El alcalde de Guayaquil es procesado desde el 10 de abril por el delito de distribución ilegal de hidrocarburos.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los 16 procesados por el delito de distribución ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A, justificó ante el juez Renán Andrade que, por problemas cardíacos, no puede usar grillete electrónico.
En un escrito enviado al magistrado, Álvarez señaló que se había sometido a un chequeo médico el viernes 11 de abril por presentar «hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística». Asimismo, menciona que tiene «antecedentes cardiológicos de miocardiopatía hipertrófica». Por todo ello, indicó, debe iniciar un «tratamiento vasodilatador anti-hipertensivo» y debe someterse a nuevos exámenes cardiológicos.
El oficio concluye que, por ese cuadro médico, sería «incompatible» el uso del grillete electrónico.
Finalmente, la defensa de Álvarez expone que ha solicitado una audiencia para revisar las medidas cautelares dictadas por el mismo juez Andrade, sin embargo, esta ha sido fijada para el 27 de mayo de 2025. El abogado del alcalde ha solicitado que esta diligencia se adelante.
El alcalde y otras 10 personas personas fueron vinculadas al caso desde el 10 de abril pasado. Estos once nuevos investigados se suman a las cinco personas naturales y otras cinco jurídicas que eran parte del proceso, y a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) ya les formuló cargos en diciembre de 2024.
El juez no dictó prisión para Álvarez, sin embargo, debe presentarse periódicamente ante funcionarios de la FGE, no puede salir del país y se le ordenó usar el grillete electrónico.
Caso Triple A
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en julio del año pasado por la estatal Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Esta agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
También informaba de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel que podían almacenar de forma autorizada.
Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicio pertenecientes a la compañía Copedesa, de Álvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.
Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
En uno de los casos señalados, una estación de combustible adquirió presuntamente más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10 000 galones, según informó un reporte emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Además, estas estaciones presentaron otras presuntamente irregularidades, como la venta de diésel y gasolina extra a un mismo vehículo, así como de expender gasolina a vehículos con placas que no existen, de acuerdo a la Fiscalía.
