La Asamblea Nacional solicitó al Registro Oficial que no publique la Ley para la Prevención del Lavado de Activos, conocida como ‘Ley Antipillos’. En un comunicado, difundido el 10 de diciembre del 2024, calificó la decisión del presidente Daniel Noboa como «un acto sin precedentes» en la democracia de Ecuador.
«Solicitamos enérgicamente al Registro Oficial que no publique esta ley, que afecta la economía de todos los ecuatorianos; y que respete las decisiones tomadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¡Exigimos respeto al sistema democrático y al orden constitucional!», sentenció el Legislativo en el documento.
El anuncio se realizó horas después que el Ministerio de Gobierno confirmara que que el Presidente decidió enviar la Ley al Registro Oficial «ante la falta de tratamiento legislativo y al cumplirse con el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa».
El Presidente emitió el Decreto 447 con el ratificó la postura del Gobierno respecto a la Ley Anitipillos. Señaló que «una Ley Económica Urgente jamás se archiva en primer debate«.
Por su lado, la Asamblea insistió en que el proyecto fue negado y archivado por el Pleno en «estricto cumplimiento del artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador». «Dicho artículo establece que los proyectos calificados como económicos urgentes sigan el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos; y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en primer debate», recalcó.
Además, el Legislativo indicó que si el Gobierno tenía duda sobre la negativa o el archivo de la ‘Ley Antipillos’ debía activar mecanismos constitucionales para que, en última instancia, la Corte Constitucional aclare la interpretación.
«La Constitución no exige que los proyectos económico-urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados; deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió en este caso», agregó en el documento.
Finalmente, la Asamblea Nacional enfatizó que la ley fue negada y archivada «para precautelar el bolsillo de las y los ecuatorianos» porque «su principal finalidad era establecer un impuesto a la venta de
vehículos usados».
La mañana de este lunes, 10 de diciembre del 2024, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, insistió en que la ‘Ley Antipillos’ no debe publicarse en el Registro Oficial. Asimismo, advirtió con impulsar una demanda en la Corte Constitucional, pero también con acudir en el ámbito penal.
«Si se publica la ley, la Asamblea va activar una demanda de inconstitucionalidad por la forma de promulgación de esta ley. Esperamos no llegar a eso y que el Registro Oficial sea el último rincón de salvaguardia de la democracia y haga respetar la decisión de la Asamblea«, indicó Muñoz.