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Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Leonidas Iza, presidente de la ​​Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), no descartó movilizaciones ante la posible liberación de los precios de las gasolinas que promovería el Gobierno de Daniel Noboa como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La semana pasada, la organización financiera internacional aprobó un nuevo programa de crédito de 48 meses para Ecuador, que permitirá el acceso a un préstamo de 4.000 millones de dólares, con el desembolso inmediato de 1.000 millones de dólares disponibles para el presupuesto público. Este acuerdo se ejecutó bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un programa que tiene como objetivo “apoyar las políticas de Ecuador para estabilizar la economía, salvaguardar la dolarización y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”. Si bien el Gobierno de Daniel Noboa no ha brindado detalles sobre el convenio, se conoce que la actual administración se comprometió a focalizar los subsidios de los combustibles, los cuales generan un gasto de 3.200 millones. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, mencionó en la carta de intención que “la mayoría de estos subsidios benefician a muchos que no lo necesitan, alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y crean terreno para la corrupción y el contrabando, beneficiando las actividades mineras informales y el tráfico de drogas”. De hecho, el presidente Daniel Noboa ya había mencionado en su última gira europea que planea eliminar los subsidios a los combustibles Extra y Ecopaís. “Son gasolinas de bajo octanaje y con un porcentaje bajo de consumo. Eso sí, deberíamos irlo eliminando poco a poco a los grupos que no lo necesitan. De esa manera no tocamos el verdadero costo de la vida”, acotó el mandatario ecuatoriano. Lea también: FMI autoriza el desembolso de 1.000 millones para Ecuador como parte de un préstamo de 4.000 millones de dólares ¿MOVILIZACIONES?La eliminación de los subsidios a los combustibles en el Ecuador ha sido un tema controversial. En el 2019, el presidente Lenín Moreno intentó hacerlo, pero esto desembocó en un paro nacional liderado por el movimiento indígena. Durante el Gobierno de Guillermo Lasso también hubo movilizaciones por varios días y, posteriormente, se formaron mesas de trabajo para buscar estrategias que focalizaran el precio de las gasolinas, pero no se logró consensos. Ahora la historia podría volverse a repetir, según unas recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien también estuvo al frente de las anteriores protestas. En entrevista con Radio Pichincha, el líder indígena anunció que en los próximos días convocará a una asamblea con transportistas para analizar el tema de la eliminación de los subsidios de los combustibles y sus efectos inmediatos. “Si la gente tiene hambre, vamos a luchar”, comentó el presidente de la Conaie sobre las posibles movilizaciones. Además, recalcó que “no es una amenaza” decir que van a salir a las calles, pero subrayó que los paros nacionales han logrado “parar la imposición total del FMI”. A criterio de Iza, la eliminación de los subsidios a las gasolinas más el reciente incremento del IVA al 15% serían una fórmula “letal” para los sectores con escasos recursos. “El efecto inmediato del incremento del precio de los combustibles va a generar dos problemas: todas las unidades productivas incrementarán los costos y surgirá la especulación”, aseguró el político. Mientras que la Conaie dijo en un comunicado que no apoyarán la liberación del precio de las gasolinas y que más bien debe buscarse un sistema de focalización de los subsidios para agricultores, pymes y transporte público. Por el momento, el Gobierno no ha anunciado cómo se llevará a cabo la liberación de los subsidios, pero se habla de un sistema de compensación para los sectores que lo necesitan: taxis, camionetas y motores fuera de borda. Vistazo

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La noche de este lunes 3 de junio de 2024 circuló en la Asamblea Nacional el memorando número AN-CCJP-2024-0101-M, dirigido a la asambleísta Rosa Belén Mayorga, presidenta del grupo parlamentario por los Derechos de las Mujeres. En el documento, suscrito por la legisladora del correísmo Paola Cabezas, se pide a Mayorga que solicite una moción para que se efectúe un cambio del orden del día en la siguiente convocatoria del Pleno de la Legislatura. El objetivo es que se debata y apruebe una resolución que exhorte al presidente, Daniel Noboa Azín, a respetar la Constitución y la ley sobre el encargo de la Presidencia de la República en una eventual candidatura presidencial. Ese documento fue publicado en la cuenta de X del asambleísta Xavier Jurado, quien escribió: “Al puro estilo de telenovela venezolana de los 80 las malas unidas, evidente pacto RC-Construye del odio al amor Correa-Romo. Pactar para coludir no es hacer patria”. Lo mismo indicó la oficialista Valentina Centeno. A su juicio, el llamado de Cabezas es “para exigir que Verónica Abad ocupe el cargo de presidenta, queda en evidencia a quien respalda el correísmo. #LaPresidentaDeLaRC”. Esto ocurre mientras Noboa analiza opciones para no delegar la Presidencia de la República a Verónica Abad Rojas durante la campaña electoral de 2025. Por eso, Mishell Mancheno, secretaria jurídica del Palacio de Gobierno, informó la semana pasada que se solicitó un criterio de la Procuraduría General. La idea es saber si el jefe de Estado está obligado a pedir licencia para participar en los comicios por su reelección. “Estamos en análisis de ese tema como lo manifesté ayer. El presidente llegó a cubrir un periodo faltante del exmandatario (Guillermo Lasso Mendoza), por lo cual vamos a esperar un pronunciamiento del procurador”.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un cambio en las circunscripciones o distritos electorales para las elecciones de 2025. Este cambio implica que algunas parroquias o cantones modificarán el número de candidatos que se escogen. Además, el número de asambleístas se incrementará de 137 a 151, debido a la actualización de los datos del censo de 2022. La nueva distribución será la siguiente, según el CNE: 15 asambleístas nacionales 6 asambleístas en el exterior (2 por cada circunscripción) 130 asambleístas provinciales, con un incremento en las provincias de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Orellana y Santa Elena. Las parroquias y cantones de Pichincha, Guayas y Manabí han sido reorganizados conforme al artículo 150 de la ley de elecciones. Según el Código de la Democracia, las provincias con más empadronados deben dividirse en bloques, una medida que se aplica desde las elecciones de 2013. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, enfatiza que las circunscripciones deben realizarse de manera matemática y técnica “para que ningún sector de la población en la provincia sea perjudicado y todos tengan la representación de los asambleístas”. Es crucial que los ciudadanos de las provincias mencionadas se informen sobre cuántas autoridades deberán elegir en las próximas elecciones

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En esa prisión de Guayaquil y nueve más de Guayas se ha suspendido el servicio de alimentación desde hace tres días. Familiares de los presos recluidos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, pudieron ingresar este lunes 3 de junio 448 latas de atún y 12 de sardina para la alimentación de los casi 5 000 reos que hay en esa cárcel. Ahí, así como en otras nueve prisiones de Guayas, se ha suspendido el servicio de comidas desde hace tres días. En la decena de prisiones existen 12 669 reclusos. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), los atunes y las sardinas fueron lo único que el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) permitió ingresar. Este organismo aún no explica cuál será la logística de recepción de víveres porque, además, en la Penitenciaría del Litoral no se puede preparar comida, según han denunciado los parientes de los reos. El CDH y la Iglesia católica prevén donar más alimentos a los presos este martes 4 de junio. Mientras que, las madres de los privados de libertad también solicitan enviar medicinas. Por otra parte, la CDH anunció que solicitará ante la Justicia una medida cautelar por la suspensión del servicio de alimentación. “Las cárceles de Guayas se suman a los 20 centros penitenciarios de la zona norte del país que no cuentan con una empresa formal de servicios de alimentación. La mayoría ha tenido que sostenerse a base de donaciones de la Iglesia y de familiares de personas privadas de libertad”, señaló el organismo en un comunicado. El 2 de mayo de 2024 un juez de Quito dictó medidas cautelares en favor de las personas detenidas, pero hasta ahora el SNAI no ofrece una solución a la falta de comida. La compañía Lafattoria S.A. explicó este domingo 2 de junio en un comunicado que había suspendido el servicio de alimentación “debido a la falta de pagos, ya que el Estado ecuatoriano se ha negado a cancelar los valores pendientes, que alcanzan los 30 millones de dólares”. “Esta deuda ha sido públicamente reconocida por las autoridades estatales”, aseguró la empresa, quien señaló que la suspensión del servicio conlleva también la desvinculación de más de 200 colaboradores. “La falta de pago ha generado que la empresa no pueda cancelar sus obligaciones a cientos de proveedores, quienes a su vez han debido suspender los despachos de materia prima”, añadió. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó su decisión de prescindir de los servicios de Lafattoria S.A. en que presuntamente esta empresa tendría vínculos con el crimen organizado, cuyas bandas se hicieron en los últimos años con el control muros adentro de las prisiones ecuatorianas. “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, aseguró Noboa en un mensaje a inicios de mayo, cuando Lafattoria S.A. ya suspendió el servicio de alimentos a las cárceles del norte del país donde se encargaba del abastecimiento de comida. Según Noboa, los gobiernos que antecedieron al suyo “entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándolos a otro tipo de política”.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! Se realizaron dos marchas, en Quito y Guayaquil, por la falta de alimentos en los centros de privaciónde la libertad. También pidieron que paren los maltratos. Los familiares y amigos de las personas privadas de la libertad (ppl) realizaron marchas de protesta en contra del Gobierno Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en diferentes sitios del Ecuador, este lunes 3 de junio de 2024. Solicitaron que se proporcione alimentación a los internos de las prisiones y se cumplan las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Unidad Judicial de Quito, el pasado 2 de mayo, para impedir la restricción de alimentos en centros penitenciarios. Los manifestantes llevaban pancartas con toda clase de mensajes: “El Estado (SNAI y Fuerzas Armadas) es responsable de ocultar información sobre muertos e impedir que sus familiares les den sepultura”, “Responsabilizamos a SNAI, FF.AA. y Gobierno Nacional por la vida de la población privada de libertad”. En Quito, los allegados de los presos se dirigieron hasta las inmediaciones del edificio de la Defensoría del Pueblo. “Pedimos que se nos permita hacer visitas y se pueda ingresar medicamentos, también la comida. Ya no queremos maltratos para los ppl, el hecho de que están cumpliendo su pena ya es suficiente”, dijo la hermana de un preso que está detenido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. El padre de una interna, detenida en Cotopaxi, contó que los militares no tratan bien a los presos. No les dan de comer y no les permiten recibir visitas desde hace seis meses. Tampoco les dejan salir al patio. En Guayaquil también se realizó otra marcha y plantón. Pidieron a las autoridades que se respeten los derechos humanos en las cárceles, pues la situación de los ppl es crítica.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! La jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Inés Romero, presentó una denuncia en la Fiscalía, el pasado 30 de mayo, tras recibir amenazas contra su vida. Este hecho se conoció este lunes 3 de junio del 2024. En la denuncia, la magistrada relató que, el 30 de mayo del 2024, aproximadamente a las 16:50, llegó a la Corte de Pichincha, en el norte de Quito, una corona de flores con una cinta que decía: «Que en paz descanse» y un sobre con su nombre. «Le solicité a mi asistente que no toque nada para evitar algún altercado», contó la jueza Romero. Luego alertó a la Policía de los ocurrido. Más tarde llegó a la dependencia judicial el conductor de un taxi de aplicación. Él aseguró que fue contratado por un extranjero para llevar y retirar la corona de flores. La jueza también relató que, el sábado 1 de junio del 2024, un vehículo empezó a perseguirla tras salir de un evento, junto a su pareja. «Tratamos de huir, pero el vehículo empezó a seguirnos y nos ocasionó choques para intentar detener nuestra marcha». «Temo por mi vida, por eso presento la respectiva denuncia con la finalidad que se realicen las investigaciones del caso», narró la magistrada, en la queja judicial. Además, de trabajar como jueza de la Sala Penal de la Corte de Pichincha, Inés Romero es postulante del concurso para designar al nuevo Defensor Público. Además, ella es testigo protegida, pues fue quien denunció el caso Vocales, en el que se investiga un presunto delito de tráfico de influencias.

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! El analista político estuvo en el Otro Relato este domingo 2 de junio.Augusto Tandazo además señaló que la derecha se encuentra muy unida en Ecuador. El analista jurídico, Augusto Tandazo, señaló que la deuda que el grupo Noboa mantiene con el Estado es cercana a los USD 88 millones. Y el SRI no cobra este dinero porque el patrimonio y los recursos de no están en el Ecuador. “Por eso el SRI decía, ¿a quién le caigo? Esto es criminal para un país, porque estamos trabajando para una oligarquía troglodita que nuca se saciará”. En el programa Otro Relato, Tandazo indicó además que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, actúa como “guardameta” del mandatario Daniel Noboa. E indicó que la derecha está “indisolublemente unida”. También señaló que ha soñado con ser presidente de la República, “pero con los pies en la tierra”. Así añadió que, si en algún momento se presenta esta oportunidad, peleará por ella. “Si no se da, yo seré un soldado más del progresismo ecuatoriano”, indicó. RADIO PICHINCHA

Patrocinado ¡Promociónate con nosotros! En el testimonio anticipado de Mayra S. se habló de beneficios para un exfamiliar del presidente Daniel Noboa en causas judiciales contra el Primer Mandatario. Este lunes, 3 de junio de 2024, Mayra S. testigo protegida, rindió su testimonio anticipado en el marco del caso Purga que investiga el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, la supuesta red de corrupción que funcionaba en las instancias de justicia del Guayas era operada por Pablo M., exasambleísta, y Mayra S. exrelacionista pública. En ese espacio, la exfuncionaria detalló que el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) y Xavier M., exvocal del Consejo de la Judicatura, habrían manipulado la justicia para beneficiar a Roberto G. en las causas judiciales en contra de su exyerno y actual presidente de la República, Daniel Noboa. Dijo que se habrían realizado varias maniobras para favorecer al exfamiliar del Primer Mandatario. En esta trama, el juez Ronald C. es fundamental. Este último trabajó con el exvocal de la Judicatura, quien logró su traslado desde El Triunfo hasta Samborondón. En definitiva se habla de que Roberto G. era amigo de Xavier M. por lo que benefició en estas causas en contra del presidente Noboa. “Este cambio no fue gratuito, fue hecho para que el señor Ronald C. cumpliera las pretensiones de Xavier M., y de su mejor amigo, Roberto G., en las causas judiciales que tenían en contra del señor Daniel Noboa, hoy presidente de la República”, mencionó la exfuncionaria de la Corte del Guayas. El juez Ronald C. habría operado tanto con el exvocal como con el exlegislador. En ese sentido se habrían atendido favores y peticiones por presunto tráfico de tierras en Durán. Este hecho fue denunciado por Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado en agosto de 2023. La exfuncionaria también comentó que el exlegislador del PSC habría manejado el sistema judicial a cambio de favores. Sus operadores habrían sido el mencionado Xavier M., Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura, y Maribel B. exvocal de la Judicatura.