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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Una de las reformas que se incluyó en el Código de la Función Judicial, aprobado por la Asamblea Nacional el martes 21 de mayo, incluye un inciso en el que consta que los vocales de la Judicatura pueden solicitar licencia sin sueldo si un juez les dicta prisión preventiva o arresto domiciliario. Dicho inciso se incluye al final del artículo 23 y dice: “En caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por jueza o juez competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este Código. Mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario el Pleno del Consejo suspenderá todas las funciones que le asisten como miembro del cuerpo colegiado, de la o el vocal principal, con excepción del fuero y procederá a la principalización provisional de la o el vocal suplente o alterno, según corresponda”. Especialistas califican de “vergüenza” a la reformaEsta reforma ha sido cuestionada por juristas. El abogado constitucionalista José Chalco lo calificó de “vergüenza”. “Es una vergüenza jurídica. Usted debe legislar para la universalidad o generalidad, no para situación o casos o personas específicas; no legislar para las bandas y los bandidos, sino para los ecuatorianos de bien. Esto es normalizar la excepción y burlarse del país”, refirió para Ecuavisa.com. En esa misma línea coincide Santiago Peñaherrera, exdirector del Consejo de la Judicatura. “Las reformas que debieron efectuarse no se hicieron y esa es una vergüenza”, comentó. La ley debe pasar por NoboaLa tarde del martes 21 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó con 92 votos el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, respecto al principio de publicidad, reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, competencia de las Salas de las Cortes Provinciales, competencia de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y archivo nacional notarial. Las reformas aún deben pasar por la revisión del presidente Daniel Noboa, quien puede vetar parcial o totalmente su contenido. Exvocales procesados por la JusticiaEn los últimos meses, el Consejo de la Judicatura se ha visto envuelto en polémicas. Wilman Terán, quien se desempeñó como presidente, está procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada. Los exvocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno están procesados en el caso Obstrucción a la Justicia, que el lunes empieza con la audiencia preparatoria de juicio. En su momento, Xavier Muñoz y Terán quisieron pedir una licencia a vísperas de ser procesados, pero el Pleno de la Judicatura no dio paso.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Diana Jácome, asesora presidencial, afirma que el denunciante es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República. El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, fue denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta infracción electoral al realizar campaña anticipada y como funcionario público inducir al voto por el sí en el proceso electoral referéndum y consulta popular del año 2024. La denuncia la oficializó este 22 de mayo el ciudadano Andrés Pasquel Espín, excandidato a la Alcaldía de Quito, quien también dijo que acudirá a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de Noboa sobre este mismo caso. Pleno del CNE resolverá esta tarde sobre la inscripción de ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa El Gobierno reaccionó ante la denuncia formulada en contra del primer mandatario. La asesora presidencial Diana Jácome minimizó la acusación al afirmar que la persona que presentó la denuncia es un ciudadano político que no le importa la seguridad y tranquilidad al país y que busca de diversas formas atacar al presidente Noboa. La funcionaria afirmó que la persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que hace pocas horas terminó de renunciar al cargo. Ella es Tamara Cedeño, quien colaboró en la dirección administrativa de esa dependencia estatal. La denuncia en contra del primer mandatario fue presentada al presidente del TCE, Fernando Muñoz, en la que se recalca que las infracciones electorales graves se sancionan de acuerdo con el artículo 278 del Código de la Democracia, con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años. Estas sanciones se aplicarán a los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato. Como fundamentos de la denuncia en el documento se señala que el presidente Daniel Noboa, el 5 de abril de 2024, indujo al voto por el sí de manera anticipada, cuando el Consejo Nacional Electoral recién declaró el inicio del proceso electoral del referéndum y consulta popular del año 2024 desde el 7 hasta el 18 de abril del año 2024. Como prueba se exponen los mensajes difundidos en redes sociales mediante la plataforma TikTok en la cuenta verificada danielnoboaok con link https://vm.tiktok.com/ZMMTKMWxm/, donde según la denuncia publicó el siguiente mensaje: “Ahí no es, por eso todo sí en la consulta #ElNuevoEcuador #danielnoboaazin #porunnuevoecuador #danielnoboapresidente #ecuador #seguridad #planfenix #consultapopular #redflags”. Pasquel señala en el escrito que no se pretende cuestionar la facultad y la atribución de la Presidencia de la República; sin embargo, la conducta de Daniel Noboa es antijurídica y atípica al cometer acciones y eventos de campañas anticipadas e inducir al voto estando en funciones como el primer servidor público, e interfiriendo directamente y de manera sesgada en el proceso electoral referéndum y consulta popular del año 2024. Por ello, solicita que se investiguen los hechos denunciados y de ser el caso se sancione al denunciado presidente de la República por el acto tipificado en los artículos 278 y 279 de la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas. (I)

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En una operación conjunta, un equipo de seguridad compuesto por el Ejército y la Policía Nacional allanó la residencia de Carmen D., alias “La Madrina”, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, la noche del martes 21 de mayo. Alias “La Madrina” es conocida por su presunta vinculación con la organización criminal Los Choneros, una de las más peligrosas del país. El operativo resultó en el hallazgo de varios artículos de interés, incluyendo: -4 cámaras de video vigilancia -1 DVR -1 alimentadora -9 municiones traumáticas -5 celulares -2 laptops -29,720 dólares americanos Lea también: Activan plan de recompensas para capturar a grupos armados que atacan en Manabí, tras repunte de violencia Según información proporcionada por fuentes militares, Carmen D. administraba una parte significativa del dinero de Los Choneros en Manta. La investigación, además, sugiere que el rol principal de la sospechosa es el de gestionar las finanzas relacionadas con el envío de drogas para la organización. Este papel la convierte en una figura clave dentro de Los Choneros, manejando grandes sumas de dinero y coordinando las operaciones financieras que sustentan las actividades delictivas del grupo. Alias “La Madrina” o “Carmelicha” está ahora en la mira de las Fuerzas Armadas, que están intensificando sus esfuerzos para desmantelar las redes financieras de Los Choneros. Este grupo, involucrado en múltiples actividades delictivas, ha sido un objetivo prioritario en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. El allanamiento se enmarca en un contexto de creciente violencia en la provincia de Manabí, donde las autoridades están trabajando para frenar el avance de las bandas criminales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan sus investigaciones para desentrañar la red de actividades ilícitas y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La entidad recordó que está en vigor una medida cautelar en favor de los centros penitenciarios de la Zona 1, en el norte del país, para que se garantice el acceso a la comida en las personas privadas de libertad El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador exigió al Gobierno que garantice el acceso a la alimentación de la población carcelaria y calificó de “flagrante” el incumplimiento en la entrega de recursos para la compra de comida en varias prisiones del país. La organización no gubernamental recordó en un comunicado que está en vigor una medida cautelar en favor de los centros penitenciarios de la Zona 1, en el norte del país, para que se garantice el acceso a la alimentación de las personas privadas de libertad. Aseguró que, según informes de la Defensoría del Pueblo, “hay un incumplimiento flagrante” por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en la entrega de recursos para cumplir con el derecho a la alimentación que tienen los reos. Además, dijo que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, ha promovido que las familias de los presos sean las que gestionen “donaciones de alimentos”, mientras persiste un “racionamiento inhumano de alimentación”. El CDH recordó, además, que el incumplimiento de la medida cautelar en las prisiones de la Zona 1 “podría tener responsabilidades administrativas y penales”. También alertó sobre el “potencial riesgo de suspensión de restricción de alimentación en la Zona 3”, que corresponde a Guayas, cuya capital es Guayaquil, y donde se concentra el mayor complejo carcelario del país, por la suspensión de pagos a la empresa contratada para proveer de alimentos en las prisiones de esa región. “Como organismo de derechos humanos tomaremos las acciones legales respectivas para asegurar el acceso a derechos de las personas en contexto de encierro en relación a su alimentación”, precisó el CDH.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Una joven fue secuestrada la mañana de este miércoles 22 de mayo en el cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre. La ciudadana apenas había estacionado una camioneta pequeña y pretendía ingresar a su domicilio cuando fue interceptada por tres sujetos que se movilizaban en un taxi. El vehículo de los delincuentes era conducido por una cuarta persona. El secuestro quedó registrado en video. Según consta en las imágenes, ocurrió alrededor de las 07:30 en el barrio La Crucita, cerca del cerro El Tablazo. Las imágenes desesperantes demuestran que la mujer intentó escapar de los criminales, pero no lo logró. En declaraciones recogidas por medios locales, vecinos de la víctima relataron que esta semana ya habían visto el taxi merodeando por el sector. El carro fue abandonado horas después en el sector Buena Fuente, perteneciente a la parroquia Chanduy.