Con miras a reducir el déficit estatal y aumentar la eficacia dentro del sector público, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este jueves que seis ministerios se fusionen a otros, reduciendo el número de carteras de Estado de veinte a catorce.
La disolución de esas instituciones gubernamentales se llevará a cabo en el marco de la desvinculación de cinco mil funcionarios públicos del Ejecutivo, también revelada por la portavoz del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo.
La vocera de la Presidencia aclaró que médicos, profesores, maestros, policías, militares y personas de grupos vulnerables no se verán afectados por la reestructuración. Además, precisó que esta obedece a un proceso de análisis ejecutado sobre cada entidad.
«Las desvinculaciones tienen objetivos que están basados en criterios de eficiencia. El Gobierno nacional se ha planteado como meta tener un Estado eficiente, que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos, de calidad», declaró Jaramillo.
Posibles protestas en las calles
Las fusiones dentro del gabinete ministerial fueron decretadas horas después de que el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), junto a varias organizaciones sindicales, anunció varias movilizaciones en rechazo a la Ley de Integridad Pública que se realizarán en los próximos días.
Un mecanismo de evaluación para los empleados públicos que podía derivar en destituciones, consolidado cuando el reglamento del conjunto de medidas fue suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, este martes, desató un marcado rechazo por parte del FUT.
Este jueves, antes de que se anunciara la fusión de ministerios, incluso se llevó a cabo un plantón de trabajadores municipales frente al Ministerio del trabajo de Quito, en contra de la Ley de Integridad Pública.
El presidente de ese sindicato, Edwin Bedoya, sostuvo que se vislumbra una crisis impulsada por las «recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI)», al mencionar una posible eliminación de la inversión social, reducción de indemnizaciones en el sector público, achicamiento del Estado, congelación de salarios y un deterioro de las pensiones de los jubilados.
“Hoy les ha tocado a los servidores públicos, pero esto no se queda ahí. Esto significa un golpe, ese es el recetario que tiene el FMI”, agregó Bedoya, refiriendo nuevamente a la institución financiera internacional con la que la Administración de Daniel Noboa firmó un programa crediticio de 5.000 millones de dólares.
En la rueda de prensa, al ser cuestionada sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la posibilidad de que se desaten protestas multitudinarias motivadas por el nuevo recorte estatal, Jaramillo dijo lo siguiente:
Ellos están en total libertad de manifestarse de forma pacífica. Pueden hacerlo. Están en total derecho de hacerlo sin ningún problema. No hay ninguna preocupación al respecto. Las desvinculaciones se harán cumpliendo todo lo que está en la norma y en la Constitución.
