La seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios fue transferida a la Policía y al SNAI que ahora es parte del Ministerio del Interior.
Los militares iniciaron su retirada de las cárceles del país. Desde este 10 de agosto, el control de la seguridad interna y externa de ocho centros penitenciaros, de los 19 en los que pertenecían las Fuerzas Armadas, pasaron a la Policía Nacional.
Esos centros son:
Archidona, Napo
Regional de Cotopaxi
Jipijapa, en Manabí
Santo domingo de los Tsáchilas
Quevedo, en Los Ríos
Turi, en Azuay
Machala, El Oro
Y Loja
Las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad de las cárceles el 9 de enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción y declaró conflicto armado interno.
El gobierno justificó la decisión con informes de inteligencia que determinaban a las cárceles como centros de operación de los grupos criminales y así justificó la intervención militar permanente.
En un año, siete meses de control militar, no hubo masacres carcelarias, que entre 2021 y 2023 superaron las 400 víctimas, tampoco amotinamientos, pero se presentaron otros problemas.
Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron excesos y muertes de reos por inanición. Hubo infiltración de grupos criminales en las Fuerzas Armadas. Más de una docena de uniformados fueron detenidos por ingresar teléfonos, armas y drogas, a los centros penitenciarios.
Y complicidad en la fuga de delincuentes peligrosos. En junio, 19 militares fueron procesados y detenidos por su implicación en la fuga de Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, cabecilla de Las Águilas, de la Penitenciaría del Litoral.
El 31 de julio un Tribunal de Guayas levantó esa medida y ordenó que los militares se presenten semanalmente ante la Fiscalía.
Los uniformados continuarán temporalmente en 11 de los 36 centros penitenciaros del país, entre ellos los considerados más peligrosos, la Penitenciaria del Litoral, la Cárcel Regional de Guayaquil y la de Esmeraldas. Ecuavisa
