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La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas dijo que desde hace 15 años existen rumores de que el correísmo y exalcalde tenían controlada la justicia El exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano (PSC) Jaime Nebot rechazó las afirmaciones de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas María Josefa Coronel de que había sido advertido sobre la presunta influencia política que ejercía el exasambleísta de su partido Pablo M. “Es absolutamente falso que ella me haya “advertido” sobre algún accionar ilegal de Pablo M. en el campo de la justicia del Guayas… ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas; es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?”, cuestionó Nebot. Coronel explicó, en una entrevista con Notimundo, que al menos en los últimos quince años se rumoreaba que el “maridaje” entre el correísmo y Nebot tenían el control en la justicia y que con la llegada de Fabiola G. (también involucrada en el caso Purga) y Mayra S. en la comunicación, todo tomó más fuerza. En esas declaraciones, Coronel manifestó que para una verdadera depuración en la Corte Provincial del Guayas es necesaria la creación de un equipo técnico que garantice confidencialidad en su accionar, y el apoyo de personal de otros países. En tanto, Pablo M., Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva, por el presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga. El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, quien acusó a los tres en calidad de autores. Gustavo M., además es procesado en el caso Metástasis, pero gozaba de medidas sustitutivas. La resolución del juez Cadena se conoció la noche del 5 de marzo. Los tres fueron los primeros procesados sobre los que se pronunció el magistrado. En total son doce detenidos, de los cuales la Fiscalía pidió para uno la medida de arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad. En ese sentido, tras analizar los elementos de convicción y alegatos de las defensas, el juez Cadena dispuso lo siguiente sobre los otros nueve procesados, quienes son señalados como colaboradores: Prisión preventiva: a los jueces Henry T., Nelson P., Guillermo M., Alberto L.; a Ruth S., procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Fausto A., primo de Pablo M.Prohibición de salida del país y presentación periódica: Mónica A., esposa de Pablo M.; y Saúl M., secretario judicial. El juez de la causa negó para ambos la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.Arresto domiciliario: juez Reinaldo C., por tener 71 años de edad. Deberá usar grillete electrónico.La fiscal Diana Salazar solicitó que las nueve personas que irán a prisión no sean enviados a centros de rehabilitación donde se encuentran recluidos involucrados en el caso Metástasis. La investigación del caso se inició el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra S., vinculada en el caso Metástasis, y del informe de la Policía Nacional sobre dicho dispositivo. Según la teoría de la fiscal general, Diana Salazar, que presentó un total de 119 elementos de convicción, Pablo M. sería el líder del grupo criminal que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial de Guayas, para obtener beneficios económicos y materiales. Además habría gestionado favores para impulsar las candidaturas de Fabiola G. y Hugo Manuel González, para que lleguen a la presidencia de la Corte provincial, respectivamente. El exparlamentario se habría aprovechado de su cercanía con jueces y altas autoridades de la Corte de Guayas para ganar, de forma fraudulenta, una demanda de $ 3,9 millones contra el Banco del Pacífico. También habría tenido una estrecha relación con Mayra S., con quien coordinaba acciones irregulares, para alcanzar sus propósitos, incluyendo publicación de mensajes en redes sociales a través de un troll center que ella manejaba. Asimismo, se lo acusa de haber influenciado en procesos judiciales de la Corte de Guayas, como el caso de Banco del Pacífico y una causa de Adolfo Macías, alias Fito, prófugo líder de Los Choneros, entre otros. En la fundamentación de su teoría la fiscal Diana Salazar hizo varias revelaciones sobre las doce personas que, por el momento, son vinculadas al caso Purga. (I)

Así como en el caso Metástasis los celulares del narcotraficante Leandro Norero, luego de ser periciados, dieron pistas de quiénes eran parte de una “empresa criminal” liderada por él para obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios, en el caso Purga la información (chats, videos, fotos) encontrada en un celular de Mayra S., comunicadora y publicista procesada en el primero, ha sido la base para construir la relaciones que existieron entre los líderes de un “grupo criminal” que captó la administración de justicia en Guayas. Cuando Mayra S. fue detenida en diciembre pasado por el delito de delincuencia organizada, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., marcaba distancia y aseguraba que el cargo como analista de comunicación de su despacho fue dispuesto por el Consejo de la Judicatura (CJ), en Quito, el 1 de octubre de 2023. En ese momento el presidente de la Judicatura era Wilman Terán, a quien se le ubica como colaborador de la estructura manejada por Norero en Metástasis. En cambio, el relato de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Purga refleja que la relación con Mayra S. viene desde antes de 2022, fecha en la que fue designada como presidenta de la Corte del Guayas. La noche del lunes 4 de marzo último, Salazar, durante la formulación de cargos contra el exasambleísta Pablo M., Fabiola G., y otras diez personas, aseguró que la expresidenta llegó al cargo gracias al trabajo comunicacional realizado por Mayra S., de 36 años de edad. Datos de la Fiscalía señalaban que la publicista se encontraba a cargo de la campaña de Fabiola G. y que por este trabajo la aún jueza desembolsaba de su sueldo como funcionaria judicial $ 2.500 mensuales. Así fueron los primeros cuatro meses y luego el pago lo habría asumido el entonces asambleísta Pablo M. Las cosas se mantuvieron así hasta que fue posesionado como presidente del CJ Wilman Terán, quien le habría otorgado un contrato provisional, aunque la pretensión era entregar un nombramiento definitivo. “Es que la Fiscalía todavía no alcanza a entender cuál es la labor de una relacionista pública en un despacho judicial. Vaya usted a saber. Así, estos honorarios, aquellos $ 2.500 fueron pactados en el domicilio de Pablo M. Aquí hago una reflexión. ¿Cuánto gana un funcionario judicial o un asambleísta para asumir el costo de una funcionaria que gana $ 2.500 mensuales y en efectivo? ¿De dónde salen esos fondos?”, sostuvo la fiscal general. Esos pagos, a decir de la teoría de la Fiscalía, dejaron de darse cuando la “organización” tuvo la coyuntura de que sea la CJ la que asuma ese pago y así se abra la puerta para que la justicia le pague a Mayra S. los honorarios para las actividades particulares. “Ahí ya se afectan los fondos de todos los ciudadanos”. Pero más allá del rol convencional que tendría una publicista, la Fiscalía cree que la contratación de Mayra S. habría estado destinada a instrumentalizar una dinámica criminal cuyos fines giraban en torno al control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, en los sumarios, en los cambios administrativos, así como la generación de la impunidad por intereses ilegales de los líderes de esta estructura: Pablo M., en la dirección, y Fabiola G. y el juez Johann M. en la planificación de delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricato. Según la Fiscalía, en el caso Metástasis existe información de que Mayra S. mantenía contacto directo con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal Salazar refirió que la procesada tuvo un rol de colaboración, el cual se efectuó desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal. Esto comprendía, se dijo, identificar jueces dispuestos a “suicidarse”, así llamaban a los jueces que apoyaron a la delincuencia. Mayra S. también fue relacionista pública de Cristina Reyes en la Asamblea y en el Parlamento Andino y trabajó junto a María Fernanda Vargas, hoy alcaldesa del cantón Simón Bolívar (Guayas) por la Revolución Ciudadana (RC), en un programa contra la violencia a la mujer que la fundación patrocinó. La información encontrada en el celular de Mayra S. también revela que servía al exlegislador Pablo M. como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes en defensa de las críticas que levantaban los ciudadanos por las decisiones judiciales direccionadas a favor de la cúpula de la organización, tratando, señaló Salazar, de maquillar y de manipular a la opinión pública. Como es común en todo grupo criminal, explicó la titular de la Fiscalía, la cúpula necesitaba de colaboradores con el fin de poner en marcha sus pretensiones delictivas. Así se habrían hecho presentes algunos funcionarios judiciales, funcionarios públicos y privados que habrían colaborado en la consecución de los objetivos de esta organización. Entre la información encontrada en el celular de Mayra S. están chats y audios intercambiados por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería compartidos con parte de los procesados en el caso Purga, pero también revelan otros nexos con, por ejemplo, Daniel Salcedo, coprocesado en Metástasis con la publicista, así como funcionarios de otras instancias públicas que le pedían favores. Por ejemplo, la Fiscalía sostiene que en el celular de Mayra S. se encontró un mensaje en el que Salcedo le pidió ayuda para supuestamente viralizar un video para lavar la imagen del grupo delictivo de Los Lobos, luego del asesinato de Fernando Villavicencio. El 10 de agosto pasado, a un día del crimen, Salcedo le escribe a Mayra S. diciéndole: Usted tiene calentita la noticia. Vea, con eso usted corona. Súbale a las redes. Ella le contestó entre risas y le dice: Vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo. El video en cuestión que debía ser publicado para ser reposteado fue subido a una cuenta troll que habría estado al mando de Mayra S. En la grabación aparecen supuestos integrantes de grupo definido por el Estado como terrorista Los Lobos deslindándose del asesinato. “Aclaramos y rechazamos el

El tratamiento del quinto proyecto de Ley económico-urgente del Gobierno inició con la comparecencia del ministro de Turismo, Niels Olsen. La autoridad asistió a la Asamblea para explicar el alcance de la normativa enviada por el Ejecutivo. De acuerdo con la Asamblea, el funcionario insistió en que se trata de una normativa que dotará de competitividad al sector turístico y abrirá importantes fuentes de empleo, a través de incentivos concretos. En su comparecencia, Olsen señaló que esta Ley es urgente porque es necesario reactivar el sector turístico del país. Actualmente es el tercer sector que genera mayores ingresos para el país en lo relacionado a exportaciones. Sin embargo, hay una caída importante en temas como, por ejemplo, la llegada de turistas extranjeros al país. Olsen habló que, a partir del 9 de agosto, después del ataque armado a TC Televisión y las repercusiones en la prensa internacional, los arribos internacionales bajaron en un 30%. #LaNuevaAsamblea @DesarrolloEcAN inició el estudio del proyecto de Ley económica urgente para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas en Ecuador, que busca dotar de competitividad al sector y, a la vez, generar nuevas fuentes de empleo. En este contexto, el ministro de… pic.twitter.com/z9GCDUFAly El funcionario también habló de la creación del conductor guía que permitirá diversificar la oferta turística para los visitantes, quienes tendrán que obtener una autorización de la Agencia Nacional de Tránsito, con las condiciones técnicas de los vehículos. La Comisión de Desarrollo Económico tendrá que elaborar un informe para el primer debate del Pleno sobre la ley para el turismo. Después de eso, la mesa legislativa tendrá que tomar en cuenta las observaciones hechas antes del segundo y definitivo debate.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los adultos mayores se espera que se consolide en marzo y abril de 2024. Lo confirmó Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI) a Expreso. El director indicó que en 2023 se registraron 5,3 millones de trámites de más de 1,1 millones de personas que solicitaron la devolución del IVA. Para ello, dijo en una entrevista a Ecuavisa, se desembolsó más de USD 133 millones. En otra entrevista, otorgada a El Universo, Larco dijo que con el incremento del IVA esperan ponerse al día con las deudas, en especial, de las devoluciones que no se concretaron desde octubre de 2023. “Dentro de esta deuda está la devolución del IVA a las personas de la tercera edad y con discapacidad. Esto se suma a la crisis de la caja fiscal, pues cuando asumimos había apenas $ 180 millones. Una vez que tengamos los recursos, esperamos ponernos al día lo más pronto posible. Se están haciendo algunos abonos a esta deuda. Justamente por esto era importante aprobar el IVA del 15 % porque esto nos va a permitir tener los recursos necesarios”, indicó el funcionario. Sobre el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó días atrás que transfirió USD 26,7 millones para la devolución del IVA a grupos vulnerables, entre ellos, adultos mayores o personas con discapacidad.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, decidió aceptar el pedido de la Fiscalía y dicta prisión preventiva para 11 de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada, entre ellos el exlegislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. La Fiscal Diana Salazar acusó a muentes de liderar una estructura criminal que influenciaba en las decisiones de los jueces de la Corte de Justicia de Guayas. Munetes quiso alegar depresiónLuego de escuchar los argumentos de la defensa del exasambleísta, El juez desestimó los argumentos de la defensa de Muentes, que presentó certificados médicos donde se aseguraba que el exasambleísta socialcristiano sufre trastorno depresivo, ansiedad e hipertensión arterial. De la Cadena Señaló que estos no se configuran en los casos especiales que contempla el Código Penal, pues no se trata de una enfermedad terminal. «Existe un riesgo procesal. La medida de prisión es idónea», dijo. La diligencia comenzó cerca de las 21:00 del 4 de marzo de 2024 y se extendió hasta la madrugada del martes, cuando fue suspendida para ser retomada al cabo de 10 horas, pasadas las 18:00. La medida de la prisión preventiva también dictó el magistrado en contra de Fabiola Gallardo, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas, y para el juez Johan Marfetán, a quienes la Fiscalía acusa de autores de delincuencia organizada en calidad de líderes del caso «Purga».

Siete auditorías serán ejecutadas por el organismo técnico de control durante 2024 para verificar la propiedad y legalidad de los procesos de contratación y la gestión realizada por el INEC en el marco del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades. La Contraloría General del Estado (CGE) examina los procesos desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para la realización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, que se realizó en el país entre noviembre y diciembre de 2022. Al momento, el organismo técnico de control ejecuta tres exámenes especiales: • El primero analiza los contratos para la comunicación, difusión, información y pautaje. • El segundo se enfoca en la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en la Administración Central y Zonal 3 del INEC. • El tercero estudia el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y sistemas informáticos utilizados en Planta Central. La Contraloría también contempla, dentro de su Plan Anual de Control 2024, una auditoría de gestión, para verificar el cumplimiento de objetivos de los siguientes componentes: • Actualización cartográfica y precenso de vivienda; • Censo experimental• Empadronamiento• Encuesta postcensal• Coordinación, gestión, logística, monitoreo y control de calidad de las fases de planificación, diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación desarrolladas por el INEC para le ejecución del censo. Adicionalmente, la entidad de control prevé ejecutar, en el segundo semestre de este año, tres exámenes especiales relacionados con: 1. El alquiler de vehículos para la ejecución del censo 2. Los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica3. Los contratos de consultoría, bienes y servicios utilizados por la Zonal 6 y 8 Informe aprobado en 2023 reveló incumplimientos contractuales El 30 de julio de 2023, la Contraloría aprobó el informe de auditoría No. DNA1-0072-2023, que analizó la contratación de bienes y servicios por un monto de USD 1´998.023, recibidos por el INEC en el marco del VIII Censo de Población y VII de Vivienda, cuyo periodo comprendió entre enero de 2018 y septiembre de 2022. La auditoría determinó que el contrato para el servicio de imprenta se firmó 18 días posteriores a su adjudicación, incumplimiento el cronograma. Además, se suscribió un Acta Entrega Recepción parcial y solicitó el pago sin recibirse las carpetas censales. También se aceptaron bienes que no constaron ni en los pliegos ni en el contrato.

Antes los investigadores pensaban que se trataba de una sola especie, Rhinella horribilis. Un ejemplar de sapo bello de la caña. Foto tomada de la base de datos de la Bioweb de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La muestra fue tomada por Giovanna Romero en 2005 e identificada como ‘Rhinella bella’ por Pablo Menéndez. Sapo bello de la caña: así bautizaron científicos a una nueva especie de sapo gigante, de nombre latino Rhinella bella. Son comunes en las áreas pobladas de la Costa ecuatoriana y pueden tener un tamaño considerable, pues las hembras adultas son capaces de alcanzar los catorce centímetros de largo. Son distintos de sus familiares del resto del continente americano Originalmente la ciencia pensaba que todos los sapos de caña mesoamericanos (Rhinella horribilis) distribuidos desde Ecuador hasta México eran la misma especie. Sin embargo, los autores de esta nueva investigación se preguntaron si los sapos que supuestamente pertenecientes a esta especie en Ecuador eran verdaderamente iguales a sus familiares de Centroamérica y Norteamérica. Examinando exhaustivamente a los sapos dieron cuenta de significativas diferencias entre especímenes. Los ejemplares de Ecuador sonaban y se veían distintos. También identificaron discrepancias entre los esqueletos de ambas especies. Encontraron una divergencia genética entre la población del ahora Rhinella bella y su contraparte, Rhinella horribilis, de 4,5 %. En cuanto a su distribución geográfica, los científicos también piensan que es posible que el sapo bello de la caña podría vivir en el sur de Colombia. Lo llamaron sapo ‘bello’ para evitar prejuiciosLos investigadores bautizaron a la nueva especie como Rhinella bella para contrastarla con su especie hermana. “Juicios estéticos negativos van de la mano con actitudes negativas que son completamente injustificadas”, explicó Santiago Ron, biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coautor de la publicación científica, en su cuenta de X (antes Twitter). Especies emblemáticas ecuatorianas piden nuestra atención en el Día Mundial de la Vida Silvestre “No hay ninguna correlación entre la apariencia con importancia ecológica, estado de conservación o contribución al bienestar de la gente”, agregó el experto en su posteo en redes. Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad de anfibios en el mundo. El sapo bello de la caña se suma a los más de 600 anfibios descritos formalmente por la ciencia en Ecuador, de los cuales más de 300 son endémicos. (I)