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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Siete de cada 10 ciudadanos son inadmitidos porque no justifican su condición migratoria. De enero a marzo de 2024, 825 extranjeros han sido inadmitidos en Ecuador, la mayoría por no justificar su condición migratoria. La cifra es considerablemente superior a la de 2023, cuando en el mismo periodo fueron 373 ciudadanos. Un informe de la Policía de Migración alerta sobre el incremento de extranjeros inadmitidos, es decir, aquellos que no reúnen los requisitos o están involucrados en delitos y por ello no pueden ingresar al país. Siete de cada 10 ciudadanos son inadmitidos porque no justifican su condición migratoria, y uno de cada 10 carece de visa vigente. Entre las nacionalidades con más inadmisiones se encuentran: ChinaColombiaRepública DominicanaMéxicoVenezuelaIndia Holguer Cortez, Subsecretario de Migración, explica que, al detectar una inadmisión, la autoridad en Ecuador, cumpliendo la Ley Orgánica de Movilidad Humana y de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional, tiene 24 horas para encontrar una aerolínea que garantice el retorno del extranjero al último país donde se embarcó. El costo del viaje lo asume la aerolínea. Sin embargo, la autoridad señala que ha solicitado a la Corte Constitucional que amplíe el plazo a 72 horas por las complicaciones que se presentan y aún esperan un pronunciamiento del organismo. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! 13 privados de la libertad colombianos fueron trasladados a su país de origen. Lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La entidad señaló que se han entregado 131 expedientes de personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana para continuar con su proceso de traslado a Colombia, quienes tienen sentencia ejecutoriada. La decisión, según el comunicado, está avalada en el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990. Este convenio fue suscrito por ambas naciones. A esto se suma el Reglamento sobre Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, del 7 de abril de 1994. En el comunicado, con fecha del 28 de mayo de 2024, se explica que “el Estado ecuatoriano está a la espera de la pronta respuesta de las Autoridades de la República de Colombia con el fin de cumplir efectivamente con el traslado de los restantes ciento dieciocho (118) ciudadanos de nacionalidad colombiana”. En abril de 2024, la Cancillería anunció la entrega del primer grupo de privados de la libertad a Colombia. Ellos se encontraban en el Centro de Privación de Libertad Carchi N°1. En total salieron del país 11 hombres y 2 mujeres. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Fiscalía estableció una nueva fecha para que la vicepresidenta Verónica Abad rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento en torno al caso Nene. Sin embargo, aún no ha sido notificada oficialmente. Oswaldo Trujillo, abogado de la funcionaria y de su hijo, detalló que el Ministerio Público convocó a la también embajadora para el 31 de mayo del 2024 a las 09:30 de la mañana de manera telemática, pero no ha sido notificada por los canales pertinentes. “El hecho de que nos notifique a nosotros como abogados de su hijo en este proceso no significa que está notificada la vicepresidenta. Tiene que cursarse el oficio correspondiente a la Vicepresidencia y a la Cancillería porque la Fiscalía sabe que la vicepresidenta no está en Ecuador, sino que cumple funciones en Israel”, comentó el jurista en entrevista con el programa digital ‘Primera Plana’. Agregó que la primera convocatoria, programada para el pasado martes 28 de mayo, tampoco fue avisada de manera formal a la vicepresidenta. Recién este miércoles le llegó la notificación. Trujillo también dijo que presentó un petitorio al Ministerio Público para que especifique si es que Abad está siendo llamada en calidad de testigo o sospechosa, pero la situación no ha sido aclarada. “Ayer recibimos una respuesta por parte de la Fiscalía, pero de manera muy desviada no nos da respuesta en qué calidad se le está haciendo comparecer a la vicepresidenta”, acotó el abogado. Aseguró que insistirá a la Fiscalía para que emita una respuesta específica, ya que no se podría vincularla al proceso de su hijo porque tiene fuero de la Corte Nacional. Además, tendría que contar con la autorización de la Asamblea Nacional. CHATS Y AUDIOS FILTRADOS En los últimos días, también se ha filtrado un audio en el que se escucha hablar a Sebastián Barreiro y su denunciante Rommel P. sobre unos pagos para concretar un puesto. Así mismo, en redes sociales se viralizaron chats entre la vicepresidenta y la presunta víctima, en los que Abad habla de “acuerdos claros y justos”. Sobre estos temas, el abogado Trujillo aseguró que, en efecto, el material forma parte del expediente, pero cree que Rommel P. los filtró para causar conmoción social. Agregó que el denunciante fue contratado como fotógrafo para la campaña electoral, es decir, que la relación laboral inició antes de que Abad asuma la Vicepresidencia. Además, aclara que los audios están cortados y corresponden a otro tipo de situaciones. “Hablan de cuando él (Sebastián Barreiro) fue intendente de policía, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Se está mezclando de manera intencionada para causar esta conmoción social”, manifestó el abogado. Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, es acusado de presunto tráfico de influencias, puesto que habría cobrado dinero para otorgar un puesto de trabajo en la Vicepresidencia. Actualmente, se defiende en libertad, pero tiene medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas todos los miércoles. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades detectadas en el proceso de compra de alimentos del Hospital del Niño en Guayaquil. Este martes 28 de mayo se comunicó que la acción se llevó a cabo en respuesta a las instrucciones del gobierno del presidente Daniel Noboa. La denuncia se centra en los presuntos sobreprecios en la adquisición de alimentos destinados a uno de los principales centros de atención pediátrica del país. En paralelo, el MSP ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial de los procesos de contratación pública realizados en el hospital entre octubre de 2023 y abril de 2024. Este pedido busca identificar y corregir cualquier irregularidad administrativa que pueda haber ocurrido durante ese período. Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio de Salud Pública ha tomado la decisión de desvincular de manera inmediata a las máximas autoridades del hospital involucradas en estos procesos. El MSP ha enfatizado que continuará con la intervención y supervisión de los procesos de contratación dentro del hospital y en otras instituciones de salud. El objetivo es asegurar que los recursos estatales sean utilizados de manera eficiente y que se garantice el acceso a servicios de salud de calidad para todos los ecuatorianos. La administración del presidente Daniel Noboa ha destacado que, a diferencia de gobiernos anteriores, no se encubrirá a ningún funcionario implicado en actos de corrupción. La lucha contra la corrupción será firme y se aplicará en todos los niveles, resaltó el MSP. Esta denuncia ocurre luego de que a inicios de mayo, el primer mandatario también señalara los supuestos lazos con la delincuencia organizada de un proveedor de alimentos en cárceles y planteles educativos. Su referencia apuntó a la compañía denominada Lafattoria S.A. que proveía de servicios de alimentación en algunas cárceles del país desde hace nueve años. El presidente expresó su preocupación por la presunta acumulación de 171 millones de dólares por parte del proveedor de alimentos, y señaló que estos fondos podrían haber financiado actividades ilícitas si se comprueba su vinculación con organizaciones criminales. Noboa ha señalado que el Gobierno no favorecerá a proveedores con vínculos con el crimen organizado Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, rechazó este lunes el informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) que denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales en el marco del “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado. Torres acusó a la entidad de buscar la desorganización de las sociedades a través de los derechos humanos. “Nosotros sabemos quiénes están detrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor (George) Soros, que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, promueve la desorganización de las sociedades y la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos”, dijo Torres en rueda de prensa. La pasada semana, HRW remitió una carta al presidente Daniel Noboa para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de “conflicto armado interno” no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos. “Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos”, señaló la organización internacional defensora de derechos humanos tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos y revisar expedientes de casos judiciales. Muchas de las personas reportadas como detenidas no fueron llevadas ante Fiscalía y parecen haber sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal y, según los vídeos y fotografías publicados en Internet y verificados por Human Rights Watch, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes. HRW también denunció que “los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica”. En la rueda de prensa de este lunes, el viceministro Esteban Torres reconoció que las denuncias presentadas por HRW no son las únicas, y que hay más organizaciones que se han expresado en ese sentido, por lo que señaló que el Gobierno acogerá esos reportes y tomará correctivos “en el caso que haya que tomar correctivos”. El funcionario apuntó que “el Gobierno lucha contra la corrupción con todas las armas que le han dado los ciudadanos y le responde a los ecuatorianos, no a estas organizaciones internacionales”. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El examen a la declaración juramentada de Andrés Guschmer, que él mismo solicitó, le permitirá al organismo de control determinar si puede o no ser ministro del Deporte, en su condición de accionista de un canal de televisión. La Contraloría General del Estado, en una verificación preliminar, encontró motivos suficientes para iniciar un examen especial al cumplimiento de requisitos de Andrés Guschmer para ocupar el cargo de ministro del Deporte. El periodista deportivo y empresario ha sido cuestionado por tener acciones en Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., ambas empresas que mantienen contratos con la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones por las frecuencias de televisión. “Las acciones forman parte de una paquete accionario de empleados, esto no fue un tema en donde hayamos sido interesados a ir a comprar un paquete accionario”, comentó Guschmer en una entrevista pasada en Contacto Directo. El examen a la declaración juramentada de Andrés Guschmer, que él mismo solicitó, le permitirá al organismo de control determinar si puede o no ser ministro, algo que depende exclusivamente de si es o no accionista del canal de televisión. La Constitución prohíbe cumplir esas funciones públicas a quienes son propietarios o miembros del directorio de personas jurídicas privadas, que tengan contratos con el Estado. “Será Contraloría la que tendrá que determinar si esto es un impedimento; si es que ser accionista es ser propietario, porque la ley habla de propietarios y accionistas, de dueños y acciones, y bueno, espero la respuesta de Contraloría”, comentó previamente. Con Sebastián Corral, quien fue secretario de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso, pasó lo mismo. En febrero de este año, la Contraloría ya para entonces liderada por Mauricio Torres determinó que su nombramiento fue ilegal, que no debió ser designado ni posesionado por ser accionista de las dos mismas compañías. Lo multó con USD 9 200 y le suspendió los derechos de participación Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Hace una semana se presentó una denuncia electoral en contra del presidente Daniel Noboa Azín ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y era la causa número 096-2024-TCE. Lo informó Diana Jácome, asesora de la Presidencia de la República, en una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet. “La persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que acaba de renunciar hace pocas horas. Nada extraño, pero se entiende de donde proviene esta denuncia y esta relación. Eso es todo compañeros”, manifestó la funcionaria. El denunciante es el excandidato a la Alcaldía de Quito, Marlon Andrés Pasquel Espín. En el numeral 1, el documento señala: “Conforme lo previsto en el articulo 245.2 del Código de la Democracia y del articulo 7 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, archívese la presente denuncia, propuesta por el señor Marlon Andrés Pasquel Espín”. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Un nuevo caso de presunto uso indebido del carné de discapacidad sale a la luz. Nataly Morillo, asambleísta del movimiento Construye, denunció que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, habría adquirido vehículos y un bote con el documento. La mañana de este martes 28 de mayo del 2024, la legisladora comentó que le llegó la información hasta su despacho por parte de un ciudadano, por lo cual pidió al Ministerio de Salud Pública que le informe cómo fue el proceso de otorgamiento del carné. También solicitó al Servicio Nacional de Aduana que detalle el trámite para la adquisición de los bienes: automóviles de alta gama y un bote valorado en 16.740 dólares. “El carné es para que las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida y llama la atención la adquisición de un bote. ¿En qué beneficia un bote a la salud del señor Fantoni?”, cuestionó la asambleísta Morillo. Agregó que nadie está por encima de la ley y espera respuestas por parte de las instituciones antes mencionadas para continuar con la investigación. Morillo adelantó que, en caso de comprobarse las acusaciones, Fantoni podría enfrentar un juicio político. LA OTRA CARA DE LA MONEDA Por su parte, el presidente del CPCCS dijo en un comunicado que la denuncia de la asambleísta se basa en “falsas acusaciones” y tiene tintes “evidentemente políticos”. Explicó que en el 2015, fue diagnosticado de arritmias cardiacas con presencia de un tumor en la espina dorsal. Luego, se sometió a una cirugía de la columna vertebral y le colocaron un neuroestimulador. Como consecuencia de este cuadro clínico, el 31 de enero de 2020, Fantoni fue declarado como Persona con Discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, condición que mantiene en la actualidad. Aclaró que “ninguno de sus bienes” ha sido comprado con los beneficios tributarios concedidos por la Ley Orgánica de Discapacidades. “De hecho, mi vehículo usado de modelo 2011 lo adquirí en el año 2018, cuando no tenía el carné de discapacidad. Mientras que una embarcación modelo 2001 -al que se hizo referencia- tampoco fue comprada con el citado carné”, acotó el titular del CPCCS. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.