El mandatario sugiere un modelo de autofinanciamiento para evitar dependencia del Estado, generando un debate nacional.
Cinco claves para entender la reforma que busca retirar el financiamiento público a las organizaciones políticas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció este viernes 24 de enero a favor de eliminar la deuda política, el mecanismo de financiamiento público a los partidos políticos, que actualmente está respaldado por la Constitución y la Ley de Partidos Políticos.
“Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador”, expresó Bukele a través de la plataforma X. El mandatario sugirió que los partidos políticos podrían financiarse de manera independiente, tal como lo hizo en 2019 durante su campaña presidencial bajo la bandera de GANA. “¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, añadió.
Contrastes en el oficialismo
Esta postura contrasta con la opinión de Ernesto Castro, líder de la Asamblea Legislativa y miembro del oficialista partido Nuevas Ideas, quien señaló el miércoles que la financiación pública está legalmente establecida y plantea interrogantes en caso de eliminarse.
“¿Quiénes van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que los narcos o fuerzas oscuras lo harán? ¿Quién los auditará si no son fondos del Estado?”, cuestionó Castro.
Oposición a la propuesta
Por su parte, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, defendió la deuda política como una medida para evitar que el narcotráfico y el crimen organizado financien la política, como en el caso de Guatemala.
“La deuda política es importante porque asegura que los partidos mantengan libertad e independencia y evita la influencia de intereses oscuros”, destacó Flores.
Normativa legal
La Constitución salvadoreña y la Ley de Partidos Políticos garantizan la entrega de fondos públicos a los partidos, asignando una suma por cada voto válido obtenido en las elecciones. Estos recursos se destinan principalmente a financiar campañas políticas.
La propuesta de Bukele abre un intenso debate sobre la viabilidad de eliminar este mecanismo de financiamiento y sus posibles implicaciones para la transparencia y autonomía del sistema político salvadoreño.
