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CDL Noticias Jorge Glas aún tiene dos instancias más antes de que la sentencia por el caso Reconstrucción de Manabí quede en firme. Jorge Glas tiene dos sentencias en firme, de seis y ocho años de prisión, por las tramas de corrupción de los casos Odebrecht y Sobornos. En 2023 una jueza de Quito, con la anuencia del Servicio Penitenciario (SNAI), le concedió la unificación de sus dos penas para que pague únicamente 8 años en total. Última sentencia puede complicar a GlasAl momento, a Glas le falta alrededor de año y medio para obtener su libertad. Pero si llega el día de su salida y queda en firme su nueva condena de 13 años por el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente continuará en la cárcel. Esta sentencia es de primera instancia, es decir, que aún le quedan dos recursos para intentar revertirla o anularla antes que se ejecute. En la Fiscalía, además, hay otros expedientes abiertos contra Jorge Glas que están en investigación previa, el último por el asesinado de Fernando Villavicencio. Glas y su enorme deuda con el EstadoPunto aparte es la deuda económica que tiene con el Estado. Por sus primeras condenas por asociación ilícita y cohecho en Odebrecht y Sobornos, Glas tiene que pagar USD 7,8 millones. Si la sentencia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí queda en firme, el monto de reparación subirá a USD 132,8 millones. Sin embargo, Ecuador no podrá cobrarlos. Los activos que tiene Jorge Glas tiene en el país y están en proceso de embargo no cubren ni el 0,5 % de ese monto.

CDL Noticias La Corte solicitó que el exvicepresidente fuera derivado de inmediato a un hospital para su valoración médica completa y el cambio de cárcel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este martes 1 de julio del 2025 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales a favor del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Esto tras considerar que se encuentra «en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud». Glas, que volvió a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador tras ser detenido el año pasado en la Embajada de México en Quito luego de recibir asilo como «perseguido político», y que este lunes fue condenado a 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos) en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, ya tenía unas medidas cautelares otorgadas a su favor por parte de la CIDH desde 2019. En febrero de este 2025, la Comisión emitió una ampliación de esas medidas y requirió al Estado acciones inmediatas para la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad del exvicepresidente, pero «tras valorar la información disponible por las partes, la CIDH consideró que la situación de Glas calza en el supuesto de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño establecida en el artículo 63.2 de la Convención Americana», señaló en un comunicado. Medidas ‘incumplidas’ La Comisión había pedido al Estado ecuatoriano que Glas sea derivado de inmediato a un hospital para su valoración médica completa y su traslado a otra cárcel distinta a La Roca»que cumpla con los estándares aplicables a su situación de salud». Además, que se retome la instalación de una mesa técnica con la participación de médicos de confianza para resolver controversias médicas y tener el tratamiento adecuado y que se permita el acceso a la información médica de manera oportuna. Sin embargo, la defensa del exvicepresidente y representantes del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas han señalado en varias ocasiones que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha incumplido con lo solicitado por la CIDH. Jorge Glas es trasladado desde Quito a la cárcel ‘La Roca’ tras recibir sentencia por peculado Fueron los mismos representantes del Comité los que anunciaron el 2 de junio que habían pedido a la CIDH que solicite a la Corte unas medidas provisionales en las que se ordene al Estado que «cumpla con la obligación de otorgarle el salvoconducto» a Glas con el que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático. La principal razón de este pedido, dijo en ese entonces el coordinador del Comité y exministro boliviano Sacha Llorenti, era el «altamente delicado» estado de salud de Glas, «no solamente en términos de salud física por la serie de medicamentos que le han recetado en el penal de La Roca, sino también por su situación psicológica y psiquiátrica». Una reciente evaluación psiquiátrica realizada previo al inicio del juicio por malversación, señaló que el exvicepresidente correísta padece una depresión grave sin síntomas psicóticos, con un cuadro de ansiedad y un riesgo «mayor» de eventual intento de suicidio. Las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas y son de obligatorio cumplimiento para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas les exigen a los países adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo. Crisis entre Ecuador y México Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la que Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente. A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso Reconstrucción. El 5 de abril de 2024, el presidente Noboa ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un «perseguido político» y se ha negado a otorgarle un salvoconducto. La invasión a la Embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país norteamericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.

CDL Noticias La dueña del perro pitbull será sancionada por no tener vacunas al día de su mascota. Habrá un apoyo especial para la menor de 4 años. El Municipio de Guayaquil abrió un proceso contra la tutora de un perro pitbull que atacó a una estudiante el pasado viernes 27 de junio del 2025. Según las primeras investigaciones, la menor sufrió lesiones en su cabeza y oreja, tras el ataque del perro. En un video que circula en redes sociales se aprecia parte de los hechos ocurridos en el kilómetro 12 y medio de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil. En el video se observa cómo varias estudiantes pasan por una vereda junto a un pitbull de color blanco. Después de unos segundos el perro ataca a una de las estudiantes. El Municipio de Guayaquil informó este lunes 30 de junio del 2025 que la tutora del perro no presentó los certificados de vacunación actualizados. Autoridades investigan incidente en el que perro pitbull causó lesiones a niña de 4 años El Municipio inició un proceso administrativo en su contra. Como parte del procedimiento también se revisan grabaciones de cámaras de seguridad y se recopilan testimonios para determinar responsabilidades, indicaron las autoridades. El Municipio, a través de sus direcciones de Protección de los Derechos de los Animales y de Salud, ofreció atención integral a la familia afectada, incluyendo apoyo psicológico para la menor y sus dos hermanas, quienes presenciaron el ataque. De acuerdo con la ordenanza municipal, los tutores deben mantener a sus animales dentro de predios privados y asumir la responsabilidad por daños a terceros. Las sanciones incluyen multas de hasta siete salarios básicos y entre 100 y 300 horas servicio comunitario. El perro será sometido a una evaluación comportamental por parte de un etólogo (costeada por la tutora), cuyo informe determinará si el animal puede seguir en custodia familiar sin representar un riesgo para la comunidad.

CDL Noticias Gestión de la alcaldesa de Ambato recibe alta aceptación ciudadana a nivel nacional según los resultados de la más reciente encuesta del Ranking Nacional de Alcaldes, elaborada por la empresa CB Consultora Opinión Pública. El estudio, que mide la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño de los alcaldes de las principales ciudades del país, ubicó a Caiza en el cuarto lugar a nivel nacional.

CDL Noticias La Superintendencia de Bancos informó este martes 1 de julio del 2025 que monitorea y supervisa los reportes de fallas e intermitencias que tres entidades financieras presentaron desde ayer, lunes 30 de junio, en sus servicios digitales como transferencias de dinero. Como parte de las acciones, la entidad que controla el sistema financiero nacional pidió informes técnicos detallados a los bancos que registraron estos problemas. El propósito es evaluar con precisión las causas de las afectaciones, la oportunidad de la respuesta técnica y las acciones implementadas para la restitución de los servicios», indicó la Super de Bancos. Además, dijo que su personal realiza supervisión in situ en los bancos con problemas para verificar el proceso de restablecimiento de los servicios. También dieron indicaciones para que estos eventos no vuelvan a suceder.

CDL Noticias Una mujer de 57 años, que trabajó como maestra, fue secuestrada en el interior de su vivienda en Horizontes del Fortín, noroeste de Guayaquil, la madrugada del 30 de junio. Según la denuncia de su hija, cinco sujetos irrumpieron violentamente a la casa y trataron de llevarse a sus padres, pero solo lograron raptar a su madre, a quien la subieron en un vehículo. Horas después, recibió mensajes de un número colombiano en el que se le exigía USD 50 000 para liberar a la víctima. Inmediatamente, la hija se comunicó con la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional (Unase), quienes tras hacer labores investigativas lograron dar con Boris V., alias Satanás, uno de los participantes en el delito, en horas de la tarde. Así descubrieron que el capturado, que tiene 20 años y luce una cruz tatuada en la frente, había sido alumno de la víctima. Al mismo tiempo, la Policía Nacional fue avisada que la profesora pudo regresar a su casa tras ser abandonada por los hombres que la custodiaban, porque agentes estaban realizando allanamientos en Socio Vivienda 2, donde la mujer estuvo en cautiverio. Finalmente, los uniformados lograron aprehender en total a cuatro implicados, quienes fueron reconocidos por la maestra de ser los perpetradores del secuestro. Todos los capturados son identificados por los agentes como integrantes del grupo terrorista Los Tiguerones. Un juez de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil dictó prisión preventiva contra los cuatro por el delito de secuestro extorsivo.

CDL Noticias El exvicepresidente Jorge Glas volvió a la cárcel La Roca en Guayaquil tras recibir una sentencia de 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Su defensa alerta que el líder del correísmo corre riesgo “cierto e inminente”. La abogada Sonia Vera García informó sobre el traslado, pero aclaró que “esta decisión constituye una violación directa a las medidas cautelares ampliadas otorgadas por la CIDH, las cuales expresamente prohíben mantenerlo en dicho centro penitenciario, en atención al grave riesgo que representa para su vida e integridad personal”. Recordó que Glas estará en la misma cárcel en la que permanecen peligrosos criminales como alias Colón Pico y alias Fito, líderes de organizaciones criminales rivales (Los Lobos y Los Choneros), quienes han perpetrado hechos de violencia en el sistema penitenciario del Ecuador. El traslado de Jorge a ese recinto lo expone a un riesgo cierto e inminente. Cualquier atentado contra la vida o la integridad personal de Jorge será responsabilidad directa e internacionalmente atribuible al Estado ecuatoriano”, advirtió la jurista El exvicepresidente permanecía en la cárcel 4 en Quito mientras se desarrollaba el juicio por el caso Reconstrucción de Manabí, cuyo resultado fue la sentencia de 13 años de cárcel para él y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, por el delito de peculado. La Fiscalía logró comprobar que los procesados ejecutaron un perjuicio de 225 millones de dólares, al realizar obras no prioritarias para socorrer a los afectados por el terremoto del 2016 en Manabí y Esmeraldas. “Abusó de los fondos públicos recaudados mediante la Ley Orgánica de Solidaridad, destinados exclusivamente a la reconstrucción de zonas afectadas”, apuntó el Ministerio Público. Es así que los jueces impusieron 13 años de cárcel para los dos procesados y el pago de una multa proporcional de 60 salarios básicos unificados (más de 28.000 dólares ), así como una reparación integral de 250 millones de dólares.