La última audiencia pública relacionada con las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, enfrentará el escrutinio de los jueces de la Corte Constitucional.
La jueza Alejandra Cárdenas convocó a las partes demandantes y demandadas a una audiencia virtual, prevista para las 10:00. En este proceso se han unificado tres causas admitidas a trámite por la alta corte, que cuestionan la constitucionalidad de 31 artículos, además del reglamento emitido por el Ejecutivo para viabilizar la aplicación de la normativa.
Las demandas fueron presentadas por ciudadanos y organizaciones como la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entre otros.
Por parte de los demandados, deberán intervenir la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. También se prevé la participación de la Procuraduría General del Estado.
El Gobierno Nacional ha manifestado que no se trata de artículos legales ni de tecnicismos, sino de la vida diaria de millones de ecuatorianos que hoy viven con miedo. Esta norma busca proteger a la gente en medio de la violencia que golpea al país. Humanizar cada ejemplo es clave: esta ley no es un privilegio del Estado, es una herramienta que da ventaja al país frente a los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), anticipando riesgos, previniendo ataques y protegiendo lo más valioso: la vida de los ciudadanos.
Este no es un debate sobre otorgarle o no herramientas al gobierno de Daniel Noboa. Es un debate sobre darle al sistema de inteligencia las capacidades necesarias para acceder, clasificar y entregar información a las autoridades de las cinco funciones del Estado, con el fin de combatir la criminalidad que afecta derechos constitucionales fundamentales: la seguridad, la vida, la educación, la salud, la participación política, la vivienda, el libre tránsito y, por supuesto, la actividad económica de pequeños, medianos y grandes negocios.
