Con 78 votos, el Pleno de la Legislatura declaró improcedente y devolvió el pedido del doctor Hernán Barros Noroña, conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con el que solicitó que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal en contra de la ex legisladora Esther Cuesta, quien no es asambleísta desde el 13 de mayo del presente año.
En el Parlamento se argumentó que la decisión responde a los precedentes legislativos que constan en los considerandos de la resolución, así como en la recomendación efectuada con informe jurídico número IJ-CGAJ-2025-2029-0002, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional.
El documento señala que el Pleno, como máximo órgano del Órgano Legislativo, puede declarar improcedente y devolver el pedido realizado por la CNJ. La razón: a la fecha del requerimiento judicial, Cuesta no ostentaba el cargo de asambleísta.
Esta resolución produjo el rechazo del correísmo.
En un comunicado, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) indicó que se debe defender la institucionalidad. Respaldaron a Cuesta ante un intento de judicializar actos legítimos realizados por ella como presidenta encargada de la Legislatura.
«En una decisión vergonzosa, con votos de ADN, el Pleno de la Asamblea optó por declararse incompetente y devolver el proceso a la Corte, habilitando que continúe una causa penal sin sustento jurídico, vulnerando el fuero parlamentario y profundizando la persecución política que enfrentamos desde hace años», dice el documento.
Con base en la Constitución, añadió que los actos en ejercicio de funciones legislativas están protegidos. «Hoy se ha distorsionado el orden democrático, hemos sido testigos de un nefasto precedente porque cualquier legislador podrá ser enjuiciado por sus decisiones si incomodan al poder». No es solo un ataque a Cuesta, sino a la independencia del Parlamento y la democracia.
Cuesta es investigada por el caso Ligados. Supuestamente, la ex asambleísta aparece en los chats entre el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz y el exconsejero de Participación, Augusto Verduga.
Ambos mencionan a Cuesta, entonces presidenta de la Legislatura, como parte de un plan para evitar la posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos. El correísmo quería a Raúl González en ese cargo.
