Asalto de Ecuador Embajada de México: Hoy, Corte Internacional de Justicia emitirá su fallo

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Hoy, Ecuador espera el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las medidas cautelares solicitadas por México tras el asalto a su embajada en Quito.

El pasado 5 de abril, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ingresaron violentamente a la dependencia diplomática mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había otorgado asilo por considerarlo un perseguido político.

La entrada abrupta de la fuerza pública fue rechazada por la comunidad internacional y provocó la ruptura de relaciones entre los dos países.

El 11 de abril, México demandó a Ecuador ante la CIJ por infringir las normas y tratados internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Como parte de la denuncia, México pidió medidas provisionales, entre ellas que el Gobierno ecuatoriano brinde plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra.

La decisión del máximo tribunal de Naciones Unidas llegará después de escuchar los argumentos de ambas partes el 30 de abril y el 1 de mayo.

En ese momento, representantes del gobierno de Ecuador justificaron el asalto a la Embajada, un acto que calificaron de “excepcional y aislado” porque buscaban detener al exvicepresidente Glas.

México, por su parte, acusó a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” por entrar de manera violenta a la legación y agredir físicamente a un diplomático.

Más allá del pronunciamiento judicial de este jueves, la CIJ todavía deberá analizar la demanda de México, que entre otros puntos pide la suspensión de Ecuador como miembro de la ONU hasta emitir una disculpa pública.

La Corte también recibio una acusación de Ecuador contra México por incumplir las normas sobre el asilo político, la violación en los principios de igualdad soberana y la vulneración sobre la obligación de cooperar en asuntos anticorrupción, aunque no pidió medidas provisionales.

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