Ecuador atraviesa nuevamente jornadas de paralización que ponen sobre la mesa un dilema recurrente en las democracias: ¿cómo garantizar el derecho ciudadano a la protesta sin afectar de manera grave el derecho de otros a la libre movilidad y al trabajo?
De acuerdo con la Constitución, los ecuatorianos tienen derecho a manifestarse de forma libre y pacífica. Sin embargo, este derecho coexiste con otros igual de fundamentales: circular por el territorio, trabajar y mantener actividades económicas. En los paros nacionales, este equilibrio suele tensarse hasta el límite.
Durante las últimas movilizaciones, se han reportado cierres de vías principales, interrupción del transporte público y agresiones a vehículos particulares y de carga que buscaban continuar sus actividades. Estos hechos generan pérdidas económicas, afectan a trabajadores que dependen del día a día y limitan el acceso de la población a servicios básicos como salud y educación.
Expertos en derecho constitucional señalan que el desafío del Estado es garantizar ambos derechos, evitando que uno anule al otro. “El ejercicio de la protesta no debe implicar la vulneración de libertades ajenas. El rol de las autoridades es facilitar espacios de expresión, pero también proteger a quienes no desean participar”, explicó un jurista consultado.
Organismos de derechos humanos han insistido en que el uso de la fuerza pública debe regirse por principios de proporcionalidad y respeto a la integridad de las personas. No obstante, también reconocen que la violencia y los actos de vandalismo desvirtúan la legitimidad de las protestas y ponen en riesgo la convivencia social.
En este contexto, surge la necesidad de fortalecer mecanismos de diálogo temprano y espacios institucionales que permitan canalizar el descontento ciudadano antes de que se exprese en las calles. Sin un proceso de mediación ágil y confiable, las tensiones tienden a trasladarse a las carreteras, donde los derechos de unos y otros se enfrentan directamente.
El debate no es nuevo, pero se vuelve más urgente en cada paralización: ¿hasta dónde puede llegar la protesta sin vulnerar la movilidad y la seguridad de los demás? Y, al mismo tiempo, ¿cómo evitar que la exigencia de orden se convierta en una limitación excesiva de la libertad de expresión colectiva?
Resolver esta tensión es una tarea pendiente para el país, una que exige madurez política, respeto mutuo y un compromiso firme con los principios democráticos.
