La fiscal general del Estado investiga casos supuestamente calificados como de “connotación nacional”, donde el delito de presunta delincuencia organizada es el detonante. Es cuestionada por priorizar casos de investigación sobre otros.
El 1 de abril del 2025, Diana Salazar concluirá el período para el que fue designada como Fiscal General del Estado por el Pleno del Consejo de Participación Transitorio (CPCCS-T).
Al parecer, concluirá su período de una forma tranquila, al evadir el trámite de juicio político en su contra debido a que está embarazada, dejando de lado los cuestionamientos a su gestión por tramitar casos conforme a los momentos políticos.
Algunos grupos de organizaciones sociales la apoyan en las calles, pero algunas fuerzas políticas la acusan de priorizar casos sobre otros, dependiendo del actor y la fuerza política.
Por ejemplo, a Salazar la cuestionan por su falta de agilidad en el Caso Encuentro, que involucra al cuñado y círculo del expresidente Guillermo Lasso, en presuntos actos de corrupción; así como la falta de acción ante crisis de seguridad que vive el país.
Pero, ¿Cómo llegó a ser Fiscal General?
Salazar era directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Llegó al cargo de fiscal en medio de cuestionamientos en su proceso de designación en 2019, pues a pesar que, al final obtuvo una puntuación de 88,17 durante el concurso de méritos y oposición, en su prueba escrita obtuvo una calificación de 10/20.
Eso la llevo a ser etiquetada como “la fiscal 10/20”.
Desde el 2019, la fiscal Salazar ha impulsado 29 casos catalogados supuestamente como de «connotación», así como constan en la página web de la Fiscalía. Allí se detallan los procesos contra la eficiencia de administración pública, derechos humanos, violencia de género y otros.
Su trabajo también se ha visto empañado por cuestionamientos de sus propios compañeros.
Tras el asęsinato del agente fiscal del Guayas, César Suárez, el 17 de enero del 2024, los fiscales exigieron a Salazar protección para realizar su trabajo, así como justicia para la agente fiscal María José Aguirre, procesada en el Caso Metástasis.
Algunos funcionarios habrían sido perseguidos por orden de Salazar por exigir sus derechos. El agente Darwin Muñoz, por ejemplo, fue trasladado a la Fiscalía de Balao luego que señalara que los fiscales del país están desatendidos y abandonados.
Ataque a estructuras y amenazas
El rol de la fiscal durante estos casi seis años de gestión se ha centrado en supuestamente atacar a presuntas estructuras dedicadas a cometer actos de corrupción y que estarían, en algunos casos, ligadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
Debido a su exposición como fiscal general, Salazar está obligada a usar chaleco antibalas y a aumentar su seguridad.
Casos de connotación
Son los casos Encuentro, Metástasis, Purga, Plaga e Independencia Judicial los que más han provocado el interés de la fiscal. Todos los casos son por delincuencia organizada, a excepción del de Independencia Judicial, que es por obstrucción a la justicia.
Metástasis
El caso de mayor connotación es Metástasis que se da a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, quien creó una red con jueces, fiscales, abogados, guías penitenciarios, entre otros para acceder a beneficios penitenciarios y fallos a su favor.
Esta operación dejó 52 procesados. Es visto como la estocada a la narcopolítica, desencadenando en una ola de violencia en el país: En 2023 cerró con 8 008 muertes violentas.
Purga
Luego viene el caso Purga que se deriva de Metástasis. En este caso se investiga al exasambleísta Pablo Muentes; a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y a varios jueces de esa misma dependencia que -aparentemente- favorecieron intereses individuales e incluso del narcotráfico.
Otros casos
La fiscal también investiga el caso Plaga, en el que están involucrados jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios.
Otro caso que tiene que ver con la administración de justicia es el de Independencia Judicial que se deriva de otro caso de tráfico de influencias, en el que están vinculados exvocales del Consejo de la Judicatura.
Además, el caso Encuentro que se habría dado durante el Gobierno de Guillermo Lasso menciona a una estructura que adjudicaba contratos y tramitaba ingresos irregulares de personas en empresas del Estado, a cambio de sobornos.
La Fiscalía también investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cuyos ejes investigativos también se deslindan de los chats del caso Metástasis.
Su reemplazo
El Consejo de Participación Ciudadana deberá hacer un reglamento para el designar al nuevo fiscal general del Estado.
Primero, el Consejo deberá convocar a un concurso para la Comisión Ciudadana de Selección que estará integrada por 10 personas.
Los seleccionados convocarán al concurso para designar al o la fiscal. Este proceso podría tomar de seis meses a un año.
