La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional analizó el patrimonio de 251 alcaldes y prefectos y aprobó un informe de fiscalización que identifica a 95 autoridades con alertas por posibles incrementos patrimoniales injustificados.
Según el documento, 41 funcionarios registran alerta roja y 54 alerta naranja, por lo que la comisión recomendó remitir la información a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que realicen las investigaciones correspondientes.
El informe fue aprobado con siete votos a favor, de legisladores de ADN y sus aliados, y tres votos en contra de la bancada de la Revolución Ciudadana.
Durante el debate, el asambleísta Xavier Lasso cuestionó que se expongan los nombres de las autoridades antes de que el Pleno de la Asamblea conozca el documento, al considerar que esto podría generar juicios anticipados.
Por otra parte, 90 autoridades obtuvieron semáforo verde, al no evidenciarse mayores diferencias entre sus ingresos y patrimonio, mientras que otras 66 no presentaron novedades.
La investigación legislativa se inició a partir de una publicación periodística. Si el Pleno de la Asamblea acoge las recomendaciones, la Fiscalía podría iniciar investigaciones por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos y testaferrismo.
La identificación de alertas no constituye por sí sola una prueba de delito ni determina la responsabilidad penal de los funcionarios señalados.
