El pronunciamiento ocurre en medio de las protestas que desde el lunes 22 de septiembre de 2025 se desarrollan en varias provincias: Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.
Este 25 de septiembre de 2025, cuatro dirigentes sociales denunciaron el inicio de un proceso judicial en su contra. La notificación llegó de parte de la Fiscalía General. Esto a propósito de las protestas sociales contra la administración de Daniel Noboa y el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La Fiscalía de Delincuencia Organizada de Pichincha citó a los líderes para una dirigencia el próximo 3 de octubre de 2025. En la convocatoria no se especifica el tipo penal por el que son investigados. Los dirigentes notificados son:
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Frente Popular (e).
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Cedocut.
Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).
Wilfrido Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (Fenocin).
Ellos suscribieron un comunicado titulado “Gobierno inicia un proceso de criminalización”. Allí aseguran que la notificación es “un claro intento de intimidar y frenar la organización social que se levanta frente al paquetazo de Daniel Noboa impuesto con autoritarismo y mentiras”.
Asimismo, señalaron que se busca silenciar a quienes protestan. En su declaración añadieron: “La criminalización no es más que una estrategia desesperada del Gobierno para sostener medidas antipopulares, represivas que han incrementado el sufrimiento de millones de ecuatorianos”.
El pronunciamiento ocurre en medio de las protestas que desde el lunes 22 de septiembre de 2025 se desarrollan en varias provincias: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Zamora Chinchipe. Estas acciones responden a la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel y fijar el precio en USD 2,80 hasta diciembre de 2025.
Las movilizaciones se enmarcan en la resolución de la Conaie, que convocó a un paro nacional con la exigencia de derogar el Decreto Ejecutivo 126, mediante el cual se dispuso la eliminación del subsidio. En el proceso de las manifestaciones hubo agresión y represión policial contra quienes ejercen su derecho a la protesta.
