El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidad Indígenas (Conaie) advirtió que expulsará de forma definitiva a los asambleístas que voten a favor del proyecto de ley económica urgente denominado Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa.
En el XX Consejo Político Nacional del 6 de junio en Quito, la organización emitió un comunicado donde señaló que esta iniciativa legislativa representa una agenda neoliberal.
“Aplicaremos las medidas disciplinarias, sanciones que correspondan a todas las autoridades electas, y adherentes que se salgan de la línea política nacional y/o de las decisiones y las resoluciones de los Consejos Políticos Nacionales”, dice su resolución.
En ese sentido, la directiva señaló que sus nueve legisladores deben rechazar el proyecto y procurar su archivo. «Se les advierte a los y las asambleístas provinciales que están votando a favor del Gobierno de Noboa, que representa una agenda neoliberal y de derecha».
¿Qué involucra la Ley de Solidaridad?
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional hizo nuevas modificaciones a la Ley Económica Urgente de Solidaridad Nacional, como fue rebautizado el proyecto del Ejecutivo de lucha contra las economías criminales. Acogió observaciones hechas por el correísmo y Pachakutik (PK) para conseguir su respaldo.
Eliminó, por ejemplo, el artículo que permitía las detenciones sin órdenes judiciales durante un conflicto armado interno, que fue uno de los principales reparos en el Pleno de la Asamblea. En su lugar la Comisión modificó las reglas de juzgamiento para los detenidos.
Mantuvo que en estos casos se aplicará, principalmente la prisión preventiva y el juzgamiento será en una sola audiencia. Si el procesado se declara culpable, recibirá la pena mínima. Los sentenciados no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios hasta que paguen la reparación integral establecida.
El proyecto si mantiene los allanamientos sin órdenes judiciales, en cuyos casos los jueces deberán, de ser el caso, legalizarlos en 24 horas
