«Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que, al menos, un proceso de este tipo requiere», afirmó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de conocer la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de archivar las solicitudes de juicio político en su contra.
Al referirse a las motivaciones políticas que, según ella, buscaron perjudicar su gestión, dijo que «lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos juicios».
Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, perteneciente a Revolución Ciudadana, la formación política liderada por el expresidente Rafael Correa.
Salazar destacó que, durante su gestión, se ha enfocado en brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, y afirmó que la decisión del Pleno refleja el respaldo del pueblo ecuatoriano, que, según ella, está cansado de la corrupción y la delincuencia organizada.
Asimismo, consideró que es importante respetar la representación de la máxima voluntad popular, «sobre el deseo particular de un grupo político que, únicamente, busca impunidad».
Revolución Ciudadana tuvo solo 45 votos
Previo a la votación, el legislador socialcristiano Otto Vera, durante el debate, recordó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tenía hasta este lunes para sustentar la causa, pero dijo que ese plazo no se cumplió, por lo que solicitó que se archivaran las causas contra la fiscal.
El legislador recordó que el CAL, el 4 de septiembre de 2024, dispuso que la Comisión de Fiscalización retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político. Además, resolvió que previo a la calificación de los juicios resuelva la acumulación de tales solicitudes.
Vera recordó lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: “La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud”, es decir hasta las 24h00 del 9 de septiembre de 2024, pero las decisiones de la Comisión se tomaron fuera del plazo.
El movimiento Revolución Ciudadana, que impulsó el juicio de censura contra Salazar, tuvo solo 45 votos de respaldo en el pleno.
Salazar ha investigado varios procesos por corrupción durante la administración de Rafael Correa, quien fue condenado a ocho años de prisión en el caso conocido como ‘Sobornos’.
