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Regionales

Quito regulará servicio de delivery por inseguridad: entre los requisitos se pedirá antecedentes penales

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, explicó este lunes 11 de marzo un proyecto de ordenanza destinado a regular los servicios de delivery en la ciudad. En una declaración realizada el pasado miércoles ante la Comisión de Movilidad, Muñoz manifestó que esta iniciativa ha sido objeto de discusión en el Concejo Metropolitano desde el período anterior, con lo cual dejó ver unificar criterios de varias bancadas para lograr esta normativa. Una de las principales preocupaciones que ha motivado esta propuesta es el exceso de informalidad en la actividad de delivery y los problemas de seguridad asociados. Muñoz destacó que algunos ciudadanos expresan su temor a través del concepto de “ladrones disfrazados de delivery”, que no se sacan el casco y podrían ingresar a urbanizaciones y condominios bajo el pretexto de entregar un pedido y luego cometer robos. La regulación propuesta busca abordar estos problemas mediante la imposición de condiciones para la prestación del servicio. Precisó que “esta ordenanza no prohíbe el ejercicio de esta actividad, sino que la regula poniendo algunas condiciones para la prestación del servicio como se lo hace con otras actividades económicas como el comercio autónomo que tienen las PUCA (Permiso Único de Comercio Autónomo), la LUAE (Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas), patentes”. Entre las disposiciones contempladas en la ordenanza se encuentra la obligatoriedad de que los trabajadores del delivery cuenten con una acreditación identificativa, visible y no transferible, que les permita operar en una o varias plataformas. Asimismo, se realizará un censo para establecer reglas claras para la prestación del servicio. Además, se exigirá que los prestadores del servicio cumplan con las normas de tránsito y posean una licencia de conducir válida. Según la propuesta, también es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades ecuatorianas, o debidamente apostillado si es emitido en el extranjero. Por otra parte, las plataformas de delivery estarán obligadas a implementar un botón de emergencia para garantizar la seguridad de los repartidores. Esta medida busca proporcionar una mayor protección a quienes realizan este tipo de trabajo, así como ofrecer tranquilidad a los ciudadanos que utilizan estos servicios. La propuesta de regulación de los servicios de delivery se presenta como un paso para abordar las preocupaciones de seguridad y formalizar esta actividad en Quito.

Nacionales

Abogada del exvicepresidente aseguró que su defendido sigue en la embajada de México en Quito

En este documento se solicita “planificar y ejecutar controles fronterizos en los pasos autorizados y no autorizados para evitar una fuga de Glas”, que es requerido en la causa penal 17721-2019-00033G por el delito de peculado, en la que meses atrás se dispuso su captura. El número de causa 17721-2019-00033G que se menciona en el documento que circula en redes sí coincide con la causa por peculado que se sigue en contra del exvicepresidente. Medios de comunicación como Ecuavisa y TC Televisión aseguran que sí se estarían realizando controles en la frontera norte. En tanto, Glas desde el 17 de diciembre de 2023 se internó en el edificio de la Embajada de México en Quito, a la cual solicitó salvaguarda argumentando que tenía «temor por su seguridad y libertad personal». Posteriormente pidió asilo y sigue a la espera de que el Gobierno de México se pronuncie sobre su pedido. Su ingreso en la sede diplomática se dio luego que la Fiscalía General emitió una orden de localización y detención con fines investigativos por el caso Reconstrucción de Manabí. El exmandatario salió de la cárcel en el 2022 tras beneficiarse de un habeas corpus y actualmente se enfrenta a otros procesos judiciales por presunto peculado en los manejos del dinero de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 2016; y, por supuesta intimidación, planteado por su exasistente en la Vicepresidencia de la República Soledad Padilla. (I)

Nacionales

Niñas demandantes por caso mecheros en la Amazonía fueron retenidas en cantón Cascales.

Las cinco niñas demandantes del caso mecheros, quienes junto con otros miembros de comunidades afectadas por la no eliminación de mecheros en la Amazonía se dirigían a Quito a exigir el cumplimiento de una sentencia, fueron retenidas en Cascales, en la provincia de Sucumbíos, por miembros de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, según denunciaron organizaciones y movimientos ecologistas. En un video que fue compartido en redes sociales se observa a un uniformado explicando la situación a miembros de las comunidades que acompañaban a las menores. Los acompañantes de las niñas reclaman y aseguran que están haciendo uso del derecho que tienen como ecuatorianos a la resistencia. El uniformado responde: “No pueden vulnerar los derechos. Yo no estoy en contra de su marcha, no tengo nada que ver en su marcha, como les digo: ustedes están en su derecho a la resistencia, nosotros también estamos cumpliendo el uso progresivo de la fuerza, estamos hablando, dialogando y estamos pidiendo, de favor prácticamente, que dejen de favor prácticamente, que dejen circular a los vehículos”, habla el uniformado. Hasta el cierre de esta edición las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre el incidente. Esta situación se da en medio de un malestar de las poblaciones de la Amazonía que han sentido que no se está trabajando de manera clara para cumplir una sentencia de marzo del 2021 que ordena al Estado eliminar más de 400 mecheros de la región que afectan la salud y la vida de los pobladores. A mediados de febrero pasado, nueve niñas de la Amazonía, entre las que estaban las cinco menores retenidas, demandantes del Estado y que tienen una sentencia a su favor que ordena la eliminación de 447 mecheros, se indignaron frente a las cifras que había planteado la ministra de Energía, Andrea Arrobo, y que al parecer estaban equivocadas. Las jovencitas dijeron que era un despropósito decir que en 18 meses se habían eliminado dos mecheros. Pero además aseguraron que cuando hubo la demanda había 447 mecheros y ahora, en vez de haber rebajado el número, ha subido a 486.La organización Acción Ecológica rechazó la retención de las menores. “Gobierno impide a 5 de las 9 niñas demandantes del caso mecheros llegar a Quito. Miedo? Corrupción? 1.300 millones / año pierde el Estado al no aprovechar el gas de los mecheros 57 años de contaminación, pobreza y muerte para la Amazonía”,posteó la organización en X tras el incidente. Acción Ecológica convocó a una rueda de prensa en Quito a partir de las 11:00 para referirse al caso mecheros. I

Nacionales

Pablo Celi, excontralor del Estado, sancionado a pagar una multa de $ 20.000 y la pérdida de derechos políticos al ‘interferir en la Función Electoral’

En primera instancia, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al excontralor subrogante del Estado Pablo Celi de la Torre con la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años y el pago de una multa por $ 20.000, al ser hallado culpable de una infracción electoral grave al interferir en las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio del periodo electoral. La causa se deriva de una denuncia por infracción electoral grave que planteó en el 2020 Vanessa Freire, expresidenta del extinto movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) –absorbido por el correísmo, ahora llamado Revolución Ciudadana (RC)– en contra de Celi, por emitir varios exámenes especiales en los que se recomendó al CNE extinguir a esta y otras agrupaciones políticas del registro nacional al sospecharse de anomalías en las firmas de adhesión que presentaron en el proceso de inscripción. El juez y presidente del TCE, Fernando Muñoz Benítez, despachó este 11 de marzo su fallo en el que consideró que el excontralor «interfirió en el funcionamiento de la Función Electoral, por cuanto en su calidad de autoridad pretendió imponer al Consejo Nacional Electoral su criterio en un asunto que corresponde a su exclusivo ámbito de competencias». El magistrado sienta en su fallo el criterio de que «constituye una interferencia a las atribuciones de la Función Electoral que cualquier servidor público disponga al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral que adopte decisiones que guarden relación con el ejercicio de los derechos de participación política que se ejercen en el contexto de un periodo electoral». Ordenó pagar una multa de 40 salarios básicos, correspondiente a $ 20.000, y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años. Las partes procesales pueden recurrir a este fallo, para que en segunda instancia resuelva el pleno del TCE, es decir, los cinco jueces electorales. Tres años estuvo el caso en trámite, debido a que en el 2020 el excontralor planteó ante la Corte Constitucional (CC) una acción de dirimencia de competencia, que fue desestimada por los jueces constitucionales en febrero pasado. Con ello, Muñoz reactivó los plazos para tramitar la denuncia y divulgó su fallo este 11 de marzo. Las partes procesales pueden recurrir a este fallo, para que en segunda instancia resuelva el pleno del TCE, es decir, los cinco jueces electorales. Tres años estuvo el caso en trámite, debido a que en el 2020 el excontralor planteó ante la Corte Constitucional (CC) una acción de dirimencia de competencia, que fue desestimada por los jueces constitucionales en febrero pasado. Con ello, Muñoz reactivó los plazos para tramitar la denuncia y divulgó su fallo este 11 de marzo. En el 2020, la Contraloría emitió una auditoría en la que recomendaba al CNE que elimine a Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social, porque habían incumplido con el número de firmas necesarias para tener su personería jurídica, como lo establecen la Constitución y el Código de la Democracia. Estos informes se aprobaron mientras el CNE y el TCE, que conforman la Función Electoral, se encontraban en periodo electoral organizando las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. Vanessa Freire, expresidenta de la FCS y exlegisladora, denunció a Celi en el Tribunal por interferir en el proceso eleccionario de ese entonces, y el juez Muñoz la admitió a trámite. No obstante, suspendió los plazos para resolverla a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. En su fallo, Muñoz reflexiona que Celi actuó de forma «abusiva» y que llegó al «convencimiento» de que la exautoridad es responsable del cometimiento de la infracción al haber suscrito auditorías con resultados vinculantes para el CNE con «el propósito de interferir en el ejercicio de una de sus competencias exclusivas: mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus directivas y verificar los procesos de inscripción». Pablo Celi de la Torre es procesado en el caso Las Torres, en el que se investigó el delito de delincuencia organizada entre 2017 y 2020. Fue sentenciado en calidad de autor en primera instancia a trece años y cuatro meses de prisión, pero apeló y está a la espera de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El Universo

Regionales

Hombre fallęció en Quito después de un accidente de tránsito que involucró a un bus

Un hombre de 27 años falleció después de ser atropellado por un bus en el norte de Quito. El hech fue reportado por el Ecu 911 este 12 de marzo de 2024. La unidad involucrada sería u bus de transporte urbano. “Desde el sector de Atucucho, un ciudadano llamó al 9-1-1 e informó sobre ‘una persona atropellada por un bus’. Desde el ECU 911 Quito se coordinó la movilización de personal y unidades de las entidades de socorro”, informó el Ecu 911. Las unidades de salud y Bombero que llegaron al lugar informaron que el hombre de 27 años falleció, presumiblemente por el atropello. “Los agentes de la AMT realizaron el cierre de la vía hasta que se realicen las labores de atención y las diligencias propias en estos casos”, dijo el Ecu 911. El automotor pesado fue llevado hasta los patios de retención vehicular del Bicentenario. El Telégrafo

Nacionales

Más de 80.000 personas se quedaron sin empleo en menos de dos meses en Ecuador

El aron-sin-empleo-en-menos-de-dos-meses-en-ecuador/ Son distintos los contratos con los que 83.315 personas se quedaron sin empleo en el país, de acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo desde enero hasta el 5 de febrero de 2024. Estas actas de finiquito se emitieron más al concluir un contrato por acuerdo entre las partes con 13.635; por las causas legalmente previstas en el contrato con 3.572; por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato con 2.374; y 2.588 por terminación dentro del periodo de prueba. Es en Pichincha donde hay más actas y son 25.671. Muy de cerca está Guayas con 24.355. Por debajo de los 10.000 aparece la provincia del Azuay con 5.470; Manabí con 4.801; El Oro con 3.427; Los Ríos con 2.341; Tungurahua con 2.516 y Cotopaxi con 2.169. Según el Ministerio del Trabajo, en 2023 hubo 759.513 actas de finiquito; en 2022 fueron 750.723 y en 2021, 831.238. En tanto, en la actividad económica de comercio al por mayor y al por menor fueron 12.655; en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fueron 12.211; en industrias manufactureras con 9.612 y en construcción, 7.752. ¿Qué hacer?Si fue despedido y aún no encuentra empleo, existe la posibilidad de usar el seguro de desempleo. Estos son los requisitos: Tener un mínimo de 24 aportaciones, no simultáneas, las seis últimas deben ser consecutivas.Haber cumplido 60 días de estar cesante.Haber cesado involuntariamente en relación de dependencia. A partir del día 61 de estar cesante, hasta un plazo máximo de 45 días posteriores, debe registrar la Solicitud de Seguro de Desempleo en la página web del IESS (www.iess.gob.ec). El Universo

Regionales

Guayaquil: Alcalde Aquiles Álvarez separa a funcionario de la ATM tras video viral.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que un funcionario fue removido de su cargo en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), tras hacerse viral un video donde se lo ve amenazante con los agentes de tránsito. “Este funcionario ya está removido de su cargo. Respaldamos a nuestros agentes, pero también a los agentes: GRABEN TODO, también cuando a algunos los COIMAN”, publicó Álvarez en la cuenta de X, este martes 12 de marzo de 2024. En el video que circula en redes sociales, un hombre, que aseguró ser el director del centro de control de tránsito de la ATM y llamarse De Gaulle Hanze, fue detenido por los agentes de tránsito, debido a que no tenía los documentos del auto para circular. Inclusive, anunció que el agente sería llamado por el gerente general de la institución para “que lo deje ir”. Álvarez también anunció que dentro de las compras de la ATM 2024 estarán bodycams para “tener una trazabilidad del día a día”. La ATM publicó un comunicado, asegurando que el funcionario fue separado debido al “involucramiento en tráfico de influencias”.

Nacionales

Caso Purga: Exfuncionaria judicial que se libró de ser detenida al viajar a España es investigada por cambio de jueces y archivo de sumarios administrativos

Mercedes V. ingresó a ser directora provincial de Control Disciplinario del CJ, en Guayas, en febrero de 2023, en la administración de Wilman Terán. Para las 00:17 del lunes 4 de marzo pasado, cuando la Fiscalía General del Estado ya tenía las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener a trece personas con la finalidad de que asistan a una audiencia de formulación de cargos en lo que más adelante se bautizaría como el caso Purga, una de las personas que estaban en la lista para ser aprehendidas era Mercedes Leonor V. V., exdirectora provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas. Los allanamientos policiales y fiscales llegaron a su domicilio en la provincia del Guayas, pero la exfuncionaria judicial hasta diciembre de 2023 no estaba ahí. Horas antes, a las 18:27 del domingo 3 de marzo, ella ya había salido del país con rumbo a España. Pese a que las autoridades policiales intentaron coordinar con su par en España para poder retenerla y que fuera devuelta al Ecuador, eso no se pudo debido a que no existía una difusión roja que permita detener o haya incumplido algún tema migratorio que signifique que sea inadmitida, deportada o expulsada. Tres hechos puntuales hacen que esté Mercedes V. en el ojo de la Fiscalía dentro de una investigación que analiza a un “grupo criminal” que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo M. y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola G. y al juez penal del Guayas Johann M. La estructura buscaba influir en el sistema de justicia de la provincia para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos, sino también materiales. Los allanamientos policiales y fiscales llegaron a su domicilio en la provincia del Guayas, pero la exfuncionaria judicial hasta diciembre de 2023 no estaba ahí. Horas antes, a las 18:27 del domingo 3 de marzo, ella ya había salido del país con rumbo a España. Pese a que las autoridades policiales intentaron coordinar con su par en España para poder retenerla y que fuera devuelta al Ecuador, eso no se pudo debido a que no existía una difusión roja que permita detener o haya incumplido algún tema migratorio que signifique que sea inadmitida, deportada o expulsada. Tres hechos puntuales hacen que esté Mercedes V. en el ojo de la Fiscalía dentro de una investigación que analiza a un “grupo criminal” que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo M. y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola G. y al juez penal del Guayas Johann M. La estructura buscaba influir en el sistema de justicia de la provincia para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos, sino también materiales. El nombre de Mercedes V. aparece en el cuarto casillero de un informe policial de personas que eran de interés dentro del caso. A ella no se le formularon cargos por delincuencia organizada en el caso Purga, pero la fiscal general, Diana Salazar, habló mucho sobre ella dentro de la formulación de cargos contra los doce detenidos. Apoyo a la campaña para presidente de la Corte del Guayas Según la Fiscalía, Mercedes V. desde su cargo en el CJ del Guayas habría, por recomendación del exlegislador Pablo M., apuntalado la campaña de Hugo Manuel González, quien buscaba llegar a la presidencia de la Corte del Guayas en reemplazo de Fabiola G. Aparentemente Mercedes V. y su cercano Saúl M., secretario judicial también procesado en el caso Purga, ayudaron con recursos de la Judicatura a cumplir temas que eran parte de la campaña de González, quien renunció al cargo el viernes último. Sobre este tema, del expediente del caso Purga es parte una nota de voz enviada a inicios de diciembre de 2023 por Pablo M. al celular de Mayra S., comunicadora que respondía a Fabiola G. y que actualmente es procesada en el caso Metástasis. El mensaje de voz llega luego de un oficio en el que Hugo González como juez le pide a Wilman Terán, entonces presidente del CJ y hoy también uno de los 39 detenidos en Metástasis, que apruebe una solicitud de marcación electrónica. Casi al mediodía del 4 de diciembre de 2023 el usuario Pablito, que a decir de Fiscalía le correspondería a Pablo M., en un mensaje de voz se refiere al documento de González y le dice a Mayra S.: “No había visto esto muy importante. Esto tiene que ir dirigido nada más a Meche. No lo hagamos tan grande o la Ley dice que el director, el presidente es el que tiene que hacerlo. Yo pienso que la directora puede hacerlo inmediatamente”. Un día después, el 5 de diciembre, el procesado Saúl M. se comunica con Mayra S. para decirle: “El ‘amigo′ había hablado con la ‘Directora’ para que le apruebe el tema de marcación electrónica para los funcionarios de la Corte Provincial por el tema de seguridad personal, lo cual sería utilizado para la campaña presidencial de ‘Hugo’ y la grabación de un video promocional”. Según la investigación, en el contexto de los diálogos “Amigo” se le diría al exlegislador Pablo M. “La visión delictiva del grupo criminal proyectaba mantenerse en el tiempo buscando el control de la siguiente administración de la Corte Provincial de Guayas. Para el efecto, entonces, era necesario brindar el apoyo en campaña a uno de los candidatos a suceder a Fabiola G. y que obviamente responda a los intereses del líder de esta estructura, siendo elegido entonces Hugo Manuel González Alarcón, a quien, gracias a la gestión de Pablo Muentes por medio de los ya nombrados Mercedes V. y Saúl M.,gestionaron la implementación del timbre electrónico para todos los jueces de la Corte Provincial de Guayas, como una oferta de campaña del referido candidato”, explicó Salazar al juez De

Internacionales

Donald Trump promete liberar a los ąsaltąntes del Capitolio si es reelegido

El expresidente estadounidense Donald Trump prometió el lunes 11 de marzo de 2024 liberar a las personas detenidas por su participación en el asalto al Capitolio de 2021 apenas regrese al poder, en caso de una victoria en las elecciones de noviembre. «Mi primera acción como su próximo presidente será cerrar la frontera (…) y liberar a los rehenes del 6 de enero encarcelados injustamente«, escribió Trump la noche del lunes en su red Truth Social, sin más detalles. Trump ha abordado en el pasado lo que haría en caso de ser reelecto, prometiendo que en su regreso a la Casa Blanca actuaría como dictador solo en el «primer día». En enero, durante un evento de campaña en el estado de Iowa, en el norte, el magnate llamó al presidente demócrata Joe Biden a «liberar los rehenes«, término que suele emplear para referirse a los detenidos por participar en el asalto al Capitolio, sede del Congreso. Los atacantes, enardecidos por Trump y sus falsas denuncias de fraude electoral, invadieron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar impedir la transferencia del poder a Biden. Desde esa fecha, unas 1 358 personas han sido acusadas, según cifras publicadas la semana pasada por el Departamento de Justicia. Unas 500 personas han sido condenadas a penas de cárcel por el asalto. Trump enfrenta cuatro procesos penales, incluidos dos por supuestamente intentar revertir a su favor los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por Biden. El expresidente tiene casi asegurada la nominación como candidato republicano para las elecciones de noviembre, tras el retiro de su última rival, la exgobernadora Nikki Haley, la semana pasada. (AFP)

Nacionales

Organizaciones sociales y ambientales se movilizarán para eliminar mecheros en la Amazonía

“486 mecheros arden sin descanso, liberando más de 250 sustancias tóxicas. Estos contaminantes afectan la vida y el ambiente”, alertan los colectivos. Diversas organizaciones sociales y colectivo ambientales en Ecuador convocaron hoy a una jornada de movilización nacional para exigir la eliminación de los mecheros (quema de gas) en la Amazonía. “Eliminen los mecheros y enciendan la vida”, es el lema de las jornadas de movilización que se extenderán en varias partes del país y que incluyen actividades como foros, conferencias de prensa y una concentración en el parque El Arbolito en Quito. El colectivo Acción Ecológica denunció, a través de su cuenta de X, que los mecheros son una práctica obsoleta que existe en el país, desde que la empresa petrolera estadounidense Chevron inició sus operaciones en la Amazonía. “Más de cinco décadas después la empresa estatal Petroecuador usa el mismo método de quema de gas que pone en riesgo vidas y el ambiente. Existen mejores métodos”, advirtió el colectivo ambientalista. En las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, más de 486 mecheros arden sin descanso, liberando más de 250 sustancias tóxicas. Los contaminantes afectan la vida y el ambiente hasta 10 kilómetros a la redonda. El pasado 26 de febrero la activista climática de 14 años, Leonela Moncayo, junto a otro grupo de niñas de la Amazonía, denunció ante la Asamblea Nacional que un artefacto explosivo improvisado estalló en su casa, cinco días después de que fuera criticada por la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, por su activismo contra la quema habitual de gas. En su intervención en la Asamblea, la ministra Arrobo dijo que el Gobierno había eliminado dos mecheros y que, por tanto, ya había cumplido la sentencia. La funcionaria declaró que una cosas es insistir en la eliminación de mecheros y otra es causar pánico, subestimando la dimensión del problema. Asimismo, Arrobo insinuó que las niñas habían sido manipuladas. Las investigaciones apuntan que la quema de gas en mecheros es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática aquí a causa de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el Dióxido de Carbono (CO2). El 29 de julio de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinó que el Estado ecuatoriano ignoraba el derecho a un medioambiente saludable, desatendía el derecho de las demandantes a la salud y no cumplía con sus obligaciones para mitigar el cambio climático. La Corte resolvió que el Gobierno debía eliminar gradualmente los mecheros, especialmente cerca de zonas pobladas, y debía otorgar reparación a las comunidades afectadas. RADIO PICHINCHA

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