CDL Noticias 11 de los 17 militares ecuatorianos procesados por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes de Las Malvinas (Guayaquil), cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después, aseguraron este martes ante un tribunal que cumplían con su «deber» cuando los arrestaron de forma irregular la noche del 8 de diciembre de 2024. Así se expresaron algunos de los militares durante la audiencia judicial para evaluar el recurso de habeas corpus presentado para salir en libertad al amparo de una reciente ley promulgada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que exime de prisión preventiva a militares y policías procesados por acciones en el marco del denominado «conflicto armado interno» que declaró contra el crimen organizado. «Nosotros simplemente cumplimos con el deber y estábamos enmarcados dentro del conflicto armado interno», dijo uno de ellos desde la cárcel de Cotopaxi a los jueces, que suspendieron la audiencia para analizar los argumentos de ambas partes y también los de defensores de derechos humanos y otras personas que intervinieron en la diligencia. «Nosotros acudimos al llamado de la ciudadanía», agregó otro militar, en relación a la tesis que aún mantienen de que los menores fueron detenidos por supuestamente haber cometido un delito, algo que, según los defensores de las víctimas, no se ha podido comprobar durante el proceso judicial. Bajo esa misma premisa es que los abogados de los soldados invocaron ante el tribunal de la Corte Provincial de Cotopaxi un artículo de la Ley de Solidaridad Nacional, recientemente promulgada por Noboa, que permitiría a sus defendidos seguir el proceso en libertad. «He demostrado que fueron procesados por una circunstancia originada en el cumplimiento de su deber legal», insistió durante la audiencia el abogado Jesús López, defensor de los detenidos. López pidió a los magistrados que la detención de los soldados sea declarada como ilegal y arbitraria y que, como medida de reparación, se ordene su inmediata libertad. Detenidos y golpeadosEl caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los militares aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo. Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza. Los 17 procesados están a la espera de la realización de la audiencia preparatoria de juicio, que está previsto que se instale el próximo 10 de julio. Defensa de víctimas advierte «incumplimiento» de militares Fernando Bastias, abogado de las familias de las víctimas, pidió durante la diligencia que se rechace el habeas corpus, y aseguró que la desaparición forzada se configuró más bien por un «incumplimiento del deber legal», pues los menores fueron incomunicados tras ser detenidos por los soldados procesados. Por su parte, el juez Dennis Ugalde, quien ordenó la prisión preventiva de los militares en el marco de la investigación por el delito de desaparición forzada, señaló que la Ley de Solidaridad debe ser interpretada en su contexto. «Esta ley se aplica para combatir a grupos de delincuencia armada organizada, a economías criminales, no en contra de la población civil ni en contra de menores», señaló. «Pretender que esta disposición que ha sido invocada como sustento de la presente acción constitucional sea aplicada para todas las actuaciones de los militares bastando con que haya una declaratoria de ‘conflicto armado interno’ es abrir una puerta a la impunidad de todos los miembros de las fuerzas del orden», añadió Ugalde. El tribunal reinstalará la audiencia el próximo viernes para anunciar si acepta o no el recurso de habeas corpus interpuesto por los militares.
