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CDL Noticias El Presidente del Consejo de Comunicación, César Martín, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía de Chone en defensa del periodista Luis Arteaga Carrasco, comunicador de esa localidad, quien ha sido víctima de amenazas y un intento de atentado. Según explicó Martín, el periodista participó como veedor ciudadano en el proceso de licitación del Plan Maestro Hidrosanitario y Pluvial de Chone, actividad promovida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A raíz de dicha veeduría, la Contraloría General del Estado realizó un examen especial en el que se detectaron responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal. Tras su participación, Arteaga fue objeto de diversas amenazas, incluyendo mensajes escritos y llamadas intimidantes, lo que lo llevó a abandonar la ciudad por seis meses. Durante ese tiempo, también presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de intimidación. Sin embargo, la situación se agravó recientemente. En abril de este año, el periodista fue víctima de un atentado cuando un individuo en motocicleta intentó dispararle con un arma de fuego que, afortunadamente, no se activó. Posteriormente, ha seguido recibiendo amenazas. “El Consejo de Comunicación tiene la competencia de garantizar la libertad de expresión y proteger los derechos y la integridad física de los trabajadores del sector de la comunicación”, señaló Martín. Además, explicó que, a través de la organización Periodistas Sin Cadenas, se activó el contacto con el Mecanismo de Protección a Periodistas, solicitando su intervención en este caso. Como parte de las acciones inmediatas, el Consejo no solo ha interpuesto la denuncia formal, sino que también ha solicitado a la Policía Nacional que brinde acompañamiento y protección al periodista, así como su ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos.

CDL Noticias El Ministerio de Educación reportó que han reubicado 25 docentes ante la situación de inseguridad contra unidades educativas en Guayaquil, Durán y Samborondón. La cartera de Estado también indicó que 28 profesores de la Zona 8 han reportado recibir amenazas, y ante ello, en zonas como Isla Trinitaria, Pascuales, Flor de Bastión, 29 de Agosto trabajan de forma coordinada con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para resguardar a la comunidad educativa. Apuntan que han registrado ocho renuncias de docentes asociadas a situaciones de inseguridad, todas ellas ya cubiertas con sus respectivos remplazos. Asimismo, indican que solo cuatro de las 649 instituciones educativas en esta zona operan temporalmente en virtualidad, con el acompañamiento del Plan de Continuidad Educativa. El Ministerio de Educación así responde al reclamo realizado por la Unión Nacional de Educadores, quienes pidieron declarar en emergencia el sistema educativo. Quienes pretenden usar el temor como herramienta política cometen un grave error. No es responsable generar alarma en vez de contribuir con propuestas. El país atraviesa una etapa difícil y requiere de compromiso colectivo, no de posiciones oportunistas que buscan protagonismo a costa de la tranquilidad de las familias», señalaron.

CDL Noticias El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspender por un periodo de tres meses a tres jueces señalados en el denominado caso Fachada, por presuntamente haber favorecido ilegalmente a dos hijos del cabecilla de la organización criminal Comandos de la Frontera. La decisión fue tomada por el Pleno del CJ durante la sesión ordinaria No. 052-2025, realizada el pasado 11 de junio, luego de que la Dirección Provincial del CJ en Pichincha solicitara formalmente la medida el 14 de abril. Jueces suspendidos y proceso disciplinarioLos jueces involucrados pertenecen a unidades especializadas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y han sido identificados como: C.L.Q.C. y J.A.G.M. – Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales G.C.L.T. – Jueza del Tribunal de Garantías Penales El 16 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado realizó allanamientos a los inmuebles y oficinas de los funcionarios judiciales. Durante los operativos, se encontraron altas sumas de dinero en efectivo, documentación comprometedora, así como teléfonos celulares y computadoras que ahora forman parte de la investigación. Faltas disciplinarias e investigaciones en curso Según las investigaciones preliminares, existirían indicios de un plan premeditado para alterar la situación jurídica de los detenidos. Por ello, los jueces habrían incurrido en una infracción disciplinaria gravísima, tipificada en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prohíbe a los servidores judiciales solicitar o recibir dinero, bienes, favores o servicios que comprometan su imparcialidad. La medida de suspensión incluye la retención de sus remuneraciones y estará vigente mientras se lleva a cabo el sumario disciplinario, cuya tramitación fue encargada a la Dirección Provincial de Pichincha del CJ.

CDL Noticias La nueva Ley de Inteligencia, que está en vigencia desde la tarde del miércoles, 11 de junio de 2025, impide que se conozca cómo se manejarán los gastos especiales que se usarán en las operaciones. Antes esos gastos se llamaban reservados y la nueva ley dice que sus respaldos serán destruidos. Según la norma, el organismo rector de inteligencia, al que no da nombre, contará con un fondo permanente de gastos especiales. Solo el monto total será público porque constará en el presupuesto estatal, pero las asignaciones para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia serán reservadas. Estos gastos solo serán observados por la Contraloría General del Estado que los auditará trimestralmente y que después de hacerlo, quemará toda la documentación. La ley impide que cualquier otra institución solicite información sobre los gastos especiales ni auditarlos, además, los directores del sistema de inteligencia no podrán pedir datos sobre las administraciones anteriores. La nueva ley termina con la disposición, vigente hasta el miércoles, que obligaba a mantener respaldos documentales sobre el uso de los fondos, sin que se especifique a sus destinatarios finales. Esa información se podía desclasificar en 15 años, lo que ya no sucederá con la ley ahora vigente. La Ley de Inteligencia también permite interceptar comunicacionesLas normas sobre el manejo de los gastos especiales hacen parte de la polémica ley, que entre otros temas, permite la interceptación de comunicaciones, correspondencia y documentos de cualquier ciudadano sin orden judicial, al igual que la obtención de información de las operadoras de telecomunicaciones y cualquier empresa privada, solo con una disposición administrativa Quienes no respaldaron la ley en la Asamblea, entre ellos el correísmo y el Partido Social Cristiano, creen que la norma podría terminar en la Corte Constitucional, en donde estas disposiciones pueden ser derogadas.

CDL Noticias La nueva Ley de Inteligencia, que está en vigencia desde la tarde del miércoles, 11 de junio de 2025, impide que se conozca cómo se manejarán los gastos especiales que se usarán en las operaciones. Antes esos gastos se llamaban reservados y la nueva ley dice que sus respaldos serán destruidos. Según la norma, el organismo rector de inteligencia, al que no da nombre, contará con un fondo permanente de gastos especiales. Solo el monto total será público porque constará en el presupuesto estatal, pero las asignaciones para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia serán reservadas. Estos gastos solo serán observados por la Contraloría General del Estado que los auditará trimestralmente y que después de hacerlo, quemará toda la documentación. La ley impide que cualquier otra institución solicite información sobre los gastos especiales ni auditarlos, además, los directores del sistema de inteligencia no podrán pedir datos sobre las administraciones anteriores. La nueva ley termina con la disposición, vigente hasta el miércoles, que obligaba a mantener respaldos documentales sobre el uso de los fondos, sin que se especifique a sus destinatarios finales. Esa información se podía desclasificar en 15 años, lo que ya no sucederá con la ley ahora vigente. La Ley de Inteligencia también permite interceptar comunicacionesLas normas sobre el manejo de los gastos especiales hacen parte de la polémica ley, que entre otros temas, permite la interceptación de comunicaciones, correspondencia y documentos de cualquier ciudadano sin orden judicial, al igual que la obtención de información de las operadoras de telecomunicaciones y cualquier empresa privada, solo con una disposición administrativa Quienes no respaldaron la ley en la Asamblea, entre ellos el correísmo y el Partido Social Cristiano, creen que la norma podría terminar en la Corte Constitucional, en donde estas disposiciones pueden ser derogadas.

CDL Noticias La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un operativo que contempló 10 allanamientos en Quitumbe, en el sur de Quito, y en el Centro Histórico este jueves 12 de junio del 2025. La investigación se realiza por presunta asociación ilícita. Seis personas fueron detenidas por sospecha de integrar esta banda dedicada a falsificar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas. Cartones con botellas de licor fueron incautados. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que la indagación ha demorado más de tres meses para desarticular esta organización delictiva. El funcionario añadió que la afectación estimada a las economías criminales sería USD 500 000 dólares. La Fiscalía detalló que se encontraron botellas de whisky y aguardiente con un etiquetado de forma similar a las botellas originales. Hubo un seguimiento después de una investigación y operativo similar al realizado en noviembre del 2024. La Policía anunció que se dará una conferencia de prensa dando los detalles de los antecedentes de los detenidos. También más evidencias sobre la forma cómo operaba la banda delictiva.