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CDL Noticias Debido a la pérdida de la calzada asfáltica habrá restricción vehicular para automotores pesados. El sistema ECU 911 alertó de la pérdida de la mesa en la vía Baeza – Papallacta en el sector Laurel la carretera se encuentra totalmente cerrada este lunes 30 de junio del 2025. La alerta ingresó al sistema la tarde de este lunes y desde la entidad se coordinó el despliegue de unidades para atender la emergencia. Tras el arribo del personal de Policía Nacional se procedió a ubicar señalética y brindar seguridad en el lugar. Además, la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que que se coordinó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para tomar acciones y trabajar en el lugar de la emergencia. Motociclista fallece en siniestro de tránsitoPor su parte, el MTOP señaló en sus redes oficiales que la vía se encuentra parcialmente habilitada en el tramo de la Y de Baeza – Cuyuja. Además, debido a la pérdida de la calzada asfáltica habrá restricción vehicular para automotores pesados. La cartera informó la ruta alterna para vehículos pesados: Pifo – Ambato – Puyo – Tena.

CDL Noticias La Unión Nacional de Educadores y representantes de cooperativas de ahorro y crédito cuestionan artículos de la Ley de Integridad Pública. La Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional y vigente desde el 26 de junio del 2025 con su publicación en el Registro Oficial registra dos demandas de inconstitucionalidad presentadas este lunes 30 de junio del 2025 Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó una de las demanda. El dirigente sindical asegura que la Ley atenta contra la estabilidad laboral y la compensación para los funcionarios públicos que se jubilen. El dirigente pidió a la CC que deje sin efecto los artículos relacionados con estos temas y declare prioritario el tema para su tratamiento. Otro de los reclamos es la inclusión de sanciones endurecidas para los adolescentes infractores que cometan delitos graves, que son parte de la norma. Quishpe pidió a más gremios protestar en contra de la Ley y sumar acciones legales. «Llamamos a otros sectores sociales a que sigan ingresando acciones de demanda de inconstitucionalidad y desde la UNE decidimos convocar para este 11 de julio a una movilización a la Corte Constitucional, para que centre su debate en este tema», manifestó el dirigente. La UNE, en su escrito, reclamó la inconstitucionalidad del numeral 24 del artículo 6, la disposición reformatoria tercera; y el numeral 3 de la disposición reformatoria decimosexta. Se trata de lo relacionado con los derechos de la compensación jubilar, evaluación a servidores públicos y el endurecimiento de penas para menores infractores. Otro sector que rechaza reforma en Ley de Integridad Otra acción legal fue ingresada por los abogados Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera, como parte del sector de las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos rechazan la decimoprimera disposición transitoria de la Ley, que dispone que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas del sector financiero privado. Los abogados pidieron a la CC que suspenda, provisionalmente, esta disposición de la Ley de Integridad y que, posteriormente, declare la inconstitucionalidad total de este apartado.

CDL Noticias En la Empresa de Movilidad de Manta, trabajó por 13 años uno de los guardaespaldas detenidos junto a José Adolfo Macías, alias ‘Fito’. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, solicitó al Gobierno Nacional que se considere una intervención de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de esa ciudad, donde trabajó uno de los guardaespaldas detenidos junto a José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el miércoles 25 de junio del 2025. Cristian M., capturado junto al cabecilla de Los Choneros, no era un desconocido para la administración municipal. Se desempeñó como funcionario de la Empresa de Movilidad durante 13 años, según Valdivieso. “Esta no es una solicitud impulsiva ni una reacción improvisada, es una acción profundamente dolorosa, pero necesaria”, afirmó la alcaldesa en un video difundido la noche del domingo 29 de junio del 2025, a través de sus redes sociales. Para Valdivieso, la implicación de Cristian M. no puede tratarse como un hecho aislado. “Es apenas un síntoma de una situación más profunda, más grave y más estructural, en Manta y en Ecuador”, señaló. La alcaldesa también señaló que la Empresa de Movilidad tiene una larga lista de antecedentes que han afectado a la institución como «agresiones, amenazas, bombas, muertes, ausencias sistemáticas y ahora, vínculos directos con estructuras al margen de la ley». “Porque no se trata solo de una persona, se trata de una institución que por años ha sido permeada y debilitada por redes ajenas a los principios del servicio público”, señaló la Alcaldesa de Manta. El funcionario de la Agencia de Tránsito de Manta y guardaespaldas de ‘Fito’ fue clave en la recaptura del cabecilla. El jueves 26 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, dio más detalles sobre la operación que permitió detener a Fito, quien estaba escondido en un búnker en una casa en Manabí. Reimberg reveló que con investigación de Inteligencia se hizo seguimientos a un funcionario identificado como Cristian M., quien estaba en la nómina de la Agencia de Tránsito pero no se presentaba a trabajar. “Gracias a trabajos de Inteligencia se determinó que ese hombre formaba parte del anillo de seguridad de Adolfo Macías”, explicó el titular de la Cartera de Estado. A través del seguimiento a este funcionario, las autoridades lograron ubicar el escondite del cabecilla y ejecutar su captura el miércoles 25 de junio del 2025.

CDL Noticias Correa cuestionó la interpretación judicial del delito de peculado, recordando que las obras fueron parte de las competencias del Comité Técnico de Reconstrucción El expresidente Rafael Correa se pronunció públicamente este lunes 30 de junio, luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenciara a Jorge Glas, su exvicepresidente y figura clave del correísmo, a 13 años de prisión por peculado en el caso “Reconstrucción de Manabí”. A través de su cuenta de X, Correa calificó el fallo como una “monstruosidad» jurídica y dijo que la condena es “realmente demencial”. A su juicio, en este caso “ni siquiera hay delito, peor aún un peculado para la pena máxima”, y acusó a los jueces de actuar por persecución política. “¿Estamos LOCOS? ¿Estos ‘jueces’ no tienen sangre en la cara? ¿Ya no hay reserva moral en la Patria que levante su voz ante tanta barbaridad?”, escribió. Correa también criticó la inhabilitación política por 25 años impuesta contra Glas y Carlos Bernal, exsecretario técnico de Reconstrucción, así como una multa de 250 millones de dólares, y sostuvo que todo responde a una “vulgar persecución”, motivada por discrepancias sobre obras públicas construidas durante su gestión. “Todo por una vulgar persecución, basados en que a Pablo Celi (excontralor) y a la Fiscalía no les gustó el parque Las Vegas, el puente sobre el río Mataje, la vía Manta-Colisa, etc.”, sostuvo. Correa cuestionó la interpretación judicial del delito de peculado, recordando que las obras fueron parte de las competencias del Comité Técnico de Reconstrucción. “Fueron condenados por hacer obras de forma ‘arbitraria’, cuando su función era precisamente priorizar obras para la reconstrucción y reactivación. La sentencia ya estaba escrita, solo faltaba el juicio”, expresó. El tribunal, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que tanto Glas como Bernal abusaron de fondos públicos recaudados por la Ley de Solidaridad, que tenía como objetivo atender a las víctimas del terremoto de 2016. Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y algunas de ellas resultaron inconclusas. Según dictaminó el fallo, no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares. El tribunal determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían ser utilizados «para la atención a las víctimas del terremoto»

CDL Noticias El exdelantero ecuatoriano, ídolo de El Nacional y goleador histórico, ahora recorre las calles de Esmeraldas al volante de un bus, cumpliendo el sueño que tuvo desde niño. Ebelio Ordóñez, aquel temible delantero de El Nacional apodado El Corcel Negro, cambió el área rival por las rutas de su natal Esmeraldas. Cerda de cumplir 52 años, el exgoleador ecuatoriano hoy conduce un bus de pasajeros, de su propiedad, cumpliendo una pasión que lo acompaña desde su infancia. “Siempre quise manejar un bus en mi niñez, en realidad el fútbol y el ser chofer siempre fueron a la par mis dos sueños por cumplir”, ha dicho Ordóñez, citado por el portal Informativo Quinindé. El exdelantero recalca que no lo hace por necesidad, de hecho, el no es únicamente el chofer, sino el duelo del bus: “No estoy quebrado, simplemente hago lo que cualquier jubilado haría para no quedarse todo el día en casa. Hoy simplemente cumplo mi sueño de niño”. Nacido en Esmeraldas el 3 de noviembre de 1973, Ordóñez dejó huella en el fútbol ecuatoriano, especialmente en El Nacional, club con el que marcó 137 goles en 10 temporadas y fue campeón en 2006. Ebelio también levantó el título con Deportivo Quito en 2008 y jugó para otros equipos como Emelec, Aucas, Nueve de Octubre y Técnico Universitario, además de pasar por el Olimpia de Paraguay, el Shanghai de China y el Victoria de Honduras. Fue internacional con la selección ecuatoriana en 19 ocasiones, participando en las Copas América de 2001 y 2004, y en las eliminatorias a los mundiales 2002, 2006 y 2010. Hoy, El Corcel Negro sigue recorriendo caminos, esta vez desde el volante de un bus, demostrando que los sueños no tienen fecha de caducidad.

CDL Noticias Ambos son acusados de peculado por presuntamente malversar los fondos recaudados para levantar a la provincia tras el terremoto de 2016 El desenlace del juicio en contra del exvicepresidente Jorge Glas y el exfuncionario Carlos Bernal, en el caso Reconstrucción de Manabí, se dio este lunes 30 de junio de 2025. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó, en primera instancia, a 13 años de cárcel por peculado en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, en Manabí. Ambos son acusados de malversar los fondos recaudados mediante la Ley de Solidaridad para la reconstrucción de Manabí tras el devastador terremoto de 7.8 en 2016. Esa malversación, según Fiscalía, se dio cuando Glas y Bernal autorizaron dar prioridad a proyectos que no iban en sintonía para levantar a Manabí del terremoto. Además, se aseguró que dichas obras fueron adjudicadas sin sustento técnico y a empresas que estaban ligadas a la esposa y hermano de Carlos Bernal. Jorge Glas, por su parte, dijo que es un perseguido político y que no administró el dinero para las obras. «Yo no administré ni las botellas de agua que se repartían en el comité. Yo no administré ni un solo dólar, cómo pude haber cometido el delito de peculado», expresó. Luego agregó: «Yo no contraté, yo no adjudique (…) No es mi culpa que las obras no se hayan terminado. Salvo, señores magistrados, que me quieran adjudicar un influjo psíquico (…) y menciono el influjo psíquico, señores magistrados, porque yo soy una de las dos únicas personas en el país que ha sido juzgada por eso». La decisión de determinar la culpabilidad o inocencia de Jorge Glas y Carlos Bernal vendrá del Tribunal de Justicia, integrado por la jueza Mercedes Caicedo, en calidad de ponente, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena. Su decisión de primera instancia se conocerá el 30 de junio desde las 09:00.

CDL Noticias Colectivos convocaron a plantones para rescatar a un gato maltratado en Cayambe. El hecho fue captado en video por moradores. El maltrato contra un gato en Cayambe ha generado indignación en Ecuador. Moradores captaron el momento en que una niña manipula de forma agresiva al animal en la terraza de una vivienda. El hecho ocurrió el sábado 28 de junio del 2025. Maneki, una organización dedicada al rescate de felinos abandonados, denunció el hecho en redes sociales. Tras la difusión de este caso se convocó a un plantón. En las imágenes se observa que la menor de edad coloca al gato en una sábana y lo sacude con fuerza hasta que el animal cae al suelo. Luego, la niña lo toma del lomo y empieza a dar varias vueltas. Mientras gira eleva su mano de arriba hacia abajo y de repente suelta al animal, que cae aparatosamente y se golpea. La denuncia por este caso de maltrato animal fue colocada ante las autoridades competentes para que se ejecute el proceso correspondiente. La organización exige a la madre de la menor que se entregue al animal para precautelar su bienestar. «Queremos saber en qué condiciones se encuentra el animal. El silencio y la indiferencia también son violencia», se señaló en la denuncia, junto a la publicación donde se convoca al plantón. La convocatoria para rescatar al animal se realizó para Quito y Cayambe, a las 11:00 de este lunes 30 de junio del 2025. Los defensores de los animales junto a los ciudadanos se reunirán para exigir acciones a las autoridades y poner a buen recaudo al animal. En Ecuador, el maltrato animal es un delito tipificado en el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que puede sancionarse incluso con cárcel.

CDL Noticias El Gobierno de Ecuador planea poner a policías y militares retirados al frente del control de la seguridad de las cárceles del país, como parte de un plan de reestructuración del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), dijo el ministro del Interior, John Reimberg, este domingo 29 de junio del 2025. «Estamos haciendo ciertas modificaciones para que personal policial y militar que ya se retiró de las fuerzas pueda incorporarse al servicio de seguridad del SNAI, para que ellos sean los nuevos funcionarios que ya cuentan con una capacitación y una preparación muy aparte de la que tengamos que hacer nosotros», dijo Reimberg en una entrevista con Ecuavisa. El ministro dijo que se incorporará «el personal que sea necesario para que se hagan cargo, como debe ser, de todo el sistema penitenciario». Actualmente, las cárceles de Ecuador están custodiadas por el cuerpo de vigilantes del SNAI, que son personas civiles que no portan armamento letal, y por policías y militares. Pero el Gobierno aspira a que estas nuevas incorporaciones permitan sacar de las prisiones a los policías y militares en servicio activo para llevarlos a las calles, en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa en 2024 para combatir a los grupos de crimen organizado. Sin embargo, se desconoce cuándo se podría realizar este cambio en el interior de las prisiones, puesto que Reimberg aseguró que primero se debe realizar una reforma legal que permita a policías y militares retirados la no retención del 40% de la pensión recibida por jubilación una vez que se incorporen al sistema penitenciario. «Eso es algo que el presidente no va a permitir y para esto estamos haciendo ya las modificaciones necesarias», añadió. Una vez que entre en vigencia este cambio legal empezará un proceso de selección para policías y militares en servicio pasivo y posteriormente una capacitación. El ministro también señaló que el Gobierno de Daniel Noboa ha sacado más del 50% del personal del SNAI y que están en un proceso de designación de los nuevos directores de las prisiones. Además, dijo que planean construir dos nuevas prisiones de máxima seguridad adicionales a la denominada ‘Cárcel del Encuentro’, en coincidencia con el nombre de la trama de corrupción que catapultó la precipitada salida del poder de su predecesor Guillermo Lasso (2021-2023). La cárcel comenzó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares, a cargo del grupo español Puentes, controlado por la empresa estatal China Road and Bridge Corporation. Esa prisión, ubicada en la provincia de Santa Elena, albergará unos 800 presos, lo que, según Reimberg, les permitirá intervenir en la infraestructura de cárceles como la Penitenciaría del Litoral, la más grande y peligrosa del país, que ha sido escenario de intensas disputas entre grupos delictivos. Las cárceles son parte de la crisis de violencia que conllevó al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, lo que llevó a Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024 cuando declaró la «guerra» a las bandas del crimen organizado y las catalogó como «grupos terroristas». Hasta ese momento las bandas criminales controlaban las principales cárceles del país, donde desde 2021 han sido asesinados más de 500 reclusos, la mayoría de ellos en una serie de masacres por enfrentamientos entre distintas estructuras criminales. EFE