El Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene mayoría oficialista, decidió que la fiscalización de los bonos que entregó el Gobierno en el periodo anterior sea fiscalizado por la Comisión de Transparencia, donde ADN tiene mayoría, y ya no por la de Garantías Constitucionales, donde el correísmo tiene control absoluto.
La decisión generó malestar en la Revolución Ciudadana que calificó de ilegal la actuación del CAL, argumentado que una vez que una comisión inicia un proceso de fiscalización, ninguna otra puede intervenir en el mismo.
Para esa bancada, «el objetivo es evidente: enterrar cualquier posibilidad de verdad y justicia, tal y como se hizo con Progen y blindar al Gobierno de Daniel Noboa frente a otro caso gravísimo de recursos públicos durante su campaña».
La RC quería profundizar en la entrega de los bonos Incentivo Emprende, Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción y las compensaciones a la población de Esmeraldas tras un grave derrame petrolero.
Es la segunda vez que el CAL determina que un proceso de fiscalización que quería impulsar el correísmo pase al oficialismo. El primer caso ocurrió con Progen.
