Andrés Chávez fue bautizado como El Tóxico por Mayra Salazar cuando conversaban para remodelar un salón de la Corte Provincial del Guayas, como parte de un aparente favor al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Mayra Salazar mantuvo contacto con Andrés Chávez, entonces asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para concretar el pago solicitado por Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, al comandante de esa entidad militar para otorgarle una acción de protección, según la teoría del caso Purga.
Aquel favor sería retribuido con la remodelación del piso del salón de presidente de la Corte. Los mensajes enviados y llamadas realizadas entre ellos para conocer cómo avanzaba el proceso, casi a diario, hizo que Salazar bautizara como “El Tóxico” a Chávez.
“Hubo muchas conversaciones de coordinación. Para ello, Fabiola Gallardo me pidió que me contactara con Andrés Chávez. Fuimos a escoger los materiales. La evidencia de esto está en los chats con fotografías que envié a Fabiola Gallardo para que escogiera”, dijo Salazar en su testimonio anticipado.
Los diálogos, en efecto, constan en uno de los cuerpos del expediente del caso Purga. El contacto de Chávez fue registrado en el celular de Mayra como Andrés Militares, y decía que era el designado por los “amigos verdes” para hacer el negocio. Por eso, Chávez es una de las 13 personas que la Fiscalía pidió vincular también a la causa, y el miércoles pasado, el juez le dictó prisión preventiva.
Pero este no es el único caso por el que es investigado. Andrés Chávez es uno de los 22 funcionarios públicos a los que el gobierno llamó saboteadores en abril, y a los que denunció en Fiscalía por el delito de paralización del servicio público.
Los acusó de ocultar información sobre la realidad de la situación del sistema eléctrico nacional. En la lista de denunciados, Chávez constaba como asesor de la directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Energía (Arcennr).
Antes trabajó también en el Consejo Nacional de Electricidad. Como ese caso está en etapa de indagación previa, el Ministerio Público mantiene en reserva los indicios hallados en contra de los involucrados.
