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CDL Noticias El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, desvinculó a una cuñada del legislador Santiago Díaz, prófugo de la justicia por el presunto delito de violación. Ya son 40 los funcionarios despedidos de la institución. Olsen comentó que la mujer trabajaba como asesora del legislador de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladarez, representante de la provincia de Zamora Chinchipe. “La depuración no se detiene. Es sistemática. Es irrevocable”, recalcó el presidente de la Legislatura. La noticia llega un día después de que se desvinculó al sobrino de Santiago Díaz, quien asesoraba a la asambleísta Christina Jácome, también de la RC. Pero los tentáculos de Díaz no solo se habrían expandido en la Asamblea, sino también en el Municipio de Quito. El concejal Wilson Merino comentó en el programa digital ‘Visionarias’ que existen denuncias ciudadanas sobre parientes del asambleísta laborando en el cabildo. “El Municipio de Quito tiene muchos militantes de la Revolución Ciudadana y tiene muy pocos profesionales técnicos. Ahora mismo hay una nueva denuncia sobre el impacto del señor Santiago Díaz, que se debe investigar”, reveló Merino. 40 DESVINCULADOSEl presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, también dijo este martes que 40 funcionarios que tienen parentesco ya fueron desvinculados del Parlamento. Detalló que luego de que solicitó que salieran de los cargos, “cuatro o cinco renunciaron y el resto los logramos desvincular”. “Con la reforma aprobada en el CAL ya son cerca de 40 que se están desvinculando”, indicó Olsen. El pasado fin de semana, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó una serie de reformas para erradicar el nepotismo en la institución. Ahora ningún familiar de un asambleísta, hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, podrá trabajar en la Asamblea Nacional. Antes, esta restricción aplicaba solo al despacho del legislador, “lo que permitía vivezas y atajos inaceptables”, apuntó Olsen. Esa norma también aplicará para asambleístas suplentes o alternos principalizados y los funcionarios de nivel jerárquico superior. “La prohibición es transversal, abarca tanto a personal administrativo como a los equipos de los asambleístas”, recalca el presidente de la Asamblea.

CDL Noticias La provincia de Los Ríos registra un 25 % más de asesinatos con respecto a 2024. Sus cantones viven bajo el terror de las bandas criminales. Este martes, el presidente Daniel Noboa entregó 33 vehículos blindados David 4×4 y dos Mbombe 6×6 a las Fuerzas Armadas. Son el último lote de los 137 adquiridos por el gobierno de Guillermo Lasso, en 2022, por USD 64,7 millones. Transportan entre cuatro y seis soldados y reforzarán los patrullajes militares en Los Ríos, la tercera provincia más peligrosa del país. Pero detrás de este acto oficial hay un escenario alarmante: asesinatos, secuestros y extorsiones mantienen asediada a la provincia. Las muertes violentas ya suman 628 casos en lo que va del año, un 25 % más que en 2024. Cantones como Babahoyo, Puebloviejo, Quevedo y Buena Fe viven bajo el dominio de bandas criminales que han sembrado el terror y golpeado los dos principales motores económicos de la provincia: el comercio y la agricultura. En Quevedo, donde hoy se entregaron los blindados, el comercio cayó un 60 %, durante 2024, a causa de la inseguridad. Según la Cámara de Comercio, esto se traduce en la pérdida de alrededor de 1 700 empleos. En Buena Fe, medio centenar de locales cerraron este año y los que se mantienen abiertos apenas registran ventas. «Da miedo, ya a las 18:00 estamos cerrando los locales porque esto ya se encuentra oscuro». Y aunque no hay una cifra oficial, solo en Buena Fe al menos diez fincas de banano, cacao, maíz y ganadería han quedado abandonadas, alquiladas o en venta. Sus dueños han optado por huir tras recibir amenazas. 696 denuncias por extorsión y 90 casos de secuestros se han presentado en la provincia. Hasta ahora, la principal respuesta del gobierno para intentar contener el crimen en los ríos han sido sucesivos estados de excepción. La semana pasada concluyó el número cuatro aplicado en la provincia.

CDL Noticias En una vivienda del sector Barrionuevo se recuperaron más de 100 piezas de distintos vehículos y banderas vinculadas a un grupo delictivo organizado. Una vivienda de dos pisos, ubicada en el sur de Quito, fue intervenida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tras detectarse que funcionaba como centro de acopio de autopartes robadas. El responsable huyó al notar la presencia policial. El operativo se ejecutó la tarde del lunes 14 de julio de 2025, a las 18:00, como parte de la orden de servicio denominada “Acción y Compromiso”. La intervención ocurrió en las calles Cusubamba y Chilla, en el sector de Barrionuevo. Según el reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, un sujeto en actitud sospechosa huyó al advertir la llegada del patrullero y personal militar, dejando abierta la puerta del inmueble: una vivienda de color rojo de dos plantas. Autopartes de varios modelos y banderas de GDO fueron encontradas Durante el registro minucioso en el interior del domicilio, los uniformados hallaron: 112 autopartes correspondientes a distintos modelos de vehículos. 03 banderas con simbología alusiva a un grupo delictivo organizado (GDO), “Batos Locos”. La evidencia fue ingresada bajo cadena de custodia El material incautado fue trasladado al centro de acopio de indicios de la Policía Judicial del DMQ con su respectiva cadena de custodia. El hecho fue notificado al ECU 911, al escalón superior, y a los responsables del circuito Barrionuevo y del DPEA. Operativo conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas La intervención fue liderada por el Crnl. Cristhian Carlos Pérez Mayorga, comandante del Distrito Eloy Alfaro. El procedimiento estuvo a cargo del Móvil Barrio Nuevo con los uniformados Rubén Sánchez y Ricardo Maldonado.

CDL Noticias El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, desvinculó a una cuñada del legislador Santiago Díaz, prófugo de la justicia por el presunto delito de violación. Ya son 40 los funcionarios despedidos de la institución. Olsen comentó que la mujer trabajaba como asesora del legislador de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladarez, representante de la provincia de Zamora Chinchipe. La noticia llega un día después de que se desvinculó al sobrino de Santiago Díaz, quien asesoraba a la asambleísta Christina Jácome, también de la RC. Pero los tentáculos de Díaz no solo se habrían expandido en la Asamblea, sino también en el Municipio de Quito. El concejal Wilson Merino comentó en el programa digital ‘Visionarias’ que existen denuncias ciudadanas sobre parientes del asambleísta laborando en el cabildo. “El Municipio de Quito tiene muchos militantes de la Revolución Ciudadana y tiene muy pocos profesionales técnicos. Ahora mismo hay una nueva denuncia sobre el impacto del señor Santiago Díaz, que se debe investigar”, reveló Merino. 40 DESVINCULADOSEl presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, también dijo este martes que 40 funcionarios que tienen parentesco ya fueron desvinculados del Parlamento. Detalló que luego de que solicitó que salieran de los cargos, “cuatro o cinco renunciaron y el resto los logramos desvincular”. “Con la reforma aprobada en el CAL ya son cerca de 40 que se están desvinculando”, indicó Olsen. El pasado fin de semana, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó una serie de reformas para erradicar el nepotismo en la institución. Ahora ningún familiar de un asambleísta, hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, podrá trabajar en la Asamblea Nacional. Antes, esta restricción aplicaba solo al despacho del legislador, “lo que permitía vivezas y atajos inaceptables”, apuntó Olsen. Esa norma también aplicará para asambleístas suplentes o alternos principalizados y los funcionarios de nivel jerárquico superior. “La prohibición es transversal, abarca tanto a personal administrativo como a los equipos de los asambleístas”, recalca el presidente de la Asamblea.

CDL Noticias El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, tenía un segundo búnker en una vivienda de tres pisos en Manta, provincia de Manabí. El funcionario indicó que tras la captura del líder criminal de ‘Los Choneros’ el pasado 25 de junio en un primer búnker subterráneo, ubicado en un inmueble de Montecristi, la Policía ha continuado efectuando diversos operativos para incautar los bienes del sujeto. Narró por ejemplo que la semana pasada se halló un segundo búnker en la casa principal de ‘Fito’ en Manta, lugar donde vivían la esposa y sus hijos. “Es uno de los primeros bienes que fue incautado”, detalló Reimberg. Aunque no especificó los nombres de esas personas, se entiende que el funcionario se refiere a Inda Peñarrieta y sus hijos. Ellos siguen prófugos de la justicia y hasta ahora no hay pistas de su ubicación. El segundo búnker se encontraba en una casa de tres pisos, en medio de dos pisos. “Era como un pequeño departamento”, apuntó Reimberg, quien agregó que en ese lugar había un elevador, baño con ducha y aire acondicionado. Además, en otro domicilio se encontraron cuatro cajas fuertes detrás de una pared falsa. “Así seguimos revisando porque son más de 33 bienes que tenemos que revisar y lo estamos haciendo junto a la Policía Nacional”, recalcó el ministro en entrevista con FM Mundo. ACEPTÓ IRSE A ESTADOS UNIDOSFito, líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más grandes que opera en el país, aceptó el pasado viernes ser extraditado a Estados Unidos donde su Gobierno lo ha acusado de siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU. De acuerdo a la acusación, Los Choneros, en alianza con el cartel de Sinaloa, operaban una red a gran escala «responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Suramérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares». Los Choneros también han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear las cuentas y propiedades vinculadas al grupo o al propio Fito. El narcotraficante fue recapturado el pasado 25 de junio en un búnker subterráneo construido bajo una lujosa casa en Montecristi, en las cercanías de Manta, la cuna y bastión de Los Choneros. En el momento de su recaptura, Fito llevaba año y medio prófugo y en paradero desconocido desde que a inicios de 2024 se fugase de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de prisión impuesta en 2011 por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

CDL Noticias Una envasadora de arroz, azúcar y granos secos ubicada en el sector de Mayancela, en Cuenca, fue clausurada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) tras encontrarse una grave infestación de roedores en su zona de almacenamiento. Los ratones carcomieron producto en bodega, defecaron sobre quintales e incluso murieron encima de los sacos. Las imágenes y olores daban cuenta de una situación insalubre crítica. Denuncia ciudadana activó el operativoLa intervención de Arcsa se dio gracias a una denuncia ciudadana. Al ingresar a las instalaciones, el personal técnico detectó inmediatamente un fuerte olor y halló: 12 ratas muertas sobre y debajo de los pallets.Excremento acumulado entre los quintales.Una rata viva huyendo entre sacos vacíos. Arcsa ordenó la clausura inmediata del local y el retiro de 287 quintales contaminados, que serán eliminados bajo control de un gestor ambiental autorizado. La entidad señaló que se aplicó el artículo 146 de la Ley Orgánica de Salud, que prohíbe el procesamiento de alimentos en condiciones no higiénicas. El local no podrá reabrir hasta garantizar control de plagas y mejoras estructurales.

CDL Noticias El Ministerio de Educación presentó el plan nacional Nos Cuidamos, una estrategia que permitirá a la Policía ingresar a instituciones educativas para realizar requisas en aulas y mochilas, siempre que exista un riesgo justificado, ya que esta medida busca frenar la violencia escolar y prevenir el reclutamiento de menores en zonas vulnerables. La intervención se aplicará en 365 planteles priorizados a nivel nacional por estar ubicados en sectores conflictivos, de ellos, 229 están en la región Costa. El ingreso de la fuerza pública estará respaldado por un acuerdo interministerial que se emitirá la próxima semana, y también se trabaja en reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para reforzar el marco legal de estas acciones. Agustín Lindao, presidente de la Red de Educadores, advirtió que es necesario aplicar protocolos que respeten los derechos de los estudiantes. “Que la intervención de la Policía o de los militares sea directamente en sus pertenencias, en las mochilas, y no pueden estar tocando a los estudiantes, porque ahí sí se estaría vulnerando los derechos de nuestros niños. Tiene que participar el rector, el padre de familia, el inspector, para que de una u otra manera le garantice la seguridad a los estudiantes”, señaló. El plan incluye seis acciones principales, las cuales son: La actualización de protocolos de riesgosLa creación de comité nacional de emergencias educativasAjuste de horarios en planteles de zonas insegurasEste último punto ha sido subrayado por la Mesa Regional de Cooperación, un colectivo conformado por 40 universidades, fundaciones y organizaciones sociales. Javier Gutiérrez, presidente de la mesa, destacó que el plan debe profundizar en las actividades de integración barrial. “Las actividades deportivas, artísticas, con participación de padres de familia y jóvenes son fundamentales. El plan lo menciona, pero no lo desarrolla. Para eso estamos las organizaciones, con los proyectos que ya llevamos adelante desde hace años”, indicó. El próximo 16 de julio, los integrantes de la mesa presentarán sus propuestas ante el Comité Interministerial para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Menores, conformado por 17 entidades del Estado. Mientras tanto, se prevé que el acuerdo que habilita el ingreso de la Policía a los planteles educativos sea oficializado en los próximos días y que las reformas legales lleguen a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 15 días.