Gina Romero, relatora especial de ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, dijo que el texto «aún presenta fallas importantes».
El Pleno de la Asamblea Nacional realiza el segundo y último debate desde la mañana de este martes 26 de agosto antes de aprobar o rechazar el proyecto de Ley de Transparencia Social.
El correísmo dejó en clara su postura y adelantó que votará en contra porque considera que el fondo de la propuesta tiene doble intención, que sería la de perseguir organizaciones y actores sociales. Paola Cabezas (RC) aseguró que de aprobarse tendrá problemas en la Corte Constitucional.
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, también cuestionó parte del articulado, pues consideró que se crearán dos nuevos impuestos, por lo que sugirió votar por bloques. De no hacerse así, dijo que votará en contra.
A las críticas y observaciones se sumó la de Gina Romero, relatora especial de ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, quien publicó que el proyecto de ley «mejoró desde su primera versión, pero aún presenta fallas importantes que se pueden modificar».
Por su parte, ADN, que ahora tiene a Mishelle Mancheno como vocera de bancada, defendió que la propuesta del presidente Daniel Noboa tiene como fin prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capital en las organizaciones sin fines de lucro.
En otras palabras, que las ONG no sirvan como medios para lavar dinero.
El proyecto de Ley de Transparencia Social es la cuarta iniciativa calificada como urgente económica.
