El proyecto de Ley de Integridad Pública sancionaría hasta con 13 años de prisión a jueces y fiscales corruptos. El proyecto denominado Ley de Integridad Pública plantea un endurecimiento significativo de las penas para jueces, fiscales y abogados que incurran en actos de corrupción o que violen la ley en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa propone ampliar el alcance del delito de prevaricato y aumentar sustancialmente las sanciones, incluyendo la inhabilitación de por vida para el ejercicio profesional.
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que solo los jueces y árbitros pueden cometer prevaricato, es decir, dictar fallos contrarios a la ley expresa en perjuicio de una de las partes. Sin embargo, el proyecto busca incluir también a los fiscales dentro de este tipo penal, y aumentar la pena privativa de libertad de los actuales tres a cinco años a un rango de siete a diez años. Las sanciones serán aún más severas si se comprueba que el prevaricato benefició a integrantes de grupos de delincuencia organizada o si el hecho ocurrió en el marco del conflicto armado interno declarado por el Gobierno en 2024. En estos casos, la pena podrá oscilar entre diez y trece años de prisión.
La propuesta también modifica el tratamiento del prevaricato en el caso de abogados, quienes ya están incluidos en el artículo 269 del COIP. Este señala que comete prevaricato el abogado que revele secretos de su defendido o cambie de bando en un juicio. Hoy, estos actos se castigan con hasta tres años de prisión, pero el nuevo proyecto establece, además, la inhabilitación de por vida para ejercer la abogacía.
Finalmente, el proyecto establece nuevas obligaciones para servidores públicos que tengan conocimiento de un delito y no lo denuncien. De ser encontrados culpables, enfrentarán penas de hasta dos años de cárcel y, una vez cumplida la condena, no podrán ejercer su profesión por un periodo igual al tiempo de reclusión.
