El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, bautizada popularmente como ‘Ley Antipillos’, después de que la semana pasada el proyecto legislativo fuese archivado por la Asamblea Nacional al considerar que se iba a traducir en más impuestos a la ciudadanía.
La ‘Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos’ fue emitida por Noboa y enviada para su correspondiente publicación en el Registro Oficial (boletín oficial de leyes del Estado), pese a que el pleno del Legislativo la había rechazado por amplia mayoría el pasado 27 de noviembre.
Antes de que Noboa resolviera enviarla al Registro Oficial, el Gobierno aseguró que la norma legislativa establece que un proyecto legal calificado como urgente en materia económica, como en este caso, puede ser archivado solo en un segundo debate del pleno de la Asamblea, instancia a la que no llegó.
«En un acto sin precedentes en nuestra democracia, el Presidente de la República ha promulgado, por decreto ley, el Proyecto Urgente en Materia Económica para la Mejora Recaudatoria, a través del Combate al Lavado de Activos, el cual fue expresamente negado y archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional, en estricto cumplimiento del artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador», declaró el Legislativo horas después.
«Dicho artículo establece que los proyectos calificados como económicos urgentes sigan el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos; y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en primer debate, como ha ocurrido con 52 proyectos de ley ordinarios, desde el año 2014», acotó la Asamblea.
Posteriormente, el Legislativo señaló que si el Gobierno tenía alguna duda sobre el archivo de la ley urgente, tuvo que haber activado mecanismos constitucionales, y exhortó al Registro Oficial a no publicar la ley, que consideró, afecta la economía de todos los ecuatorianos al imponer un impuesto a la venta de vehículos usados.
Proyecto «urgente»
El proyecto de ley había sido presentado por el Gobierno el pasado 7 de noviembre con el objetivo de que fuese tratado por la Asamblea como urgente en materia económica.
Al anunciar esta iniciativa, el Ejecutivo indicó que el texto planteaba acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional.
La propuesta legislativa del gobernante incluía regulaciones de control y reformas institucionales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe).
El proyecto fue archivado por el Legislativo con los votos del correísmo, el movimiento de centroderecha Construye y Partido Social Cristiano (PSC), entre otras formaciones.