El bloque oficialista ADN propone reformas legales para que adolescentes que cometan delitos graves como asesinato o secuestro sean juzgados como adultos y, al cumplir la mayoría de edad, puedan cumplir sus penas en cárceles comunes. Actualmente, los menores de edad son internados en centros de aislamiento con medidas socioeducativas, incluso después de cumplir los 18 años.
Según cifras presentadas por ADN, entre 2022 y junio de 2025 se han detenido a 8 100 adolescentes por distintos delitos, aunque no se precisó cuántos de estos casos corresponden a crímenes violentos contra personas.
La propuesta oficialista contempla penas que podrían alcanzar hasta 34 años de prisión si los jóvenes son condenados como adultos.
Por otra parte, la intención de incluir estas reformas en una ley económica urgente ha generado críticas. Abogados constitucionalistas sostienen que una modificación de esta naturaleza no puede tramitarse bajo esa vía, ya que implicaría también cambios a la Constitución y no únicamente al Código Penal o al Código de la Niñez y Adolescencia.
El constitucionalista André Benavides advirtió que «tratar de modificar aquello sería a través de una reforma a la Constitución», lo que requiere un procedimiento más complejo. Además, afirmó que el contenido penal no guarda relación con los objetivos económicos que justifican una ley urgente.
Pese a ello, el asambleísta oficialista Andrés Castillo defendió la inclusión del tema en el proyecto denominado Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, señalando que no existen impedimentos legales.
Este no es un debate nuevo. En mayo de 2025, durante la discusión de una reforma al Código de la Niñez, la imputabilidad de los adolescentes infractores fue uno de los temas más polémicos. En aquella ocasión, el oficialismo no dio los votos necesarios para aprobar los cambios, pese a que se habían trabajado durante seis años.
