La jueza Erika Álvarez fue destituida de su cargo por haber declarado ilegal la detención de cinco presuntos agresores de la caravana presidencial en El Tambo, provincia de Cañar, hecho ocurrido en octubre de 2025.
La sanción fue impuesta por el Consejo de la Judicatura este 4 de agosto de 2026, al considerar que la magistrada incurrió en manifiesta negligencia.
El caso se remonta al 7 de octubre de 2025, cuando un grupo de personas lanzó piedras, palos y otros objetos contundentes contra la caravana en la que se movilizaba el presidente Daniel Noboa, durante un evento en El Tambo, en medio de un paro por la eliminación del subsidio al diésel.
Tras el incidente, la Policía detuvo a cinco personas para formular cargos por el presunto delito de ataque o resistencia. Sin embargo, durante la audiencia, la Fiscalía no logró justificar la legalidad de las detenciones, por lo que la jueza dispuso la liberación de los aprehendidos.
La decisión generó cuestionamientos por parte de la Fiscalía, que anunció una investigación previa sobre el caso.
En ese momento, funcionarios del Gobierno señalaron que el ataque podría constituir una tentativa de asesinato contra el Presidente y afirmaron que existían impactos de bala en los vehículos de la comitiva, versión que posteriormente fue desvirtuada.
Días después, el presidente Daniel Noboa expresó su rechazo a la agresión y señaló que la caravana también recibió impactos de artefactos pirotécnicos, advirtiendo sobre el riesgo que representó el ataque.
El Consejo de la Judicatura no informó sobre otras sanciones relacionadas con este caso.
