esté debidamente informado al consumidor. El Ingeniero Carrillo Ayala, experto en asesoría empresarial, señala que este tipo de prácticas son una clara violación a los derechos de los consumidores. “El establecimiento comercial no puede trasladar el costo de la comisión que el banco cobra por el uso de la tarjeta al consumidor final. Este cobro debe ser asumido por el comercio, no por el cliente,” explica. COMISIONES BANCARIAS La Superintendencia de Bancos, encargada de regular las instituciones financieras, establece que las comisiones máximas que los bancos pueden cobrar a los comercios son del 4.02% más IVA por el uso de tarjetas de crédito y 2% por el uso de tarjetas de débito. Este cobro está destinado a cubrir los costos operativos del sistema bancario, pero no debe ser trasladado al cliente. Carrillo también destaca que, según las estadísticas más recientes de la Superintendencia de Bancos, el uso de tarjetas de crédito y débito ha incrementado significativamente. En 2023, las transacciones con tarjetas de débito y crédito alcanzaron los 398.69 millones de dólares, y para 2024 se espera que esta cifra ascienda a 464 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17%. Este aumento en las transacciones digitales hace más relevante que nunca la necesidad de regular estas prácticas, ya que el 86% de las transacciones con tarjeta en el país están concentradas en las tarjetas Visa y Mastercard. “Este nivel de transacciones evidencia que las comisiones bancarias tienen un impacto significativo en la economía de los negocios, pero esto no justifica que el consumidor final asuma este costo,” agrega el ingeniero. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CONSUMIDORES? Si un consumidor se ve afectado por un cobro adicional por el uso de tarjeta, la ley le otorga dos opciones para defender sus derechos. En primer lugar, puede presentar una queja ante la Superintendencia de Bancos, que tiene la facultad de intervenir y sancionar a las instituciones bancarias o a los comercios que no cumplan con la normativa. Otra opción es presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que puede investigar la situación y tomar las medidas correspondientes. Carrillo destaca que los consumidores deben estar informados de sus derechos para poder actuar en consecuencia y no ser víctimas de prácticas comerciales abusivas. “Si un cliente paga con tarjeta y le cobran un recargo, lo primero que debe hacer es exigir la devolución del monto adicional y presentar su queja ante las autoridades competentes,” aconseja. Por otro lado, el abogado Borys Carrión, intendente de Policía de El Oro, también se pronunció sobre el tema. Carrión explicó que aunque no han recibido quejas formales sobre el cobro de recargos en su jurisdicción, están dispuestos a intervenir en caso de que surjan denuncias. “Si recibimos una queja formal, citamos a las partes involucradas, verificamos los documentos pertinentes y, si encontramos una violación, remitimos el caso a la Defensoría del Pueblo,” afirmó. El intendente también reconoció que el desconocimiento por parte de los consumidores sobre sus derechos podría ser un factor que contribuye a la permanencia de estas prácticas ilegales. “La falta de información es un problema que debe ser abordado, por lo que las campañas educativas y la difusión de los derechos del consumidor son cruciales,” agregó. LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN El ingeniero Carrillo concluye que es esencial que tanto los consumidores como los establecimientos comerciales comprendan la normativa que regula las transacciones con tarjetas. “La información es clave. Los negocios deben respetar la ley, y los consumidores deben estar empoderados para defender sus derechos,” subraya. Criterios Elías Carrillo Ayala: “La ley es clara: el precio debe ser el mismo si se paga con tarjeta de crédito o al contado. No puede haber recargos adicionales sin estar explícitamente indicados en el local. El comercio debe asumir la comisión bancaria, no el consumidor”. Borys Carrión: “El cobro de un recargo por el uso de tarjetas de crédito no es una práctica legal. Si los consumidores presentan quejas, investigamos el caso y lo derivamos a la Defensoría del Pueblo. La falta de información sobre estos derechos es un gran problema”.

CDL Noticias Los agentes pedían USD 2 000 a la víctima. En lo que va de 2025, la Sección de Investigación de la Conducta Policial indaga a 24 uniformados por varios delitos. Un subteniente y un cabo primero de la Policía Nacional están inmersos en una investigación por extorsión en Guayaquil. Ellos fueron detenidos la madrugada del 14 de mayo de 2025. Los uniformados de 27 y 37 años pertenecen a la Dirección General de Inteligencia (DGI) y andaban en una camioneta de alta gama. Según consta en la denuncia, ingresaron a una vivienda ubicada en el sector de Portete, en el suroeste. Allí, con policías motorizados, fingieron un operativo y se llevaron retenido a un hombre. Según consta en la denuncia puesta en la Fiscalía del Guayas, lo acusaron de supuestamente ser miembro del grupo criminal Freddy Kruger y encabezar la venta de droga. Luego le pusieron un pasamontaña, lo esposaron y lo subieron en una camioneta. Los dos policías señalados lo tuvieron dando vueltas y supuestamente le exigieron USD 2 000 para dejarlo libre. El hombre se contactó con su hermano para poder conseguir el dinero. Acordaron la entrega de USD 1 000 y dos relojes valorados en más de USD 100 cada uno, en una gasolinera ubicada a pocos metros de la Policía Judicial. El familiar contactó a las autoridades y los agentes de la Sección de Investigación de la Conducta Policial interceptaron a una persona que era la encargada de cobrar el dinero. Revisaron el teléfono e identificaron a los dos miembros de la DGI implicados y los capturaron. Revisaron el vehículo en el que andaban y encontraron varios billetes de USD 20. Además de celulares, chalecos antibalas, pasamontañas, barras metálicas, entre otros objetos. Los uniformados detenidos fueron trasladados hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. Un juez les formuló cargos por extorsión y dispuso arresto domiciliario, grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Un policía que manejó el caso, contó que el subteniente implicado tiene apenas tres años dentro de la Policía. Más policías investigados por extorsión y otros delitos en Guayaquil Los dos agentes de la Dirección de Inteligencia fueron detenidos dos semanas después de que otros uniformados sean procesados por extorsión. Con estos casos, suman 24 policías investigados en Guayaquil, Durán y Samborondón en lo que va de 2025. El 25 de abril, cinco miembros de la Policía Judicial fueron capturados. Ellos pedían USD 4 000 a un conductor para devolverle el vehículo retenido, que supuestamente presentaba anomalías. El mismo afectado hizo un video que difundió en redes sociales con la novedad. Ecuavisa.com conoció que de los cinco agentes sospechosos, solo dos quedaron con prisión preventiva. También que la víctima, se retractó de lo sucedido días después, cuando fue a rendir una versión hasta la Fiscalía. Otros de los casos de extorsión que involucran a policías ocurrió el 22 de abril también en Guayaquil. Seis uniformados fueron detenidos por exigirle USD 14 000 a un hombre que quería comprar un vehículo. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), víctima circulaba en un carro prestado cuando fue interceptado por dos agentes en motocicletas. Poco después, se sumó un patrullero con más uniformados. El denunciante relató que fue obligado a descender del vehículo, el cual fue inspeccionado por los policías. Durante la revisión, los agentes notaron que el hombre llevaba una funda con el dinero en efectivo. Según su versión, dos de los uniformados se subieron al vehículo del ciudadano y le exigieron que siguiera al patrullero. El recorrido habría durado cerca de 40 minutos y terminó en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en La Garzota. Allí, los policías le ordenaron bajarse y, en tono amenazante, le dijeron que se quedarían con el dinero. También le advirtieron que, si se oponía, lo vincularían con armas o drogas para incriminarlo. En este caso, no se pudo recuperar el dinero completo de la víctima. Además se conoció que tras la audiencia de formulación de cargos, solo tres de los seis uniformados quedaron con prisión preventiva. Por eso, los integrantes de la Sección de Investigación de la Conducta Policial hacen un llamado a las autoridades judiciales. Piden que haya apoyo en estos casos para que los implicados queden con medidas privativas. El pasado 3 de mayo, el entonces recién posesionado comandante general de Policía, Pablo Dávila, se pronunció sobre la depuración policial. Señaló que su gestión iba a estar marcada por un proceso de depuración interna, transparencia y reivindicación del rol policial. Dávila aseguró que trabajará para fortalecer la operatividad de la institución, garantizar condiciones dignas para los policías y, sobre todo, mirar hacia adentro. “No permitiremos que la corrupción manche el uniforme. Esta será una etapa de depuración y transparencia”, dijo. Otros casos delictivos que involucra a policíasEn 2024, 10 policías fueron detenidos por supuestos vínculos con la red narco de alias Gato Farfán. Ellos supuestamente recibían altas sumas de dinero a cambio de información sobre casos de narcotráfico y se estaba o no indagando sobre Wilder Sánchez Farfán. Cuando ocurrió la detención, un juez dictó prisión preventiva contra dos de los uniformados. En este caso, se detectó un grupo de personas que operaba dentro de la Policía, en las unidades élites, para comprar y evaluar información sobre los casos de incautación de droga. Los implicados presuntamente se encargaban de coordinar y financiar el reclutamiento de miembros activos de la Policía. Se ofrecían entre USD 6 000 y U7SD 30 000 por información de investigaciones en curso. Incluso, la suma podía ser más. Uno de los principales miembros de esta estructura criminal fue identificado como Marlon P. A., quien era de la ULCO. Él -según el expediente- habría tomado fotografía a dos vehículos en el que iban agentes policiales hacia Machala para supuestamente atentar contra ellos. Aunque no se precisa año, se detalla que Marlon P. se fue del país hacia Chile y posteriormente se trasladó ilegalmente con su familia a Estados Unidos.