La Ley de Integridad Pública, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, determina que ese proceso -para que ciertas cooperativas se conviertan en bancos- se concretará con base a un análisis de interconexión y riesgo sistémico.
Que las cooperativas más grandes pasen a ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SB), es una de las grandes polémicas que encierra la Ley de Integridad Pública, que fue aprobada el 24 de junio de 2025.
Esta polémica disposición ya enfrenta una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
Este gremio plantea que “reemplazar la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional, es inaceptable y rompe con los principios rectores de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”.
¿De dónde salió esta medida adoptada en la Ley de Integridad Pública? En el Programa de Evaluación del Sector Financiero con Ecuador, de agosto de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace esta recomendación a las autoridades del Gobierno.
En el documento, el Fondo señala que “considerando que el funcionamiento y los modelos de negocio de las cooperativas de crédito más grandes son más cercanos a los bancos que los de las demás cooperativas, las autoridades podrían considerar transferir la supervisión de las cooperativas más grandes a la SB”.
De acuerdo con el FMI, esta transferencia “podría mejorar la eficiencia y la eficacia de la supervisión” al agrupar bajo la misma superintendencia a las instituciones financieras que requieren un enfoque de supervisión similar.
De hecho, la falta de control no permite “obtener una visión integral de su perfil de riesgo” de las cooperativas, especialmente de las más grandes, dijo el FMI.
Cooperativas y bancos
El análisis ¿Qué cooperativas se transformarán en bancos?, del economista Fernando Jurado Grijalva, señala que, por el tamaño de sus activos, seis cooperativas del segmento 1 entrarían a formar parte de los bancos medianos del país si se analiza el nivel de activos, mientras que nueve entidades de la economía popular y solidaria serían parte de la lista de los “bancos pequeños” de Ecuador.
En la lista de cooperativas que entrarían a formar parte de los bancos medianos estaría la JEP, que actualmente es la cooperativas más grande del país con activos totales que superar los USD 3.493,1 millones, con corte a diciembre de 2024.
También entrarían las cooperativas Jardín Azuayo, Policía Nacional, Alianza del Valle, 29 de Octubre, según el análisis económico.
Según el análisis, la JEP, Jardín Azuayo y Policía Nacional, por ser cooperativas muy grandes, podrían “considerarse cooperativas sistémicas dentro del segmento 1”.
En el Segmento 1 están las cooperativas con un nivel de activos superiores a USD 80 millones.
Radio Pichincha habló con economistas relacionado con los bancos privados, quienes señalaron que, bajo las condiciones actuales, las grandes cooperativas podrían representar riesgo para todo el sistema financiero, por lo ven con “buenos ojos” que haya una misma regulación.
¿Qué significa que las cooperativas sean riesgosas para el sistema financiero?
Los economistas consultados, quienes prefirieron no ser identificados, señalaron que ahora mismo, destacaron los principales problemas entre el control a cooperativas y bancos:
Las cooperativas tienen normas más laxas que los bancos, por ejemplo, el nivel de cobertura del encaje es más bajo (porcentaje de los depósitos que las entidades financieras deben mantener como reserva en el Banco Central, y que no pueden prestar).
Además, las cooperativas de ahorro y crédito no tienen la obligación de comprar títulos (bonos-papeles), mientras que los bancos sí están obligados a hacerlo.
Las cooperativas tampoco cumplen con provisiones y la mora es muy alta, en comparación con los bancos.
De hecho, la morosidad en las cooperativas es del 8,33% a mayo de 2025, según Datalab de la Asociación de Bancos Privados. Eso significa que de cada USD 100 que prestan las cooperativas, más de USD 8 están en mora.
Mientras tanto, los bancos tenían una morosidad que alcanzaba los 3,27% a mayo de 2025.
Eso significa que la morosidad de las cooperativas es más alta que la de los bancos, en 5,06 puntos porcentuales.
“Eso hace que las cooperativas generen pérdidas y podría desembocar en el cierre de alguna de ellas”, señala un economista.
Y el riesgo se podría dar porque -al existir morosidad, falta de control y otros elementos descritos- “estas cooperativas infecten a otras cooperativas y bancos, debido a que existen inversiones entre entidades financieras”, puntualizó un economista vinculado desde hace 12 años a un banco guayaquileño.
Incluso, estos problemas fueron identificados por el FMI, en uno de sus últimos exámenes a Ecuador.
Allí se señala que el desempeño de los bancos y cooperativas es diferente, pues, estas últimas acumulan un mayor número de préstamos en mora y un nivel de provisiones y rentabilidad inferior, debido a su mayor exposición a los segmentos de microcréditos y consumidores.
¿Qué dice la Ley de Integridad Pública?
La reforma propone que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (creada nuevamente en esta ley) sea la que emita las regulaciones necesarias para identificar a las cooperativas que deberán pasar a ser sociedades anónimas del sector financiero privado.
Esto deberá cumplirse en este año.
Días atrás, Edgar Peñaherrera, presidente de Asofipse, señaló que “no se puede pretender que organizaciones creadas bajo principios cooperativos se transformen en sociedades de capital con fines de lucro, como los bancos, deslegitimando el derecho de libre asociación y atentando contra el modelo económico solidario que sustenta nuestro sistema”.
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