Las comunidades Pasto, Quillasinga y Awá bloquean el paso fronterizo en rechazo a la destrucción de dos puentes informales que utilizaban para acceder a Ecuador.
El puente internacional de Rumichaca continúa cerrado por segundo día consecutivo debido a una protesta de 400 indígenas del sur de Colombia. Las comunidades Pasto, Quillasinga y Awá bloquean el paso fronterizo en rechazo a la destrucción de dos puentes informales que utilizaban para acceder a Ecuador. Exigen su reconstrucción y legalización, mientras el cierre afecta el comercio y el tránsito en la zona.
La manifestación se originó luego de que las Fuerzas Armadas de Ecuador derribaran, con explosivos, dos estructuras sobre el río San Juan, frente a las parroquias El Chical y Maldonado, en Tulcán.
Según las autoridades ecuatorianas, estos pasos eran utilizados para el tráfico de drogas, armas y actividades de minería ilegal. Sin embargo, los comuneros afirman que eran su única vía de acceso a servicios básicos en Ecuador, ya que en el lado colombiano solo cuentan con un sendero que les toma 16 horas para llegar a la población más cercana.
Los manifestantes demandan a los gobiernos de Ecuador y Colombia que reconstruyan y legalicen los puentes destruidos como condición para reabrir el paso en Rumichaca.
Mientras tanto, las pérdidas económicas en la frontera continúan en ascenso. La Asociación de Transporte Pesado del Carchi estima que, por cada día de cierre, el comercio internacional y local pierde aproximadamente dos millones de dólares.
El impacto en el transporte de carga también es considerable. Se estima que 200 camiones han dejado de cruzar por Rumichaca, mientras que 20 tractomulas permanecen varadas en la frontera. Ante la situación, muchos transportistas han optado por desviar su ruta hacia el puente internacional de San Miguel, en Lago Agrio, para evitar mayores retrasos.
A medida que el bloqueo se prolonga, las pérdidas aumentan y la tensión crece en la frontera. Como medida de mitigación, se ha activado un corredor humanitario que permite el paso de ambulancias, personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras no haya una solución concreta por parte de las autoridades de ambos países.
