La exasambleísta asegura que advirtió al presidente sobre una presunta estafa en los acuerdos con ATM y Progen, y afirma que fue perseguida por fiscalizar el caso.
La exasambleísta Ana Galarza encendió nuevamente las alarmas sobre la gestión pública durante la emergencia energética.
Según dijo, ese periodo fue utilizado para “firmar contratos pícaros” que, a su criterio, derivaron en un grave perjuicio para el Estado.
Entre ellos señaló el acuerdo suscrito con las empresas ATM y Progen, que calificó como “una estafa al Estado”.
Galarza aseguró que advirtió directamente al presidente de la República sobre los riesgos de los contratos que estaban por firmarse. Sin embargo, afirmó que sus alertas fueron ignoradas y que, pese a sus observaciones, los acuerdos se concretaron.
“No solo se firmaron. El Gobierno decidió emprender una persecución en mi contra por fiscalizar”, declaró.
Sobre las presuntas irregularidades, la exlegisladora afirmó que el perjuicio estatal ascendería a USD 140 millones.
Además, cuestionó que la firma de los documentos se haya realizado, según sostiene, a través de funcionarios que no tenían la competencia legal para hacerlo.
“Probablemente sabían que era una estafa, tanto así que hicieron firmar los contratos a alguien que no tenía competencia”, señaló.
Galarza también recordó que su labor de fiscalización no se limitó al sector energético. Reveló que investigó la compra de insulina en el IESS, durante la presidencia de Eduardo Peña, donde cada dosis habría sido adquirida a USD 20.
Según dijo, ese precio levantó sospechas sobre un posible sobrecosto que debía ser revisado.
Las declaraciones de la exasambleísta reabren el debate sobre la transparencia en contratos firmados durante estados de excepción y emergencias, escenarios donde la agilidad en la contratación suele convivir con mayores riesgos de irregularidades.
Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento sobre los señalamientos.
