El correísmo denuncia que el TCE quiere cancelar su movimiento político; la institución lo niega Luisa González y Andrés Arauz tienen una denuncia en el TCE porque supuestamente no presentaron las cuentas de campaña de 2023 de acuerdo a la ley.
El correísmo denunció en redes sociales que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) buscaría cancelar a la Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas por una presunta irregularidad en su informe de gastos de campaña en las elecciones anticipadas de 2023.
Cuando un partido político es eliminado de dicho registro, no puede participar en las elecciones, las más cercanas serán las seccionales de 2027.
Asambleístas como Noemí Cabrera, Roque Ordóñez e incluso el expresidente Rafael Correa se hicieron eco de una supuesta sentencia del TCE en la que se lee sobre la cancelación de la RC, además de la suspensión de derechos políticos a Luisa González y Andrés Arauz, quienes fueron binomio presidencial en 2023.
Sin embargo, el departamento de comunicación del TCE dijo que el contenido al que hacen referencia los mencionados políticos es falso.
La abogada electoral Mónica Jaramillo también observó que “el tipo de letra (que se muestra en esa supuesta sentencia) no coincide con el utilizado por el juez de instancia en sus autos y sentencias”. Para ella, el contenido de ese documento “ha sido totalmente alterado y (…) se presenta bajo una narrativa de victimización”.
Luisa González y Andrés Arauz tendrán audiencia en el TCE el 18 de febrero
Ecuavisa consultó a la asambleístas Viviana Veloz y Noemí Cabrera si tenían más información de dicha denuncia. La primera respondió que “no”, que solo conocía lo que se ventila en redes sociales. Mientras que la segunda no respondió hasta la publicación de esta nota.
Luisa González y Andrés Arauz estás acusados de un supuesto mal reporte de las cuentas de campaña de la RC en 2023. Recién el 18 de febrero tendrán una audiencia de pruebas y alegatos ante el juez del TCE, Guillermo Ortega, para defenderse del tema. El fallo que emita el magistrado recién será de primera instancia, es decir, no tendrá un efecto inmediato.
Por esta causa, Fiscalía también les abrió una investigación previa por supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos en el caso Caja Chica.
