Harold Burbano no acudió por cuarta vez a rendir versión en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias

El exdirector regional Christian Marín, quien presentó la denuncia, insiste en que el ministro del Trabajo evitó comparecer y reitera sus acusaciones por presuntas presiones para levantar un impedimento contra Álvaro Rosero.

El ministro del Trabajo, Harold Burbano, no se presentó por cuarta ocasión consecutiva a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación previa por un presunto delito de tráfico de influencias.

Así lo informó el abogado y exdirector regional del Ministerio del Trabajo, Christian Marín, quien presentó la denuncia en su contra.

A través de su cuenta en la red social X, Marín aseguró que esta es la cuarta vez que el funcionario no comparece ante el Ministerio Público.

“Es la cuarta ocasión que Harold Burbano no viene a la Fiscalía a rendir la versión por el delito de tráfico de influencias”, escribió, al insistir en que el caso debe avanzar.

La denuncia surge a raíz de los hechos que, según el relato de Marín, lo llevaron a presentar su renuncia irrevocable como director regional del Ministerio del Trabajo.

El exfuncionario sostuvo que el ministro habría ingresado a su despacho acompañado de asesores y le habría exigido levantar de manera inmediata el impedimento para ejercer cargo público que pesaba sobre Álvaro Rosero, quien había sido designado como ministro de Gobierno.

De acuerdo con Marín, la orden debía cumplirse en un plazo de “tres minutos” y, según afirmó, se habría invocado incluso una supuesta disposición del presidente Daniel Noboa, versión que el exdirector dijo no creer.

Para él, se trató de una presión indebida y de un procedimiento que no se ajustaba a los mecanismos administrativos correspondientes.

Tras hacer públicas estas acusaciones, Marín acudió en el mes de enero a la Fiscalía para aportar información dentro de la investigación.

En ese entonces, sostuvo que los hechos configurarían el delito de tráfico de influencias, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal cuando un servidor público utiliza su cargo para obtener decisiones o resoluciones en beneficio propio o de terceros.

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