La viuda del excandidato presidencial denunció un supuesto pacto entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la titular de la FGE, Diana Salazar.
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó este martes 8 de abril las declaraciones de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, quien aseguró en un video que existe un supuesto pacto entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la titular de la FGE, Diana Salazar, para que no se conozca a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial.
Según la FGE, las declaraciones de Sarauz son falsas y carecen de fundamento. Asimismo, la institución hizo un llamado a «no usar información de investigaciones previas con fines políticos y electorales».
Sarauz publicó este mismo martes un video de dos minutos y medio en el que denunció haber sido víctima de una «manipulación institucional». Señaló que detrás del crimen de Villavicencio estuvo el crimen organizado, «el poder político, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en Ecuador».
«Están dejando en total impunidad el asesinatos y magnicidio de mi esposo», aseveró la viuda.
Finalmente, Sarauz dijo que, tras esta denuncia, su vida y la de sus familiares están en grave riesgo y en estado de indefensión. Aseguró que el asesinato de Villavicencio fue «un crimen de Estado». «¡Ya es hora de que el país conozca la verdad!», subrayó.
Hasta el momento han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato de Villavicencio, entre ellos Carlos Angulo (alias El Invisible), cabecilla de la banda criminal Los Lobos, considerado autor mediato (con dominio del hecho) al haber planificado la ejecución del crimen desde la cárcel de Latacunga.
Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió aparentemente tiroteado por los escoltas del candidato y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta ahora.
Sin embargo, hasta el momento la Justicia ecuatoriana no ha logrado determinar quién dio la orden de acabar con la vida de Villavicencio el 9 de agosto de 2023, cuando fue acribillado a tiros a la salida de un mitin en el centro-norte de Quito.
En el momento de su asesinato, Villavicencio tenía 59 años y era la primera vez que se presentaba a la Presidencia después de haber ejercido de asambleísta, tras una carrera periodística donde se destacó por las denuncias de corrupción presentadas contra la administración del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).
