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CDL Noticias La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició este lunes una investigación sobre presuntas irregularidades en la actuación de operadores de justicia, en el contexto del conflicto interno que enfrenta el país. El foco está en las decisiones judiciales que habrían favorecido la liberación de miles de detenidos en flagrancia, lo que ha generado alarma por su impacto en la seguridad ciudadana. Durante la sesión, comparecieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, quienes expusieron con cifras y casos concretos cómo ciertas resoluciones judiciales obstaculizan el combate contra el crimen organizado. Más de 100 mil aprehendidos y 10 mil liberados con medidas sustitutivasEl ministro Reimberg informó que entre 2024 y 2025 se han ejecutado más de 900 operativos, que dejaron como resultado la aprehensión de 104 mil personas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, miles han sido liberadas o recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, incluso aquellos con múltiples detenciones por delitos similares. “El sistema judicial permite que delincuentes capturados en flagrancia vuelvan a las calles. Esto debilita todo el esfuerzo del eje de seguridad”, advirtió Reimberg. Además, señaló que más de 800 policías deben destinarse a custodiar a personas con arresto domiciliario, lo que representa una carga adicional para la institución. El ministro también criticó la lentitud con la que avanzan los procesos disciplinarios contra jueces denunciados por presuntas actuaciones irregulares: “Tenemos que esperar un año para saber qué ocurre con esas denuncias, mientras los delincuentes siguen libres. Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó. Por su parte, el comandante Pablo Dávila reafirmó que la Policía Nacional actúa con compromiso, pero enfrenta trabas judiciales que dificultan su labor. Indicó que el 60 % de los más de 25 mil detenidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas. Muchos de ellos registran entre dos y cinco detenciones por las mismas causas. Esta reincidencia, señaló, alimenta las cifras de violencia en el país. Además, criticó los plazos prolongados y la burocracia documental que se requiere para legalizar aprehensiones ante el sistema judicial. Dávila propuso revisar los procedimientos de calificación de flagrancia y los criterios para dictar medidas cautelares, con el objetivo de evitar la impunidad. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, aseguró que el proceso continuará hasta obtener resultados concretos que garanticen una administración de justicia eficaz y transparente, alineada con los intereses del pueblo ecuatoriano. “La seguridad de los 18 millones de ecuatorianos también depende de un sistema judicial que funcione con responsabilidad y coherencia frente al delito”, puntualizó Álvarez.

CDL Noticias El ministro del Interior, John Reimberg, mostró su molestia con jueces y fiscales por permitir que delincuentes, «con evidencias de violencia extrema», no reciban prisión preventiva y en su defecto obtengan presentaciones periódicas o incluso arresto domiciliario. «Cada decisión judicial debe alinearse con el interés público», manifestó Reimberg durante una sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la mañana de este lunes 16 de junio. El Ministro mostró cifras y aseguró que del 1 de enero al 8 de junio del 2025, un total de 33 069 personas fueron aprehendidas. De ese número, 9 932 recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Ministro dirá nombre de jueces y fiscalesLa molestia de Reimberg se da porque la Policía Nacional detiene a personas involucradas en secuestros, extorsiones y otros delitos, pero la justicia permite que se defiendan en libertad. Incluso, aquellos que ya reciben encarcelamiento luego recobran la libertad con el planteamiento de acciones judiciales, agregó. En este sentido, dijo que cuando un delincuente salga en libertad, él dirá el nombre y apellido del juez y fiscal, «como ya lo hice cuando un juez intentó contactarse conmigo. Se acabó ese miedo. El Ecuador tiene derecho a conocer quiénes son». Mesas con Fiscalía y JudicaturaLa gota que derramó el vaso fue el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión para dos sujetos acusados del secuestro de comerciantes en Guayaquil y que luego se presume acabaron son la vida de los ciudadanos en una cisterna. El 13 de junio, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Policía Nacional mantuvieron una reunión para hacer ajustes en este tema.

CDL Noticias Una joven denunció haber sido víctima de acoso y amenaza con arma de fuego la tarde del viernes 13 de junio de 2025 en Cayambe, provincia de Pichincha. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13h30, mientras regresaba de dejar a su hija en la escuela. De acuerdo con su versión, tres hombres a bordo de un vehículo gris sin placas comenzaron a gritarle frases ofensivas e insistieron en que subiera al automóvil. Ante la situación, la joven decidió cargar a su hija y acelerar el paso.Minutos después, uno de los sujetos habría descendido del vehículo e intentado sujetarla. En ese momento, su padre, quien se encontraba cerca vendiendo productos en la calle, intervino y se mantuvo a su lado. Según la denuncia, el individuo se alejó, pero luego regresó acompañado de dos personas más. Uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego y quitó el seguro, lo que generó un forcejeo con la víctima. El padre de la joven y un amigo se involucraron para protegerla. Los tres hombres fueron finalmente retenidos por ciudadanos y agentes municipales que acudieron al lugar.

CDL Noticias El Gobierno, por medio de su portavoz oficial, Carolina Jaramillo, descartó alguna posibilidad de apagones durante el estiaje de este 2025. Respecto a los probables problemas con la incorporación de 241 megavatios (MW) de las empresas Progen y Austral, Jaramillo dijo que la provisión de energía eléctrica no depende de estos contratos. Según cifras que presentó la funcionaria, hasta finales de diciembre de este año está prevista la incorporación de 979,5 megavatios en firme, que es aquella que no depende del clima.

CDL Noticias La tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) sufrió una rotura este lunes 16 de junio y provocó un derrame de crudo a la altura del kilómetro 86 de la vía Quito-Lago Agrio, sector El Reventador, provincia de Sucumbíos. De manera preliminar se conoce que el hecho se produjo por un deslizamiento de tierra a causa de las lluvias de las últimas horas en la región amazónica. En un video difundido por medios locales se pudo ver cómo una tubería tenía una fuga de crudo que se vertía en una pendiente. Por su parte, Petroecuador activó su plan de contingencia. «Se cerraron las válvulas y se suspendió el bombeo. Se movilizó personal técnico especializado al sitio del incidente, quienes ya se encuentran ejecutando labores de contención y control. Adicionalmente, se está desplazando maquinaria para reforzar las acciones en sitio», informaron las autoridades. No es la primera vez que el SOTE sufre roturas de sus tuberías. El pasado 13 de marzo del 2025 hubo un daño en Quinindé, Esmeraldas, que dejó un daño ambiental sin precedentes. El SOTE constituye la infraestructura de mayor importancia para el transporte de crudo desde la Amazonía hasta el Terminal Balao, para la carga a las Refinerías Esmeraldas y La Libertad y la exportación de crudo Oriente. Cubre las necesidades de provisión de crudo a las refinerías y el cumplimiento de compromisos con el mercado internacional.