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CDL Noticias Los dos funcionarios ejercieron acciones decisivas que impulsaron o sostuvieron los procesos cuestionados. La crisis eléctrica que azotó al país en 2024 dejó varios contratos millonarios plagados de irregularidades, principalmente aquellos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM). Celec decidió la terminación unilateral de los dos contratos con Progen, para inyectar 150 megavatios, debido a retrasos e incumplimientos contractuales. Mientras que un contrato con la compañía Austral presentan varios inconvenientes: el proyecto está abandonado y 30 de los 48 generadores que ya están instalados no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Se suponía que este proyecto termoeléctrico generaría entre 91 y 150 megavatios por un costo de USD 89,9 millones. Estos proyectos debían estar listos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, pero, por ahora, están abandonados y lejos de entrar en funcionamiento. Y, lo paradójico es que Celec ya desembolsó USD 108 millones por esos dos contratos con Progen y USD 72 millones por el proyecto de Austral. Expertos apuntan a la participación de altos funcionarios en el desarrollo de esos contratos: Roberto Luque (exministro de Energía encargado) e Inés Manzano (actual titular de esa cartera de estado), dos figuras clave del Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, ambos funcionarios han intentado públicamente deslindarse de la responsabilidad directa en la firma y ejecución de estos fallidos acuerdos. Pero existe evidencia que revela que ambos ministros ejercieron acciones decisivas que impulsaron o sostuvieron los procesos cuestionados. Roberto Luque: de visitar la fábrica de Progen a minimizar la contrataciónRoberto Luque, actual Ministro de Infraestructura y Transporte, y quien estuvo temporalmente encargado del Ministerio de Energía y Minas en un periodo de 2024, fue una figura central en la activación de las contrataciones de emergencia. En su reciente entrevista en Teleamazonas el 10 de diciembre de 2025, Luque buscó distanciarse de los escándalos de Progen y ATM, asegurando que él no estuvo involucrado en “ninguna de las dos contrataciones”. Si bien esto podría referirse a la firma final de los contratos, su propio historial en el cargo indica una participación directa en la fase preparatoria: 1. Declaratoria de Emergencia: Bajo su mando se decretó la emergencia del sector eléctrico en 2024, lo que facultó a Celec para impulsar procesos de contratación ágiles. 2. Revisión y Coordinación: Luque admitió en una entrevista anterior que, junto con el exsecretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, y el presidente Noboa, trabajó en la contratación de nueva energía termoeléctrica. 3. Viaje a las instalaciones de Progen: En mayo de 2024, antes de la firma de los contratos, Luque viajó a Estados Unidos con el entonces gerente de Celec, Fabián Calero. El objetivo de este viaje, según Luque, era “contrastar y cotejar que la oferta presentada -por Progen- pueda cumplir en precios y plazos” para evitar problemas futuros. Luque insisteA pesar de su papel activo en la planificación y verificación, Luque ha insistido en que su responsabilidad terminó el 2 de julio de 2024, un mes antes de que el contrato con Progen se firmara el 2 de agosto. Subrayó que el proceso de contratación es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, argumentando que él solo dio “lineamientos generales” para la fase preparatoria. La Contraloría, aunque enfocó sus exámenes especiales en los gerentes de las unidades de negocio de Celec que firmaron los contratos, ha sido acusada por expertos de “olvidar a funcionarios clave del Gobierno de Daniel Noboa” como Luque y Manzano. Inés Manzano, clave para sostener el proceso y gestionar pagos a contratos eléctricosInés Manzano, actual Ministra de Ambiente y Energía, también ha buscado marcar distancia de los problemas contractuales. Ella asumió como ministra encargada el 9 de octubre de 2024 y señala que no está involucrada en los contratos suscritos previamente. Manzano destaca que fue el gobierno el que solicitó a la Contraloría iniciar los exámenes especiales sobre estos contratos. Sin embargo, los hechos demuestran que su gestión se dio en un momento crucial para el desarrollo de los contratos fallidos: • Pagos millonarios en su gestión: Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, ya cuando los proyectos eran cuestionados y presentaban retrasos, Ecuador pagó a Progen USD 104 millones por generadores en Quevedo y Salitral que jamás llegaron a operar. • Sostener el proceso: A su llegada a la cartera de Energía, Manzano trató de sostener el proceso de contratación y renovó la declaratoria de emergencia al sector eléctrico. Manzano ha tomado acciones legales, incluyendo la denuncia por estafa que el ministerio impulsó contra Progen. También ha informado que Celec cobró las garantías a las aseguradoras para los contratos de Salitral y Quevedo. En el caso de ATM, Celec presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada tras el abandono del proyecto en Esmeraldas. Tras conocerse los hallazgos de la Contraloría —que determinaron indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios de alto nivel—, Manzano informó que dos altos funcionarios habían presentado sus renuncias, aunque se limitó a identificarlos como “altos cargos” por el principio de inocencia. En esa lista estarían el exgerente de Celec, Fabián Calero, en cuya gestión se firmaron los polémicos contratos. Mandos medios firmaron polémicos contratos y altos funcionarios en la planificaciónLos exámenes especiales de la Contraloría centraron sus hallazgos en los gerentes de las Unidades de Negocio de Celec (Byron Orozco y Manuel Barberán Cedeño), quienes firmaron los contratos en medio de la emergencia. No obstante, los expertos señalan a la cúpula del Gobierno de Noboa como quienes “habrían ayudado a armar los polémicos contratos”. El exgerente de Celec, Fabián Calero, quien viajó con Luque a visitar las instalaciones de Progen, no firmó los contratos, pero tiene responsabilidad indirecta. Pese a no firmar los contratos, el Código Orgánico Administrativo establece que las decisiones delegadas “se consideran adoptadas por el delegante”, haciendo que Calero sea legalmente responsable de las decisiones de los gerentes delegados. Actualmente, la Fiscalía investiga un presunto peculado en estos proyectos eléctricos. Por ejemplo, allanó

CDL Noticias Un operativo nacional permitió detectar que una funcionaria habría filtrado información a la estructura criminal, que sería responsable del 40 % de los asesinatos en Babahoyo. Una investigación por crimen organizado llegó hasta el interior de la Fiscalía de Babahoyo. Un operativo desplegado desde Quito terminó con allanamientos, detenciones y la vinculación de una funcionaria que, según la Policía Nacional, filtraba información judicial a una célula de la organización criminal Los Lobos. Más de 20 policías y ocho fiscales de la Unidad de Crimen Organizado viajaron desde Quito hasta Babahoyo para allanar la Fiscalía Provincial de Los Ríos. En una oficina de archivo, incautaron un CPU y teléfonos que serían clave en la investigación que vincula a una funcionaria de esa institución con el grupo criminal. De acuerdo con la Policía, la mujer filtraba información judicial clave y asesoraba directamente a los cabecillas de esta red delictiva. En simultáneo, las autoridades allanaron seis viviendas en distintos sectores de Babahoyo y detuvieron a seis personas. El operativo, denominado Jauría, es el resultado de una investigación de ocho meses que, según la Policía, permitió identificar el rol de cada involucrado dentro de una estructura dedicada al sicariato, la extorsión y el manejo de armas y droga. La organización era dirigida por dos hermanos que permanecían detenidos en la Cárcel de Turi (Cuenca), pero que fueron trasladados este viernes 12 de diciembre a la Cárcel del Encuentro. Según explicó William Calle, comandante policial en la Zona 5, «alias Cholo y alias Colada, que son hermanos, son los que ordenaban sicariatos, extorsiones y narcotráfico. Son los causantes de muchas muertes violentas». Ambos fueron capturados tras irrumpir en el destacamento de la ATM de Babahoyo en 2024 y amenazar a los agentes con el cobro de extorsiones mensuales. A pesar de su detención, su actividad delictiva continuó desde prisión. Según cifras policiales, de los 340 asesinatos registrados este año en Babahoyo, al menos el 40 % estaría relacionado con este grupo, que también extorsionaba a locales comerciales y viviendas. Entre los indicios recolectados constan teléfonos celulares, armas de fuego y municiones.

CDL Noticias Un hombre agredió a una mujer, con quien tenía una relación sentimental, después de una clase. Según la universidad, la situación no escaló al no haberse presentado cargos. Una estudiante fue agredida por un compañero dentro de un campus universitario de Samborondón, durante la tarde del miércoles 10 de diciembre. La joven fue atacada por un hombre, con quien mantuvo una relación sentimental, después de tener una discusión tras salir de una clase. La víctima sufrió un corte en su brazo izquierdo con una herramienta multiusos -que él habría tenido para usarla en una materia de su carrera-, de acuerdo a información policial. Videos compartidos en redes sociales muestran que la mujer quedó tirada en el piso y que estaba siendo auxiliada por una amiga, y que el agresor fue aprehendido por la Policía Nacional. La universidad en donde se produjo este suceso, mediante un comunicado enviado a la prensa, expresó que activó los protocolos internos establecidos para la atención de situaciones de violencia entre pares. La casa de estudios explicó que, en cuanto al estado de salud de los estudiantes involucrados, ambos fueron atendidos oportunamente y se encuentran en condiciones estables, acompañados por sus famlliares. Asimismo, apuntaron que no se presentaron cargos entre las partes involucradas, según el parte policial. Con ello, el hombre que fue detenido recuperó su libertad horas después. Trascendió que no se presentó una denuncia después que la familia del estudiante detenido pagara por los gastos médicos de la afectada, cuya herida fue atendida en un hospital. Posterior a la intervención, regresó a su casa.

CDL Noticias La medida estará en vigencia durante 30 días y durante este tiempo la magistrada tampoco percibirá su sueldo. Este viernes 12 de diciembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió en sus funciones a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Quito, María Daniela Ayala, quien es ponente del caso ‘Magnicidio FV’. La medida estará en vigencia por 30 días y durante este tiempo la magistrada tampoco percibirá su sueldo. Según la institución, esta decisión se adoptó debido a que, el 3 de septiembre pasado, en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, la jueza Ayala emitió «comentarios que afectaron a la fiscal del caso, causando un perjuicio a su integridad personal y profesional». «Además, (la jueza Ayala) socavó públicamente la legitimidad técnica con la que llevó adelante la investigación de la Fiscalía General del Estado», argumentó el pleno en su resolución. Ayala recibe segunda suspensiónEsta nueva suspensión se conoció el mismo día en que venció otra sanción de tres meses impuesta a Ayala por su actuación en el proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Esa primera resolución fue tomada el 12 de septiembre tras una denuncia que el entonces Fiscal General del Estado, Wilson Toainga, mediante la cual se rechazan agresiones, comentarios y juicios de valor emitidos por la juzgadora mientras dirigía ese día la audiencia de formulación de cargos. Durante la diligencia en cuestión, Ayala afirmó que la fiscal no tenía capacidad para actuar con objetividad y sugirió que se aparte del caso. También sostuvo que la Fiscalía actuaba como “el brazo ejecutor del Gobierno de turno”. Toainga criticó que dichos señalamientos dieran a entender que el trabajo de la entidad estaba motivado por razones políticas. Mientras que, el Consejo de la Judicatura informó que «la suspensión es una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrollen las investigaciones administrativas» en contra de Ayala. Por otra parte, la audiencia de vinculación en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio fue suspendida a última hora de este viernes 12 de diciembre, cuando se esperaba que el líder del grupo criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, y otros miembros clave de la organización criminal fueran imputados por su presunta participación en el crimen. La magistrada fijó una nueva fecha para la audiencia de vinculación, que se celebrará el próximo 26 de diciembre de 2025, a las 08:30.

CDL Noticias Hasta octubre, Ecuador contabilizaba 7 553 asesinatos, superando los 7 063 que se habían reportado en todo 2024, según cifras oficiales. La ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71% de los habitantes estuvo expuesto a ella, y «es probable que siga aumentando en 2026», según un informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés). El organismo detalla que el Ecuador registrará a finales de 2025 la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, «rompiendo así su propio récord». Hasta octubre, Ecuador contabilizaba 7 553 asesinatos, superando los 7 063 que se habían reportado en todo 2024, de acuerdo a cifras oficiales. El nivel de violencia creció en este 2025 pese a que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios del año pasado un «conflicto armado interno» con el que pretendía intensificar la lucha contra los grupos criminales, que, según ACLED, compiten por el control de economías ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Se señala también que acontecimientos políticos y de seguridad en Colombia y Perú influirán en la evolución de la crisis en Ecuador, así como decisiones del Gobierno de Estados Unidos. ACLED alerta de que, ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, las organizaciones narcotraficantes podrían desviar sus actividades al Pacífico, donde EE.UU. no tiene una presencia militar significativa, «lo que aumenta aún más el flujo de drogas a través de Ecuador».